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OPINIONUna de las etapas del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que se tramita en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para autorizar alguna actividad, obra o proyecto, es la consulta pública, en la cual todas aquellas personas que se consideren interesadas pueden intervenir. Desde esta perspectiva, lo que las mismas manifiesten debe ser tomado en consideración por la autoridad que adopte la decisión. Posteriormente, deberá hacerles saber la resolución administrativa por medio de la cual deniegue o autorice la actividad.

Constituye entonces una obligación ineludible conferir a los habitantes la facultad de intervenir en los procedimientos en los que se adopte la decisión de autorizar un proyecto de impacto significativo en el medio ambiente y la salud pública; que sean tomadas en cuenta sus opiniones y que se les notifique lo resuelto. No obstante, en la Ley del Medio Ambiente y en el Reglamento General que la desarrolla, no aparece de forma clara y expresa la obligación de notificar lo resuelto. En el artículo 25 de la ley mencionada, se describen –en esencia– las formas de cómo se debe realizar tal consulta, y que las opiniones  emitidas por el público sobre el estudio de impacto ambiental, deberán ser ponderadas por el ministerio.

En virtud de lo anterior, existen algunos ejemplos en los cuales dicha autoridad no concedió a los terceros interesados una real participación. La Sala de lo Constitucional ha conocido de pretensiones cuyo agravio ha consistido en la ausencia de notificación de resoluciones adoptadas en el referido procedimiento. Vivo ejemplo de ello es el Proceso de Amparo de referencia 163-2007, en el que la Rectora y Apoderado General Judicial de la Universidad Nacional de El Salvador (UES), manifestaron que luego de aparecer en un periódico de circulación nacional la tercera publicación que la ley ordena acerca de la edificación de un proyecto turístico, presentaron oposición el día siete de marzo de dos mil seis, dentro del plazo que la Ley mencionada señala, en donde advirtió a la Cartera de Estado responsable sobre las consecuencias de la pretendida obra turística a implementarse en un arrecife de coral; sin embargo, nunca se recibió respuesta de su oposición. Consideraron entonces que su derecho al debido proceso administrativo y el derecho a gozar de un ambiente habían sido violentados. La Sala en efecto determinó que no se había contestado las observaciones y mucho menos se les había hecho saber el permiso finalmente concedido a la empresa solicitante.

Lo anterior hace inferir que aunque las obligaciones mencionadas no estén expresamente previstas en el texto de la Ley del Medio Ambiente, por aplicación directa del artículo 11 de la Constitución de la República, todos tienen el derecho a que se les respete formal y sustancialmente sus derechos de audiencia y de defensa.

En el Proceso de Amparo de referencia 188-2009 se emitió sentencia el día veintidós de junio de dos mil doce, en el que la Sala se pronunció respecto de la obligación que tiene el referido ministerio para que previo a emitir la providencia de otorgamiento de permiso ambiental, notifique oportunamente a los interesados todas las resoluciones emitidas en el transcurso del procedimiento de evaluación ambiental, a efecto de que éstos tengan la posibilidad de intervenir y oponerse a un eventual otorgamiento del permiso.

Y es que cuando el art. 26 de la Ley del Medio Ambiente establece la posibilidad de impugnar la resolución emitida sobre un estudio de impacto ambiental, no limita su alcance a las personas que hayan presentado dicho estudio y solicitado un determinado permiso. Es decir, tal disposición debe ser aplicable para el caso de aquellas personas que hayan manifestado expresamente su interés y oposición al otorgamiento de dicho permiso por considerarse afectadas.

Atendiendo al enfoque constitucional de la consulta pública, se podrá concluir que realmente se da cumplimiento al principio de participación ciudadana, establecido como fruto de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año de mil novecientos noventa y dos.

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