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Editorial & Opinion

El elefante en la Sala

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi

jueves 26, julio 2018 - 12:00 am

Nuestra sociedad se enfrenta a problemas como pobreza, desigualdad, inseguridad, migración, desempleo, sequías, corrupción; dificultades que cada día se intensifican más, en detrimento de las condiciones de vida de las personas. En el actual período electoral abundan los discursos con promesas de romper con la tendencia, resolver los problemas y mejorar el bienestar de la población salvadoreña. La creatividad de los actores políticos para demostrar su compromiso con las personas es admirable, hasta que se presta atención a los detalles y se descubre que, hasta el momento, solo han ignorado y postergado la discusión sobre un aspecto fundamental en toda sociedad: la forma en que se relacionan el Estado y la ciudadanía mediante la política fiscal y cómo esto afecta las posibilidades de desarrollo.

Esto resulta crucial, especialmente en un contexto de crisis fiscal, en la que el gasto público es insuficiente para aspirar al desarrollo, los ingresos públicos son bajos y se recaudan inequitativamente, la deuda pública es insostenible y la cultura de la opacidad  deslegitima el quehacer público. Si esta cuestión no es abordada, muchas, sino es que todas las promesas de campaña de los partidos políticos serán solo palabras vacías. A pesar de ello, hasta el momento, ningún partido ha sido capaz de presentar propuestas serias, técnicas y concretas para resolver el problema de la política fiscal salvadoreña. Y lo que resulta aún más preocupante es que hay partidos políticos que ni siquiera están interesados en dialogar sobre el tema.

El pasado miércoles 18 de julio, el  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) llevó a cabo el foro político «En la búsqueda de un acuerdo fiscal integral para El Salvador». El propósito del mismo era presentar públicamente el documento «Por un acuerdo fiscal justo, transparente e incluyente. Una propuesta de diálogo para El Salvador» y entregarle dicha propuesta a los representantes de los diversos partidos políticos.

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La invitación a participar en la actividad fue atendida únicamente por cuatro partidos: ARENA, Cambio Democrático, FMLN, y el partido en formación Nuevas Ideas, cuyos representantes saludaron la iniciativa y manifestaron su disposición a continuar dialogando para alcanzar un acuerdo fiscal de beneficio para la población salvadoreña, esperemos que sea cierto.

El resto de partidos: PCN, PDC, GANA y VAMOS, no atendieron la invitación al foro. Ojalá que esto no sea indicador de una falta de interés en la problemática fiscal salvadoreña, especialmente si se considera que todos estos partidos pretenden participar en los comicios presidenciales del próximo año.


La propuesta entregada a los partidos políticos busca ser un insumo para la discusión de un acuerdo fiscal integral en El Salvador, que constituya una agenda de corto (dos años), mediano (cinco años) y largo (los siguientes diez años) plazos en las áreas de transparencia, gastos, ingresos y deuda pública, que busque redimir el rol de la política fiscal como instrumento de desarrollo y como concreción de un contrato social basado en la justicia y la equidad.

La intención de entregar la propuesta a los institutos políticos es reconocer el carácter político de un acuerdo de esta naturaleza; sin embargo, para que sea exitoso  es indispensable que se base en argumentos técnicos y que en su discusión se garantice la participación de expresiones diversas de la sociedad civil. Asimismo, la comunidad internacional, las iglesias, y otros grupos representativos de la sociedad pueden jugar el rol de mediadores para que el proceso sea exitoso.

La legitimidad del acuerdo dependerá de quienes sean los actores que participen y de la realización de un proceso transparente cuyas discusiones sean del conocimiento de toda la ciudadanía.

La situación fiscal del país es compleja y no puede seguir siendo como la metáfora del elefante en medio de la sala, evidente pero ignorado por todos. El costo de hacerlo es muy alto y va más allá de promesas electorales sin cumplir, implica abandonar el sentido mismo de la existencia del Estado salvadoreño y de la vida en sociedad: la garantía del bienestar de todas las personas.




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