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Editorial & Opinion

El fracaso de las medidas extraordinarias

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 4, abril 2017 - 12:00 am

En el centro penal de Ciudad Barrios, la semana pasada se encontraron muchos objetos ilícitos, entre ellos 147 teléfonos celulares, más de $18 mil en efectivo, 46 cuchillos hechizos y cuatro armas de fuego, una de ellas una pistola que perteneció a un agente de la Policía Nacional Civil que fue asesinado.

La requisa que permitió el hallazgo de los ilícitos se dio después de la explosión de una granada artesanal que dejó dos reos lesionados, así como el hallazgo de una segunda granada holandesa mini D40 de tipo industrial.

Menos mal que el Centro Penal de Ciudad Barrios se encuentra bajo las medidas extraordinarias para erradicar la violencia y la inseguridad, las cuales se aplican en varios penales, desde el 1 de abril del año pasado. Precisamente el sábado pasado se cumplió un año desde la vigencia de dichas medidas.

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Como parte de las medidas extraordinarias que se aplican en los penales  y sus alrededores se supone que hay restricción ambulatoria de los reos, suspensión de visitas, bloqueo de señales telefónicas, controles en los recintos y otras. Las medidas se aplican, en teoría, en los penales de Izalco, Quezaltepeque, Chalatenango, Zacatecoluca, San Francisco Gotera y Ciudad Barrios.

Las autoridades de Seguridad y Justicia han dicho que las medidas extraordinarias decretadas por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno Central, tienen como objetivo central eliminar la comunicación entre los pandilleros encarcelados con los libres que ejecutan las órdenes de asesinatos, extorsiones, violaciones, privaciones de libertad y otros delitos.


Definitivamente el hallazgo de granadas, armas de fuego, teléfonos celulares, dinero, cuchillos artesanales, cargadores (hechizos y solares) chips, manos libres, rollos de alambre de cobre, cables modificados para cargar celulares, cartas (correspondencia entre pandilleros presos y libres), marihuana y hasta facturas de compras, demuestran que las medidas extraordinaria son un fracaso en el penal de Ciudad Barrios, donde los reos se daban el lujo de tener una conexión eléctrica artesanal que conectaba desde el cafetín del penal a varias celdas donde los reos cargaban sus celulares.

La explicación simple que dan las autoridades es que lo decomisado es parte de lo que los reos han acumulado durante meses o años, lo cual no es creíble de ninguna manera, pues el año pasado hubo requisas con importantes decomisos, incluso antes de la aplicación de las medidas extraordinarias hubo requisas en todos los penales bajo ese régimen.

Lo ocurrido en el penal de Ciudad Barrios desnuda una realidad que todos los salvadoreños sospechamos: Nuestras autoridades penitenciarias son incompetentes, porque son ineficientes y porque han permitido, por omisión, que la corrupción se asiente entre algunos empleados, especialmente los responsables de mantener los controles en las cárceles.

¿Cómo es posible que un arma de un policía asesinado esté en poder de los reos pandilleros, o que en su poder  tengan una granada industrial? No es posible que ellos hagan una conexión eléctrica artesanal desde el cafetín hasta las celdas sin que los custodios o las autoridades no se dieran cuenta en sus revisiones rutinarias.

¿Quién les ingresó las drogas, los celulares, el dinero, los chips, las granadas y los otros ilícitos? Si ellos no tienen visitas, debieron ser los mismos custodios o las autoridades penitenciarias. Las 22 cartas que fueron encontradas con órdenes para los pandilleros no tienen explicación sin entender que fueron empleados del sistema penitenciario los que sirvieron de correos.

No basta con que 426 reos que estaban en el penal de Ciudad Barrios hayan sido trasladados hacia otros centros penitenciarios o que hayan sido separados el director del penal y todos los custodios. Eso no aminora el problema, porque seguramente esa complicidad delictiva existe en el resto de penales. Las órdenes para ejecutar delitos se siguen dando desde los penales, pues aunque  los homicidios han disminuido las extorsiones siguen y los pandilleros han incrementado otros delitos.

Por menos que lo ocurrido en Ciudad Barrios, en países donde se respeta la institucionalidad del Estado y se vive en democracia, las principales autoridades son separadas de sus cargos u obligadas a dimitir. En nuestro El Salvador hace falta una requisa que permita separar y procesar penalmente a los  malos funcionarios penitenciarios en todos sus niveles. Algo huele mal en el sistema penitenciario.




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