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Editorial & Opinion

El gremialismo profesional

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Ernesto Criollo Pacas. Miembro del IIDC y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

viernes 2, febrero 2018 - 12:00 am

Hasta principios del siglo XX se tuvo el concepto que los profesionales ejercían una profesión liberal, dando a entender, con esta calificación, que el ejercicio de la profesión de naturaleza esencialmente privada, se realizaba con plena libertad. Esta postura ha sido superada desde hace varias décadas, ya que se ha comprobado que los servicios profesionales han devenido de naturaleza pública y cuya regulación debe corresponder al Estado, procurando a la colectividad la recepción de una correcta actividad profesional.

La misión esencial que le está confiada a la abogacía: la de realizar la justicia, es primordial colaboración del profesional abogado para lograr uno de los principales fines del Estado: ‘‘El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común’’, reza nuestra Carta Fundamental. Aquí, los abogados intervienen manejando la administración de justicia, como magistrados y jueces, con sus análisis doctrinarios y legales, para encontrar la verdad y la justicia. También cabe hacer presente la fundamental colaboración del abogado en la realización de otro fin estatal: la seguridad jurídica, ya que el notariado es una función pública y el notario un delegado del Estado para dar fe, conforme a las leyes, de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen y que dicha cartulación podrá hacerse de toda clase de actos o contratos, en cualquier punto del territorio nacional y, en ciertos casos, fuera de él y a cualquier  hora.

De aquí que, siguiendo la exposición de motivos del decreto que creó el Colegio de Abogados en Chile, digamos que: ‘‘Ninguna profesión más delicada y pocas tan nobles como la del Abogado, ya que de su correcto o abusivo ejercicio dependen el estado civil de las personas, la tranquilidad y el honor de las familias, la estabilidad de las fortunas, la conservación y legitima transferencia de la propiedad inmueble, el respeto y cumplimiento de las convenciones, y la posibilidad de solucionar los conflictos por medios fáciles y expeditos’’.

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En el precedente queda demostrado que toda la actividad del abogado es realizar la justicia y salvaguardar la seguridad jurídica en la sociedad. Couture define la abogacía como ‘‘una ardua fatiga al servicio de la justicia’’. En definitiva, todo el quehacer del abogado constituye una función social de primer orden, como lo calificara la Iglesia Católica y, consecuentemente, para lograr el perfeccionamiento de los abogados y para que puedan cumplir de modo más eficaz su misión, es necesario organizar y ordenar las instituciones forenses, obligación que el Estado debe asumir para responder a la persona humana en la sociedad, cumpliendo con sus tareas o fines esenciales: realizar la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.

Por ello, concluimos de la mano de la doctora Pardo Valencia, que ‘‘la organización más adecuada al desenvolvimiento de los fines impuesta a la abogacía ha sido, luego de una experiencia de siglos, el régimen corporativo, mediante el cual los abogados se organizan obligatoriamente para ejercer su profesión, sometiéndose a normas éticas y jurídicas que regulan su actividad profesional”.


Esta organización se inspira, más que en la defensa de los intereses de sus miembros, en las exigencias de la función social que cumplen; más que en el afán de mantener privilegios, en la necesidad de encuadrar a sus afiliados dentro de las normas de una severa disciplina; más que en la defensa de su propio interés, en la de servir a la justicia. Por ello, la abogacía no sabría cumplir su misión sin una organización profesional  que proteja los derechos y prerrogativas concedidas a los abogados, para el mejor cumplimiento de sus deberes.

De manera más concisa: la organización del profesional del Derecho resulta indiscutible y necesaria, en razón de las funciones eminentemente sociales que realiza, y de que el Estado debe atender que tales servicios y funciones se presten honesta, moral y eficazmente a la sociedad salvadoreña.




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