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Editorial & Opinion

El financiamiento privado de los partidos

Roberto Cañas López / Académico, firmante de los Acuerdos de Paz

Miércoles 22, Junio 2016 - 12:00 am

OPINIONEn la totalidad de aspectos que se presentan como noticia día a día en el país, ocupan un lugar destacado, las crónicas sobre homicidios, capturas, corrupción; en un lejano segundo lugar se plantean temas claves de nación, como la falta de apuestas estratégicas para sacar adelante al país, la necesidad de trabajar por superar la desigualdad, la pobreza, la preocupación por debilidad institucional del Estado; y en un tercer lugar menos notorio, se encuentra el tema del financiamiento privado de los partidos y sus campañas electorales.

En tiempo calendario falta todavía mucho para las elecciones legislativas y municipales, pero ya por un lado el Tribunal Supremo Electoral está evaluando las probables fechas para las elecciones de 2018 y por otro, los partidos políticos siguen empeñados en esconder a sus donantes y los montos que aportan para financiarlos.

Las elecciones son la base del sistema político, fundado en la democracia representativa, si las elecciones fallan, al depender y ser dominadas por el dinero, se arruina todo, y el sistema pierde legitimidad.

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Es inaceptable que el poder del dinero defina los resultados electorales, y que la plata sirva para gastarse una fortuna en publicidad y marketing político. Hoy por hoy, para una victoria en elecciones se necesita más dinero, más propaganda.

La propaganda de saturación en las elecciones, es un factor central para definir quién ganará y no tienen mayor significado las ofertas electorales, los programas de gobierno, ni el debate serio. La lucha electoral no se basa en quien hace mejores propuestas para solucionar los problemas del país, sino en quien tiene más recursos económicos.

Es peligroso para un sistema electoral permitir que el dinero privado sostenga a los partidos y las campañas políticas, pues es evidente que los que aportan recursos para financiar partidos luego de una u otra manera tendrán “derecho de picaporte” y cobrarán el favor hecho a los partidos políticos con solicitudes de leyes adoc, políticas públicas y nombramientos favorables a sus intereses.

El dinero y la política tienen una relación conflictiva por la debilidad en los controles y las limitaciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral para la fiscalización de ingresos y gastos de los partidos. Un financiamiento excesivo y poco regulado, con un gasto electoral enorme y poco normado, conduce a poca competitividad y equidad en una campaña electoral y siempre los que movilizan más dinero, consiguen más votos.

No puede ser que los partidos exitosos, sean los que no explican origen de sus fondos, es conocido que los partidos grandes invierten en su funcionamiento y en campañas electorales millones de dólares sin explicar el origen de sus fondos.

Este sistema perverso de financiamiento de la política, ha moldeado los partidos, que dependen para su desempeño de la posibilidad de mantener y/o atraer a nuevos financistas.

Se supone que el financiamiento público de las campañas conocido como la deuda política se instituyó para que los partidos políticos no se colocaran de rodillas frente a grupos económicos o sectores del crimen organizado y el narcotráfico solicitando patrocinio; pero la verdadera realidad es que el financiamiento privado de los partidos es un factor de mucho peso en la vida de los institutos políticos.

Urge la regulación de los recursos económicos que se dan a los partidos, con límites de contribución y con prohibición de las donaciones anónimas. La adopción de límites al gasto en publicidad en campañas electorales es deseable en el mejor de los casos aprobar que se otorguen espacios publicitarios a todos los partidos políticos, distribuidos en forma gratuita e igualitaria.

La partidocracia, para bien de la República, debe tener la obligación de reportar periódicamente todos sus ingresos al Tribunal Supremo Electoral; se debe crear  un departamento de supervisión de financiamiento político, como parte con la función de supervisar y auditar tanto el financiamiento privado como público de los partidos.

Los políticos deben estar obligados a informar quiénes son sus patrocinadores, la democracia electoral salvadoreña es raquítica y si en El Salvador predomina el pensamiento que en política casi no hay cosa que no se pueda conseguir con dinero.

El financiamiento privado debe reducirse a su mínima expresión, no debe superar el 20 % del total del presupuesto de los partidos políticos. Que no quede duda: los fondos privados que financian a partidos políticos y campañas electorales deben ser limitados, regulados y fiscalizados. Si no se le quita al dinero su poder electoral. Esto no va a cambiar nunca.




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