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Editorial & Opinion

El ejercicio de la abogacía

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, El Salvador / Autor: José Ernesto Criollo Pacas. Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, fundador del IIDC. Extracto de conferencia en la IV Convención Nacional de Abogados. Noviembre de 1993.

viernes 26, enero 2018 - 12:00 am

En Grecia y Roma llegó la abogacía a su esplendor y la oratoria forense fue título de gran valía para conquistar honores y primeros puestos en lo social como en lo político. Pero, desde siempre, la pureza de origen y costumbre acompañó esta actividad. No se admitió como abogados a esclavos, ni desertores ni prófugos del servicio de las armas. Abogar era un privilegio de ciudadanos ejemplares, de caballeros. Se cuenta que uno de los grandes de la oratoria forense griega, Isócrates, fue condenado y excluido de la abogacía por prevaricato: había revelado a un contrario los medios de su defensa.

Justino constituyó la Orden de los Abogados, quienes debían cumplir rigurosos requisitos, entre ellos: tener 17 años como edad mínima; aprobación de un examen de jurisprudencia; acreditar buena reputación; comprometerse a defender a quien el Pretor, en caso de necesidad, les designase; no abandonar la defensa una vez aceptada.

El abogado, por su propia profesión, está obligado a cumplir variadas tareas. Una de ellas, la que constituye su quehacer principal, está enmarcada en la consecución de la justicia. “El fin de la actividad del abogado es realizar la justicia por medio del Derecho”. Siguiendo a Campilio Sáinz decimos “La justicia es armonía de las partes del alma y de los componentes de la sociedad”. Ulpiano la definió como la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. La fórmula de Ulpiano se  ha venido enriqueciendo con el tiempo y adquiere cada vez mayores y más ricos significados.

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Cada profesional del Derecho debe esforzarse por la realización de la justicia: el juez, ejerciendo la función jurisdiccional con honestidad, imparcialidad, independencia y libertad; el litigante, defendiendo diligentemente, con probidad y apego estricto a las normas morales, los derechos de sus clientes; los asesores, orientando a sus solicitantes, públicos o privados, con sus consejos, fruto de la meditación y el estudio reposado, logrados con criterio independiente y libre, sin presiones morales, económicas, políticas o profesionales.

El abogado no agota sus tareas o misión en el bufete ni en el Foro. Vive en plena sociedad y para la sociedad. Por ello es responsable y profesionalmente ante ella, no menos que ante los clientes, los tribunales o el Derecho.


Al abogado hay que exigirle más, porque su misión no se agota en el ejercicio profesional, sino que trasciende a la conducta. Su vida privada deberá ser honorable. Debe recordar que, con el mismo título de Magistrado, soporta una responsabilidad moral colectiva.

La abogacía es profesión de confianza, en el mismo grado que algunas otras, como la enseñanza, la medicina y la dirección espiritual.

Ángel Ossorio y Gallardo afirmó: “Hacer justicia o pedirla, cuando se procede de buena fe, es lo mismo, constituye la obra más íntima, más espiritual, mas inefable del hombre”.

La sociedad respetará al abogado si por sus cualidades personales se hace digno de que se confíe en él. El crédito profesional viene en segundo término. En el abogado decía Ossorio y Gallardo, “la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro del conocimiento. Primero es ser humano; luego ser firme; después ser prudente; la ilustración viene en cuarto lugar,  la pericia, en el último”.

La obligación social del abogado es ir delante, servir más, dar con magnánima liberalidad su saber, su tiempo, su trabajo. No debiera haber profesión más generosa para dar. El abogado debe actuar con toda esa variedad de instituciones. Verdaderas fuerzas colectivas que forman la realidad de la vida, desde las fundaciones benéficas hasta las instituciones culturales. Todas necesitan dirección. Y el abogado no debe desertar de esos puestos honoríficos, en que sus hábitos de verdad, legalidad,  sencillez y orden pueden ser de notoria eficiencia.

El abogado también está obligado a aportar a la sociedad formación jurídica, enseñar el Derecho y respeto al Derecho en todas las relaciones particulares. El analfabetismo jurídico que tenemos que combatir, es el desprecio, el desconocimiento, la burla de la ley, siempre.




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