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La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Constitución de El Salvador.

En consecuencia, la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho inalienable e inherente a todas las personas. Es también un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Y se manifiesta por medio de la libertad de prensa como eje esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información, incluso hacer uso del derecho de réplica.

No obstante no se debe de confundir libertad de expresión, con libertinaje de expresar calumnias, difamaciones o comentarios vejatorios, cobijados cobardemente en los distintos medios informáticos bajo seudónimos o troles. De modo que ello no representa libertad de expresión, sino una acción fantoche y cobarde que es dirigida por un grupo de personas anónimas para provocar una disminución al buen nombre de sus adversarios, pero que no tienen la valentía para mostrar su rostro y decir de frente su opinión.

De manera que escudarse en el anonimato para difamar la buena imagen y el honor que posee una persona, es constitutivo de delito penal, por tanto la doctrina los define como “delitos contra el honor”, de modo que el legislador, antes de promover o peor aún aprobar una ley, debe tener claro qué es un delito informático o ciberdelito, qué es un delito contra al honor que por cierto ya existe una regulación penal al respecto, pero no hacer una mescolanza tal como han planteado el proyecto de delitos informáticos.

En tal sentido, los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que: Se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación. Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Pero entiéndase la informática es el medio por el cual se comete el delito, en consecuencia en un tribunal se prueba el medio utilizado, pero el delito puede ser variado, como: fraude, robo, chantaje, extorsión.

Falsificación, calumnia, difamación y malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como medio. Con el desarrollo de la programación y de Internet, entonces los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. En ese orden de ideas la doctrina jurídica reconoce únicamente tres tipos de delitos informáticos: Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras. Manipulación de datos de entrada, y daños o modificaciones de programas o datos computarizados.

En ese contexto las fracciones legislativas, antes de promover la famosa “ley de delitos informáticos”, debieron de asesorarse para no caer en posturas confusas, mezcla de delitos, incluso se puede observar del libelo de la ley, la mala intención de amordazar al libre pensador, medios de comunicación, a la comunidad de las redes sociales (no troles ni seudónimos) que son críticos activos ante los actos de corrupción, mala administración, nepotismo, incapacidad, despilfarro de los bienes públicos.

Ahora bien, toda figura pública, ya sea funcionario, ejecutivo, empresario, artista, pastor, sacerdote u otros, de una u otra manera están bajo el escrutinio público, por ende tendrán críticos de diferentes sectores. Claro que la crítica descansa en la libertad de expresión, siempre y cuando no se subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás.

En suma la ley tuvo que haberse enfilado hacia los troles, anónimos y seudónimos que hacen pedazos sin escrúpulos la imagen y el buen nombre de personas, y de empresas a través de blogs, redes sociales u otros medios informáticos y no pretender callar a la ciudadanía de una manera burda.

 

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