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Desplazamiento-forzadoLos pobladores del condominio San Valentín y el caserío El Chumpe se caracterizan por sus deseos de superación a pesar de los problemas de inseguridad que los aquejan diariamente.

En el 2015 ambas comunidades fueron testigos de cómo niños, ancianos, mujeres y hombres tuvieron que dejar sus casas por las amenazas de estructuras delincuenciales.

En el condominio San Valentín de Mejicanos al menos 16 familias abandonaron el lugar tras ser amenazadas de muerte. A un año del éxodo, el condominio ha vuelto a ser habitado, no solo por los antiguos inquilinos sino también por nuevos.

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Ser obligados a dejar aquel lugar y marcharse a vivir temporalmente con algún familiar no fue una experiencia fácil. Así lo relata un joven que ha decidido reiniciar su vida en la misma casa que abandonó hace 12 meses y que accede a hablar tras convencerle de que su nombre no será publicado.

“No crea, vivir en otro lugar es bien complicado. No teníamos a dónde ir y un familiar en el oriente del país nos dio posada. Al estar allá preferíamos no salir de su casa por temor a las pandillas”, continúa relatando tras asegurarse que nadie transita por el pasaje mientras habla del tema.

La puerta sobre la calle principal del condominio ya no permanece abierta como antes; los inquilinos mantienen sus precauciones; toda persona que ingresa tiene que ser un conocido o un familiar del habitante.

Este joven cuenta que cuando su familia fue obligada a dejar el condominio no solo tuvo que decir adiós a sus vecinos, sino también despedirse de sus estudios de forma indefinida.

“Al irnos por las amenazas ya no fue posible ir a estudiar. La documentación tuvo que ser retirada y el año escolar quedó como aplazado. Regresamos hace poco a vivir nuevamente aquí por varias razones. Este año retomamos los estudios”, cuenta.

El resto de pobladores de ese condominio opina que el trabajo policial en el lugar ha sido contradictorio. Señalan que hubo presencia permanente de agentes mientras las casas quedaron abandonadas; pero, al comenzar a retornar, los policías se retiraron.

Por su parte, personal de la delegación de Mejicanos se defiende al sostener que aunque ya no hay agentes custodiando, se están desarrollando patrullajes constantes por la zona.

Los inquilinos del condominio no son los únicos que sienten el abandono de las autoridades. El 4 de noviembre del año pasado al menos ocho familias huyeron del caserío El Chumpe en el municipio de Huizúcar, departamento de La Libertad.

Al recorrer la zona tras varios meses del  éxodo, los pobladores responden cordialmente al saludarlos con un “buenos días”, pero, guardan silencio al percatarse que el motivo real de la visita es conocer cómo ha evolucionado la seguridad. El recorrido permite comprobar que las casas que fueron abandonadas todavía están en la misma condición.

Los grafitis de la pandilla que causó las amenazas contra las familias esta vez lucen manchados; al parecer, la zona ha comenzado a ser disputada por otra estructura delincuencial. La tranquilidad del lugar, donde los pobladores tienen que caminar unos tres kilómetros desde el punto de buses de la ruta 150 hacia sus casas, solo es interrumpida por el ruido del motor de una motocicleta en la cual viajan dos sujetos.

La ropa, los zapatos y el corte de cabello los delata,  son miembros de pandillas. Los sujetos solo se limitan a observar la zona, a los pobladores y luego se marchan. Tras este merodeo sospechoso, el silencio retorna al caserío.

 

Causas-desplazamiento-forzadoProblema no reconocido

El temor por el accionar de los grupos al margen de la ley no es el único sentimiento que comparten los pobladores del condominio San Valentín y del caserío El Chumpe. También resienten que el Estado no haya diseñado un plan que contemple la creación de albergues donde no solo se les brinde un resguardo temporal sino también donde sus heridas emocionales sean atendidas por psicólogos.

Lo que los pobladores aún desconocen es que sí hay recomendaciones para atender este tipo de emergencias y que están contenidas en los numerales 106 y 111 del eje “Atención  y protección de víctimas” de un plan bautizado como el “Plan El Salvador Seguro”. Dicho plan cumple este mes de enero, un año de haber sido entregado al gobierno.

Lo que los pobladores también siguen desconociendo es que a pesar de las recomendaciones brindadas en el plan, el Estado todavía no reconoce la gravedad del desplazamiento forzado vinculado a hechos delictivos como homicidios y amenazas perpetrados por las maras, las pandillas y el crimen organizado.

Y es que el Estado también sigue ignorando las exigencias que ha hecho David Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acerca de la necesidad de crear un registro que identifique los lugares y el número de víctimas que está dejando este fenómeno social. Sostiene que la cuantificación generará que este problema social deje de ser subestimado por el Estado.

“Primero debemos tener información fidedigna del problema para proyectar acciones o medidas a tomar. Si el Estado no reconoce el desplazamiento forzado no va a realizar acciones de auxilio a las víctimas”, enfatiza Morales.

A las críticas del procurador se suman las de Celia Morales, integrante de la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado. Critica que las dos propuestas del plan aún no sean discutidas.

 

Dos recomendaciones sin cumplir

El Plan El Salvador Seguro fue creado por organizaciones de la sociedad civil que hicieron una serie de recomendaciones al gobierno en materia de seguridad.

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Falta de financiamiento

El desplazamiento forzado no solo es una materia reprobada por el Estado por su falta de reconocimiento, sino también por estar desfinanciado. Según Nelson Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la carencia de recursos está regenerando que no exista una atención urgente de las víctimas. Pero, ¿de dónde deberían provenir los fondos para crear las políticas o proyectos de apoyo y refugio para las víctimas de desplazamiento forzado?

El pasado 28 de octubre los diputados acordaron gravar con un 5 % las facturas telefónicas, de cable y de internet. Sostuvieron que los recursos serían destinados para financiar el Plan El Salvador Seguro. Posteriormente, el Ejecutivo indicó que los recursos servirían para entregar un bono a policías, soldados y agentes penitenciaros por el trabajo de seguridad que brinda. Sin embargo, no ha informado cómo subsanará la crisis provocada por el desplazamiento forzado.

Más de tres meses después de aprobarse  ese impuesto, el dinero no ha terminado de ser recaudado, tampoco ha comenzado a ser distribuido a los encargados de brindar seguridad , mientras que la atención material y emocional de las víctimas sigue desplazada.

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