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El grupo de terroristas llegó, sigilosamente, al sitio que estaba previamente escogido para realizar su labor sanguinaria. Con sus armas escondidas, se entremezclaron con los escasos transeúntes que retornaban al anochecer rumbo a sus hogares, incluso platicaron cosas triviales con algunos de ellos, sin despertar sospechas de que se dirigían a cumplir una misión siniestra. Otros se hicieron pasar como mensajeros bíblicos o promotores comerciales, que ofrecían novedosos artículos a bajos precios, aprovechando las cercanas festividades navideñas.

Al llegar a cierta comunidad rural, los diez o 12 sujetos “humildes” se despidieron de sus interlocutores, con quienes habían venido caminando y platicando. Una anciana hasta “les echó su bendición”. Se miraban tan buenas personas, como los describieron después a las autoridades.

Una vez se alejaron los transeúntes, el grupo comenzó a sacar sus armas de fuego, además de filosos machetes y puñales. Casa por casa tocaron amenazadores las puertas y cuando les abrían, solamente dieron una orden escueta, pero mortal: “para el domingo, a las diez de la mañana, no queremos que nadie viva en esta casa o los mataremos”. Esta acción horrorosa de desalojo, de migración forzosa, no pasó en Somalia ni en Siria.

Es algo que se repite cotidianamente en poblados y cantones salvadoreños, sin que nadie vislumbre una solución. Dos horas más tarde, llegaron unos carros patrullas del puesto policial cercano. Los agentes hicieron preguntas (que pocos respondieron temerosos), anotaron ciertas cosas en sus libretas y después se fueron. Regresaron al sector unas horas más tarde, al amanecer, solamente para observar cómo los humildes moradores, en carretas de bueyes o en pequeños camiones, metían sus escasas pertenencias para huir de la amenaza terrorista.

Al promediar la tarde, aquella comunidad, antes poblada de  gentes contentas y trabajadoras, donde abundaban las risas despreocupadas de los niños, hoy estaba convertida en una “zona fantasma”, donde apenas aleteaban algunas aves domésticas que ya no cupieron en el transporte, así como uno que otro perrito que aullaban lastimeramente por la ausencia de sus amos.

Nadie pudo evitar el desarraigo ilegal y forzoso, como si en nuestro país no existiera un estado de derecho constitucional, donde toda persona debe ser protegida en la conservación  y defensa de la vida, la seguridad, la propiedad y posesión. Como si no viviéramos en una república en donde nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia, salvo en casos especiales o por mandato de juez.

Pero antes que llegara esa orden de abandonar la comunidad, dicen que dicen, que ciertos muchachos que residían en ella, bajaron a cortar frutas a una finca ubicada en el sector “donde domina una pandilla contraria” y aunque ellos no eran miembros de ninguna, les prohibieron, bajo amenaza de muerte, que no volvieran a ese lugar, y quizás, para asegurarse que cumplieran, decidieron después que se alejaran todos los moradores.

¿Acaso los salvadoreños hemos perdido el derecho de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste cuando nos plazca, sin más limitaciones que la ley establece? Porque una de las facetas graves de la delincuencia terrorista es el desarraigo feroz de comunidades enteras, así como la migración hacia otros países.

Mujeres, hombres, jóvenes, en fin de toda edad, se han visto compelidos a buscar sendas extranjeras sin más capital que los pocos centavos que lograron recoger vendiendo sus bienes, o enjaranándose con el usurero. Dura y triste, aflictiva, es la realidad que nos conmueve diariamente. Por ello, ya no perdamos tiempo en discusiones estériles y busquemos acuerdos de solución, por el bien de nuestra sociedad.

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