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Editorial & Opinion

El gobierno de las leyes y no de los hombres

Aldo Álvarez / Abogado y catedrático.

jueves 21, junio 2018 - 12:00 am

Uno de los retos más grandes de las demo­cracias que se precien de ser ta­les en términos reales más que formales, es el de la institucionalidad, y si queremos ser aún más precisos, en el de la institucionalidad democrática. Sólo un país con una sólida institucionalidad democrática puede volverse viable en términos de cumplimiento de la Ley, funcionamiento adecuado de las entidades públicas, satisfacción de necesidades de la población, efectiva administración de la cosa pública y una adecuada administración de justicia. En fin, que las importantes y protagonistas sean las instituciones y no quienes las presiden –que por supuesto tendrán que ser aptos e idóneos-, pues quienes ejercen titularidad de las mismas lo hacen de manera temporal y transitoria, pero las instituciones tienen continuidad y permanencia.

Hacer realidad aquella máxima liberal de las revoluciones burguesas de los siglos XVI y XVII: “El gobierno de las leyes no de las personas”, no ha sido nunca tarea fácil, y menos dentro del complejo entramado que plantea la democracia representativa, la cual aunque de raíz presuntamente democrática, no siempre ha terminado funcionando con este sustento y más bien ha encarnado formas y esquemas que la han asimilado más a autocracias, aristocracias y más recientemente hasta plutocracias. En corto, porque no siempre ha sido efectiva la máxima del gobierno de las leyes y no de las personas. Lo anterior, traducido a lenguaje más claro: Que no siempre el poder se ha comportado en forma ascendente –de la base a la cima, de los ciudadanos al gobernante-, sino más bien a la inversa -de la cima a la base, del gobernante a los ciudadanos-, lo cual se ha traducido en una falta de institucionalidad democrática, la cual sólo puede ser tal, cuando el poder se comporta en forma ascendente, esto es, cuando la democracia no es sólo formal sino real. Y ha sido por esta falta de institucionalidad democrática, que en nuestros países latinoamericanos siempre ha sido la regla general la máxima: El gobierno de las personas más que el de las leyes, y hasta las manipula a estas últimas en su propio interés o el de grupos o círculos pequeños a su alrededor.

Una de las características principales de las democracias europeas –aún con sus luces y sombras- ha sido que progresiva y mayormente a partir del siglo XX, han logrado que se verifique en la praxis un empoderamiento de la institucionalidad democrática, esto es, que las instituciones y los funcionarios que están al frente de ellas, operen de acuerdo a la irrestricta voluntad del legislador y del constituyente, más allá de las necesidades y deseos de los funcionarios temporales y transitorios, es decir, volver realidad a la democracia como tal, que presupone siempre que el poder opera en forma ascendente.

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Por supuesto que no ha sido tarea fácil nunca, jamás en nuestra región latinoamericana se ha podido del todo hacer realidad esta máxima, con todo y que es una premisa de corte liberal burguesa, y por ello hemos sufrido incontables veces de autocracias que no siempre han seguido el camino de intentar fortalecer la institucionalidad democrática, pues consideran eso como contrario a sus intereses particulares, aunque ello implique no hacer avanzar la democracia misma y no anteponer los intereses de los muchos a los de los pocos o de uno. Para muestra un botón: Nicaragua.

Si a lo antes dicho le sumamos el hecho de que quienes se han presentado al campo de la representación, no han tenido muchas de las veces las convicciones éticas políticas sobre la democracia y su funcionamiento, y que han sido muchas veces proclives a decir lo que sea necesario –aunque no tenga ningún sentido- y a prometer lo incumplible e inviable –a lo que tradicionalmente se le ha llamado populismo-, estamos en la peor de las realidades, pues a esto han sido proclives de la “izquierda” y de la “derecha” política, lo que ha llevado catastróficamente a hacer prevalecer poder por poder y no poder para, poder como medio, sino hacer del poder y su obtención, un fin en sí mismo. El sistema lo ha permitido, por la baja institucionalidad democrática que hemos tenido, casi desde los inicios de La República.


En El Salvador es necesario parar esta mecánica de ejercicio del poder torcida e intentar invertirla, pues de lo contrario nos enfilamos a repetir historias ya vividas, tristes y dolorosas. Es pues imperativo volver realidad la máxima: “EL GOBIERNO DE LAS LEYES Y NO DE LOS HOMBRES”.




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