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Editorial & Opinion

El exceso de poder en la sentencia de la HAYA

José Luis Lovo Castelar / Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, El Salvador

viernes 23, junio 2017 - 12:00 am

El doctor Reynaldo Galindo Pohl, publicó en la Revista Jurídica de la Universidad Iberoamericana, de México, (Anuario del Departamento de Derecho número 30, 2000), un análisis de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el conflicto entre El Salvador y Honduras, y concluyó: dicha sentencia se ha tornado parcialmente inejecutable en lo relativo al Golfo de Fonseca y espacios marítimos adyacentes, por ausencia de uno de los tres Estados ribereños, Nicaragua; recordando nuestro connotado jurista el principio universal formulado por Celsius: lo imposible anula la obligación (imposibilitum nulla obligatio est). Esto, dice el Dr. Galindo, podría verse como “una paradoja jurídica, pues cumpliendo estrictamente con las decisiones judiciales se llegaría a la inejecución”, (página 264 op.  cit.).

En el capítulo 15, titulado “Excesos de Poder en la Sentencia de 1992” (página 266), el Dr. Galindo abordó dos situaciones que comportan excesos de poder cometidos por la Sala de la CIJ, a saber: a) la delimitación de la entrada del Golfo de Fonseca;  y b) la creación de una zona de soberanía conjunta en las aguas exteriores de  dicho Golfo.

Punto de partida: La Sala declaró que había recibido el poder para determinar la situación jurídica de los espacios marítimos, pero no para delimitarlos; para lo cual, según su propia declaración, carecía de competencia. Dice el Dr. Galindo: “la Sala entró a la delimitación de algunos espacios marítimos, con lo cual además de una contradicción con sus propias tesis, se excedió en cuanto al poder que recibió” (página 267).

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Tema “a)”: Delimitó la línea de cierre del Golfo de 19.75 mm, entre Punta Amapala y Punta Cosigüina, que luego sirvió como línea de base para medir el costado norte de los espacios exteriores del Golfo. Afirma el Dr. Galindo que la Sala desbordó su competencia cuando dividió la línea de base en tres partes, dos porciones de tres millas marinas en los extremos, atribuidas separadamente a El Salvador y Nicaragua, y una porción central indivisa de 13.7 mm, en que aparecen con iguales derechos, El Salvador, Honduras y Nicaragua, con el jocoso comentario siguiente: “si esto no es delimitación, váyase a buscar por otros mundos lo que es”, y agrega: “Estas determinaciones proceden exclusivamente de la acción y voluntad de la Sala, ya que no se encuentran antecedentes en ningún documento de que dispuso, ni se mencionaron en los alegatos de las Partes” (página 268). En suma, fue una delimitación parcial inusitada y arbitraria.

Tema “b)”: Creó una zona de soberanía conjunta en el exterior del Golfo, un espacio bajo condominio tripartito, “mientras no tenga efecto la delimitación de las zonas marítimas pertinentes”, reza el fallo en el párrafo 432. Al respecto enfatizó el Dr. Galindo que la Sala no explicó los antecedentes ni las razones de su decisión de crear esta zona de soberanía conjunta, de una anchura de 13.7 mm, la que no fue propuesta ni discutida por ninguna de las Partes en el juicio; dice: “la Sala creo por su voluntad, sin antecedentes y sin competencia suficiente, una zona de soberanía conjunta” (página 269), y delimitó el costado septentrional de este nuevo condominio. Por ende, estamos ante un fallo arbitrario afectado por un errático exceso de poder, pues Honduras solo pidió que se trazara una línea divisoria.


Frente a esos vicios de fondo, el Dr. Galindo, sabiamente recomienda celebrar negociaciones por los tres Estados ribereños en busca de un acuerdo, pues la ausencia u oposición de Nicaragua hace imposible la ejecución de esta parte de la Sentencia de 1992, pues cercenaría el espacio marítimo tradicional nicaragüense.

En estos dos casos, no existe derecho de apelación ni segunda instancia, aunque tales excesos de poder “contravienen el meollo mismo del sistema judicial internacional, el cual prescribe que la competencia arbitral y judicial está basada exclusivamente en el consentimiento de los Estados” (página 274). En fin, recomienda enmendar estos dos desatinos de la Sentencia y negociar un acuerdo que respete la igualdad jurídica de los Estados, dado que como está no se puede aplicar la Sentencia sin dañar la soberanía e integridad territorial de Nicaragua.




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