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Buenos Días

El episodio de las promotoras no es caso aislado

Álvaro Cruz Rojas / Editor Jefe

Viernes 19, Mayo 2017 - 12:00 am

Hace una semana conocimos el dramático caso de cuatro promotoras de salud que fueron amenazadas y agredidas sexualmente por un grupo de pandilleros menores de edad. El país se conmovió e indignó con lo sucedido, aparentemente mucho más que las mismas autoridades.

Desafortunadamente, no es un caso aislado. Empleados de todas las entidades estatales y de las empresas privadas que prestan servicios en zonas controladas por las pandillas, tienen que afrontar situaciones similares o peores. Recordemos el caso de San Juan Opico, donde obreros contratados por una empresa eléctrica, fueron asesinados por pandilleros.

Trabajadores de empresas de cable, de distribuidoras de electricidad, empleados de ANDA o distribuidores de productos de primera necesidad o de agua purificada, chucherías o gaseosas, todos conocen lo que tienen que sufrir para poder trabajar en zonas de pandillas, donde no existe control territorial alguno de agentes del Estado y tampoco hay detenciones de delincuentes que cometen esos desmanes.

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Un ejecutivo de una compañía de cable me comentaba hace unos meses que los jefes de pandillas de un determinado sector del sur de la capital, incluso obligaron a los empleados a instalarle el mejor de los sistemas en su vivienda, para poderles autorizar la instalación a los clientes legítimos de la zona.

Hay municipios del área metropolitana -incluyendo algunos de esos “libres de violencia”- que cualquier empleado estatal es interrogado, intimidado y hostigado si pretende ejercer su labor de servicio público.


Hace tiempo que se habla de que la guerra contra las pandillas solo se ganará en el momento que se logre que el Estado ejerza el control territorial en todo el país, pero en la teoría así es, en la práctica ninguna medida extraordinaria ha sido capaz de eso y los empleados estatales y privados lo saben.




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