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PABLO

Foto: DEM

Desde su cargo como secretario general de la Asociación Interamericana de Telecomunicaciones (ASIET), Pablo Bello muestra su preocupación por la propuesta gubernamental de crear una contribución especial para seguridad que gravará diversos servicios de telecomunicación con un 10 %.

Además de impactar a la población de menores ingresos, Bello advierte en esta entrevista que la medida, de ser aprobada, puede ser contraproducente y contradictoria a los objetivos del plan de seguridad que el Gobierno pretende financiar bajo esta modalidad.

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Entérate > > > “Funde recomienda tasar solo el consumo telefónico”

¿Cómo evalúan desde ASIET la propuesta del Gobierno salvadoreño de gravar con un 10 % la factura de telecomunicaciones?

ASIET es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, tenemos más de 35 años trabajando por el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina, en ASIET están empresas privadas, estatales, empresas grandes, medianas y pequeñas, es una asociación sin fines de lucro que lo que venimos haciendo y seguiremos haciendo es generar diálogo público-privado con el único objetivo de lograr el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina porque estamos convencidos que las telecomunicaciones son una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social en nuestros países. Desde ese punto de vista es que tenemos muchísima preocupación, estamos muy muy preocupados por los proyectos de ley que se están empezando a discutir en El Salvador y que significan la incorporación de un impuesto, ya sea a los servicios de telecomunicaciones como a la importación de smartphones y otro tipo de equipamiento de telecomunicaciones porque eso sin duda va a significar el encarecimiento de los servicios y va absolutamente en contra de lograr la plena inclusión de todos los latinoamericanos, en particular de los salvadoreños, a la sociedad de la información y al conocimiento.

Entonces por eso nos preocupa significativamente porque los estudios que nosotros hemos realizado, otros estudios que destacados analistas y economistas han realizado, indican que el precio de los servicios es una variable muy relevante para lograr el acceso, y naturalmente todos los incrementos tributarios, todos los impuestos, y se pueden llamar impuestos, contribución como le quieran llamar pero en definitiva son la misma cosa, todos los impuestos finalmente recaen en los ciudadanos y por tanto estas iniciativas van a generar de todas maneras un incremento en los costos, un incremento en los precios y ello se va a ver reflejado en una menor demanda por servicios de telecomunicaciones y en particular, las familias de menores ingresos que hacen un gran esfuerzo por acceder a Internet para sus hijos, por tener equipos celulares van a ver más dificultada esa posibilidad y sin duda, algunas familias se van a quedar al margen de la comunicación.

Entonces lo primero que quisiera señalar es que para las empresas de telecomunicaciones es sin duda fundamental trabajar en favor de una mayor seguridad ciudadana, tanto es así que las empresas de telecomunicaciones han estado trabajando durante los últimos años codo a codo, de la mano con el Gobierno y de las autoridades para contribuir justamente en la persecución de los delitos y generar mejores incentivos para que hayan robos, por ejemplo los asociados con los teléfonos celulares. La evidencia internacional es muy categórica en el sentido de tener una ciudadanía que está muy conectada, que está comunicada, que puede tener un teléfono a la mano y poder hacer un llamado de emergencia tanto a la policía como a una ambulancia, los bomberos y que puede comunicarse con sus familiares cuando se produce una situación de emergencia o denunciar un posible ilícito, todo aquello contribuye a tener mayor seguridad. Entonces más telecomunicaciones es más seguridad ciudadana, es más protección para las personas y es una sociedad que sin duda puede enfrentar este tipo de flagelos de la mejor manera, entonces para nosotros es completamente contradictorio y completamente contraproducente generar un impuesto que hará pagar a los salvadoreños con el argumento que este impuesto hará generar un fondo para combatir los problemas de la delincuencia. Los problemas de la delincuencia se combaten, entre otras cosas, con más comunicación, con más Internet, cerrando la brecha digital y permitiendo que todas las personas, que todos los salvadoreños puedan tener efectivamente esta herramienta de defensa personal que diría yo, que es el teléfono para poder denunciar cualquier situación complicada o cualquier emergencia para poder enfrentar la situación, que lo razonable es facilitar el acceso a ello más que poner dificultades y barreras para que se puedan comunicar, es por eso que nos preocupa significativamente.

Pero además está claramente demostrado, y hay estudios en tal sentido, que un incremento en los impuestos no solamente hace más difícil el acceder a la telefonía o a Internet, que eso ya en sí es un problema, sino que además de forma indirecta, toda vez que las comunicaciones contribuyen a la economía en su conjunto, cuando hay más conectividad la economía crece más rápido, se expande más rápido pues la expansión de las telecomunicaciones también genera mayor recaudación fiscal. Entonces poner un impuesto a las empresas de telecomunicaciones por un lado hace más difícil que los salvadoreños se puedan comunicar, se puedan conectar, puedan acceder a Internet, pero además genera en el mediano y largo plazo menor recaudación fiscal y por lo tanto el objetivo que se plantea en estos proyectos que es avanzar en el plan El Salvador Seguro y generar un ingreso fiscal para financiarlo, pues el resultado final va a ser más desprotección y menos ingresos fiscales, por tanto es un proyecto equivocado, bien intencionado y compartimos obviamente el interés del Gobierno, los partidos políticos por enfrentar los problemas de seguridad y delincuencia, pero es un proyecto que no soluciona aquello, sino que por el contrario termina perjudicando y agravando los problemas que tenemos ya actualmente en ese sentido.

En el país ya existen diversas iniciativas referidas al tema de seguridad desde las empresas de telefonía, ¿Cree que aún hay margen para que se pueda colaborar más en este tema?

Por supuesto, siempre hay espacio para que seguir colaborando en esa dirección. Yo por ejemplo soy chileno y en mi país acaba de haber un terremoto pocos días atrás, había riesgo de tsunami por ello y lo que se estableció como consecuencia de anteriores emergencias es un sistema de mensajería de texto, un sms para alertar a las personas respecto de la existencia de probabilidad de un tsunami, esa es una manera muy concreta con la cual las empresas de telecomunicaciones colaboran, aportan para enfrentar una situación de emergencia. En el caso de El Salvador pueden haber situaciones de este tipo, de desastres naturales, pero evidentemente el problema hoy en día fundamentalmente tiene que ver con la delincuencia, con los grupos organizados que alteran la seguridad y que perjudican la calidad de vida de las familias. Para todo aquello siempre puede haber alternativas que se pueden explorar, se pueden trabajar en conjunto entre las empresas y autoridades para que haya más comunicación entre los salvadoreños y poder generar mecanismos de alerta y mecanismos de comunicación mucho más expeditos con los servicios de seguridad. El poder tener un teléfono móvil que además puede estar localizado y que puede enviar rápidamente una señal de emergencia, un mensaje pidiendo ayuda o que permite que a través de Internet también se pueda recurrir a ese tipo de servicios sin duda va en la línea de generar mayor seguridad, y esta industria ha venido trabajando con el Gobierno, con las autoridades para trabajar en lo relacionado al robo de terminales, mecanismos de ayuda e información cuando hay casos de niños desaparecidos que pueden eventualmente estar raptados. La posibilidad de seguir trabajando en ese sentido es muy, muy amplia pero el requisito fundamental para que efectivamente las telecomunicaciones puedan seguir contribuyendo cada día más en generar más seguridad, es que los salvadoreños estén conectados y sin duda El Salvador se destaca en los últimos años en América Latina como uno de los países que más ha avanzado en cerrar la brecha digital; sin embargo y a pesar de los avances, según el Banco Mundial, todavía el 70 % de la población no utiliza Internet, por tanto es mucho lo que el país necesita seguir avanzando para lograr la plena incorporación de los salvadoreños a los beneficios que brindan las telecomunicaciones y el acceso a Internet. Este proyecto, como bien señalaba el Arzobispo de San Salvador (José Luis Escobar) es negativo por cuanto perjudica justamente a las familias de menores ingresos que son las que además están normalmente más expuestas a la delincuencia.

¿Cuáles considera que serían los efectos inmediatos de aprobarse esta contribución?

A ver, lo que va a ocurrir inmediatamente si se establece el impuesto del 10 % es que los precios por los servicios de telecomunicaciones van a subir un 10 %, los teléfonos celulares, los smartphones vana  subir un 10 %, por lo tanto va a tener un efecto directo en los bolsillos de las familias, en el presupuesto de las familias y particularmente va a afectar a las familias más pobres. Las familias que están pensando en poder contratar Internet para poder dar una mejor educación a los niños para poder tener efectivamente una herramienta de comunicación y más seguridad no lo van a poder hacer. Entonces este es un proyecto de ley que afecta directamente al día siguiente de su aprobación al bolsillo de las familias de menores ingresos y les impide acceder a un servicio esencial hoy por hoy como las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones no son un lujo, un servicio que sea exclusivo, para unos pocos o que sea un bien suntuario o un servicio que pueda ser catalogado como lujo, es un servicio de primera necesidad, es como el agua, es como la energía, es como cualquier otra prestación básica y es cada vez más importante en el mundo de hoy que las personas puedan estar comunicadas, esto es lo mismo que ponerle un impuesto al pan, que ponerle un impuesto al agua, que ponerle un impuesto a la electricidad que inmediatamente se traduce en un impacto para los sectores de más bajos ingresos.

Hay otras formas de financiar un programa de seguridad como el que el Gobierno y los partidos políticos quieren llevar a cabo. Está muy bien el plan de seguridad, el problema no es con el plan de seguridad ni mucho menos, es más, el propio plan de seguridad indica que es fundamental poder desarrollar de mejor manera las economías locales, poder evitar que la gente caiga en la marginalidad, poder generar modelos de emprendimientos y desarrollo para los cuales poder disponer de Internet es fundamental y este es un proyecto por tanto que su planteamiento es establecer un impuesto a Internet, a la comunicación, va en contra de los propios objetivos del plan de seguridad.

PABLO-2

Foto: DEM

Hace un par de días funcionarios del Gobierno anunciaron que posiblemente habrá una reducción del 13 % en tarifas de telefonía y cargos de interconexión lo cual compensaría la contribución del 10%, ¿Creen que esto sería así?

A ver, en primer lugar en un país serio como es El Salvador no es razonable, no es aceptable que se estén  discutiendo posibles implicancias respecto de procesos tarifarios que están en curso, eso es lo primero, habrá que ver si los procesos tarifarios terminan de la forma como lo han señalado algunas autoridades en los últimos días, es un tema que habrá que analizar en el marco de dicho proceso. No se puede mezclar cosas que no son comparables, una cosa es un proceso tarifario que se hace cada cierto tiempo y si uno ve, efectivamente las tendencias en todo América Latina, más allá de lo que digan las autoridades puntualmente, los precios en América Latina con los servicios de telecomunicaciones han venido bajando en los últimos años en términos reales. Hoy es más barato hablar por teléfono, hoy día es más barato conectarse a Internet y la cobertura de esos servicios son cada vez mejores y cada vez mayores. Entonces en primer lugar, hay una tendencia a la baja de los precios. Pero este proyecto de ley lo que haría en todo caso es encarecer los costos en un 10% y por tanto eso se traducirá necesariamente en precios. Una cosa es que primero bajen los precios en un 13% para que luego suban un 10% y el efecto se anula, pero incluso el que se anule el efecto, es decir que los precios no bajen como han venido bajando durante los últimos años sin duda ya es un grave problema porque lo que decíamos anteriormente, solo el 30 % de salvadoreños accede a Internet, por tanto manteniendo solamente los niveles de los precios, el efecto de exclusión y el efecto de mantener el servicio de acceso a Internet como, al parecer así lo piensa el Gobierno, como un servicio de lujo va en contra de los objetivos de desarrollo e inclusión social que nosotros entendemos, El Salvador anhela lograr.

Pero además si uno analiza el proyecto en detalle, ahí establecen que el impuesto no solo se aplica a los servicios de telefonía, se aplicaría también a los terminales, es decir el smartphone que hoy en día es una herramienta muy significativa en el proceso de la comunicación, es la manera por la cual mayoritariamente se accede a Internet estaría afecto a este impuesto y tendría un incremento en los precios finales importante y eso naturalmente no tiene nada que ver con los precios regulados que el Gobierno señala que bajarían. Insisto, habrá que ver si efectivamente es así al final del proceso, acá no corresponde decir “mire, van a bajar los precios en tanto” hasta que un proceso tarifario de estas características no haya terminado. Entonces primero veamos cómo termina ese proceso tarifario pero independientemente de aquello, el incremento del 10 % en los costos se va a traducir en mayores precios frente a lo que habría si es que no existiera ese impuesto.

¿Existen otros países en el mundo que hayan implementado impuestos o contribuciones especiales similares?

Yo no conozco ningún país en el cual se haya establecido un impuesto a una actividad económica para financiar una política de interés general. De hecho en la mayoría de países, yo no conozco la Constitución en detalle de El Salvador, pero uno podría decir que son impuestos inconstitucionales porque no corresponde que a través de la carga tributaria a una actividad económica específica se financien proyectos o programas que no tienen nada que ver con esa actividad económica, sino que son mas bien de alcance general.

Lo que las experiencias que conocemos a nivel internacional van en sentido totalmente opuesto. Colombia ha anunciado el interés de bajar los impuestos a las telecomunicaciones como un objetivo de abaratar los precios y lograr una más rápida expansión de la cobertura de los servicios. En Colombia también hace algunos años atrás se eliminaron los aranceles para los celulares y computadores y eso permitió lograr mayor conectividad, mayor velocidad de crecimiento del número de usuarios y en definitiva permitir que la ciudadanía se pueda comunicar de mejor manera. Yo no conozco otro caso a nivel mundial en que se quiera establecer un impuesto de estas características pero en general lo que se señala claramente es que una mayor carga tributaria se traduce en precios y ese incremento en precios afecta directamente a la demanda de los consumidores y es más, todo el esfuerzo que se viene realizando a nivel internacional lo venimos trabajando las empresas con los Gobiernos en el marco de instancias regionales de América Latina van en el sentido de facilitar el tema de infraestructura, que hayan más redes, que haya más competencia, que esa competencia sea a menores precios con los menores costos para acelerar el cierre de la brecha digital y América Latina se pueda desarrollar con las telecomunicaciones. Con esta iniciativa El Salvador, que en los últimos años había sido un caso de éxito a nivel internacional y lo hemos destacado en muchas ocasiones como un país que venía haciendo las cosas muy bien, se da vuelta y empieza a ir en la dirección opuesta, en la dirección equivocada y con implicancias para el desarrollo futuro.

Además del impacto para la población ¿Qué lectura podrían darle potenciales inversionistas del mercado de las telecomunicaciones a una contribución de este tipo?

Los países de América Latina son países en general relativamente pequeños, los mercados internos son pequeños y además en todos hay una buena parte de la población que por razones de ingreso económico no pueden acceder a servicios de telecomunicaciones. Si establecen un impuesto de este tipo, que carece de sentido desde el punto de vista económico, que castiga a una actividad que genera beneficios sociales, evidentemente hace que los inversionistas vean con mayor desconfianza, con mayor incertidumbre, con menores posibilidades de crecimiento el mercado de El Salvador. Acá hay dos elementos. Por un lado, el hecho de plantear esta discusión y que en cualquier momento se pueda decir “ahora subiremos a 15 % o lo vamos a duplicar”, eso genera mucha incertidumbre, mucho riesgo, y eso en general hace que los inversionistas que puedan estar interesados en aumentar sus inversiones o entrar al mercado de El Salvador lo vean con preocupación y mas bien tiendan a no invertir y confiar en el país. Y además si se produce un impuesto que reduce la rentabilidad de las inversiones que son necesarias para poderlas financiar y además hace que el mercado potencial sea más pequeño porque un incremento de costos deriva en que menos salvadoreños puedan acceder a estos servicios también hace que sea mucho menos interesante invertir en el país. La señal que se da con este proyecto es pésima, es una señal negativa por un lado porque perjudica a un sector que es clave para la lucha contra la delincuencia, que es clave para lograr el desarrollo económico del país, que es clave para generar nuevas oportunidades de progreso, pero además porque genera una señal totalmente equivocada respecto a uno de los sectores de la economía que ha sido más vibrante, más dinámico, que más ha invertido en los últimos años en El Salvador y que ha tenido además un caso de éxito que ya lo mencionaba anteriormente, ha sido comentado como un caso de éxito a nivel internacional, por estas razones es que nos preocupa muchísimo esta iniciativa y el llamado que le hacemos a la autoridad, no solo al Gobierno y los partidos políticos, sino que también a la sociedad salvadoreña es lo mismo que señalaba el Arzobispo: Que tengamos una discusión sobre estos temas tranquilamente, en profundidad, veamos cómo se financia el plan de seguridad sin afectar a una actividad tan crítica y estratégica como las comunicaciones, que hagamos un debate en serio, que no tomemos medidas populistas para salir al paso rápidamente, que van a tener efectos contraproducentes y negativos para el país, y que en esa discusión nosotros como ASIET le ofrecemos al Gobierno y al congreso todo nuestro conocimiento de la experiencia internacional para apoyarlos en esa tarea. Y las empresas de telecomunicaciones, he conversado yo con ellas en estos últimos días, reiteran absolutamente su vocación por apoyar a todas las iniciativas del Gobierno y la sociedad para enfrentar los ilícitos y seguir trabajando de la mano viendo cómo la tecnología en la mano de las personas se convierte en una herramienta para la defensa de la seguridad, que creo que es lo más importante.

La experiencia internacional

Reducción de impuestos en Colombia

Un estudio del Banco Mundial (BM) publicado este martes propuso reducir la tributación de las telecomunicaciones en Colombia, por lo cual algunos funcionarios afirmaron que se discutirá el tema. Bello recordó que hace unos años, en ese país también se eliminaron los aranceles para la importación de celulares y computadores, y eso permitió lograr mayor conectividad y mayor velocidad de crecimiento del número de usuarios.

Invalidan impuestos en Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala declaró inconstitucionales tres impuestos del presupuesto de ese país para este año, entre ellos un impuesto de cinco quetzales mensuales por línea telefónica fija o móvil, además del pago de 100 quetzales por centrales de llamadas o líneas concentradoras de llamadas. Con dicho impuesto, el Gobierno guatemalteco pretendía recaudar unos 1,344 millones de quetzales.

PERFIL

FORMACIÓN

Pablo Bello Arellano es economista de la Universidad de Chile y MBA de ESADE.
Antes de asumir su rol en la Asociación Interamericana de Telecomunicaciones (ASIET) se desempeñó como viceministro de telecomunicaciones del gobierno chileno entre 2006 y 2010, durante el primer mandato de Michelle Bachelet, y como jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del mismo país. En julio fue reelecto por dos años más como secretario general de la ASIET en el marco del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones correspondiente a 2015.
La ASIET nació en 1982 con el nombre de AHCIET y está conformada por empresas públicas y privadas del sector de las telecomunicaciones que operan en los países del continente americano, y trabajan por el desarrollo del sector de telecomunicaciones y de la sociedad de la información en los países del área.

 

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