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Editorial & Opinion

El estado constitucional democrático de derecho

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Doctor Alfredo Martínez Moreno Miembro honorario del IIDC. Párrafos del discurso en homenaje del Banco Industrial, del 24 de julio de 2014.

viernes 12, enero 2018 - 12:00 am

La crisis moral, cívica y política, que desgraciadamente afecta a nuestra República en la actualidad, tan complicada por la variedad de factores profundos que inciden en ella, podría acaso superarse, lenta pero decididamente, mediante la consolidación de un verdadero Estado Constitucional y Democrático de Derecho, acompañado de una vigorosa educación cívica y de una sólida formación ética, que ennoblezcan la conciencia ciudadana.

Estimamos que un Estado de Derecho es aquel que existe cuando el ejercicio del poder está fundamentado y sujeto a normas legales inviolables; pero como lúcidamente afirma el tratadista argentino Agustín Gordillo, “ya no basta que la Administración esté sometida a la ley, sino que también es necesario que la ley esté sometida a la Constitución, que haya un orden jurídico superior al del legislador” y que la justicia constitucional haya adquirido una enorme importancia, pues de simple defensora de la Constitución tiene que haber pasado a ser una institución encargada de la interpretación más elevada y, por consiguiente, “haber contribuido al desarrollo y evolución del Derecho”.

Los autores coinciden en sostener que un Estado de Derecho exige legitimidad en cuanto al sistema de integración de los órganos supremos del Estado, de los centros básicos que detentan el poder, y que todas las actuaciones públicas deben estar basadas en un orden preestablecido de normas, en el que las de mayor jerarquía sean las de rango constitucional.

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Para que en verdad exista un ejemplar Estado de Derecho, los tratadistas unánimemente afirman que tal régimen debe contener un número sustancial de condiciones formales, que cada uno de ellos menciona parcialmente, pero que nosotros hemos recogido los más significativos de toda la doctrina. Tales requisitos indispensables son los siguientes: 1) La existencia de una Carta Suprema que garantice los derechos ciudadanos básicos y las líneas medulares del sistema político; 2) la integración democrática a dicho sistema; 3) el principio de legalidad y el sometimiento de la Administración a las normas legales, y principalmente, a la supremacía jerárquica de la Constitución; 4) la separación efectiva de los Poderes del Estado; 5) la existencia de tribunales independientes, integrados por jurisconsultos con una trayectoria impecable de integridad moral, sapiencia jurídica y apoliticidad reconocida; 6) el control jurisdiccional de la Administración Pública, mediante el establecimiento de un tribunal constitucional realmente operante, que además garantice a los habitantes sus derechos e intereses cuando hayan sido ilegalmente vulnerados; 7) la seguridad jurídica y la tutela legal, o sea el acceso inmediato a la jurisdicción; 8) el respeto integral de las libertades públicas y el goce de los derechos humanos fundamentales; 9) la cooperación de partidos políticos responsables; 10) la imparcialidad en el manejo del proceso electoral y la total garantía de respeto al voto ciudadano; y 11) una contraloría independiente, apolítica, para la vigilancia estricta de los fondos públicos.

Naturalmente, hay otros elementos importantes, pero estimamos que los enumerados anteriormente, en su integridad, son realmente imprescindibles. Y en honor a la verdad, debemos reconocer que en el presente, en El Salvador se respetan, en alguna forma, esos derechos, intereses y postulados, pero que es indispensable consolidarlos y completarlos, ya que algunos adolecen en la práctica de serias deficiencias, que los pueden volver nugatorios.


Sí existe —hay que decirlo con franqueza— una profunda preocupación en sectores que abogan y luchan por la implantación en el país de un auténtico sistema democrático de gobierno, o sea de un operante Estado de Derecho, ante la desmedida pretensión de algunos dirigentes del partido oficial—así lo han afirmado ellos abiertamente — de obtener el control absoluto de todos los poderes estatales, con evidentes intenciones sectarias, que pueden poner en peligro los más sagrados principios de la democracia representativa.

Así, desde el punto de vista de los principios, no del interés político, no se concibe el afán sistemático y constante de eliminar a los integrantes de la honorable Sala de lo Constitucional, que en forma independiente, responsable y meditada, y sobre todo, de buena fe, han dictado sentencias apegadas esencialmente a la letra y el espíritu de los preceptos constitucionales.




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