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Editorial & Opinion

El intríngulis del Golfo de Fonseca

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

viernes 13, enero 2017 - 12:00 am

Reflexiono en una opinión del jurista Modesto Seara Vásquez, notable tratadista español radicado en México, al referirse a la situación jurídica del Golfo de Fonseca que calificó de esquizofrénica, por estimar que hay un divorcio entre las ideas concernientes a la condición jurídica de esa bahía y la realidad. La discrepancia aludida aún fluye entre los tres países circundantes, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Las contundentes posiciones oficiales, cuando se debaten en la prensa, y los eventuales incidentes, producen alteraciones en la insegura atmósfera de paz, parecieran vinculadas a ansiedades espaciales del vecino.

El tema es complejo, al grado que en la doctrina y en los dos fallos de tribunales internacionales, pronunciados en sendos litigios, brotaron y persisten diferencias, abismos sin puentes. No hay consenso y la irritante polémica insoluta afecta las buenas relaciones en un intríngulis tripartito. Es cierto, pudiera haber discordancia en la percepción de la supuesta realidad con la realidad misma. Es el diagnóstico sobre un inusual caso internacional, ya centenario.

En tiempos de la Primera Guerra Mundial, El Salvador demandó a  Nicaragua en la Corte de Justicia Centroamericana y proclamó la doctrina Meléndez, del condominio de jurisdicciones en el Golfo, referido a los derechos de uso, por los tres Estados, como herederos de España del citado espacio acuático. Esta acción jurídica prosperó y en 1917 se anuló por dicha Corte el Tratado Bryan Chamorro, que autorizaba a los Estados Unidos de América a construir un canal interoceánico en Nicaragua e instalar una base militar en el Golfo. Un triunfo. Sin embargo, Nicaragua rechazó que hubiera condominio y se aferró posteriormente a dicha posición. Honduras no fue obligada por el fallo. Sólo nuestro país se casó con la sentencia.

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60 años después, Honduras también adversó la tesis salvadoreña del condominio, adujo una modalidad no aceptada sobre concurrencia de intereses, pero logró en La Haya (1986-1992), en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un fallo de su conveniencia, denostado por errático, ya que transformó la decisión de 1917 del condominio para usos jurisdiccionales, por una comunidad de soberanías conjuntas en aguas interiores, con profunda opinión disidente del Magistrado japonés Oda. Además la Corte erró al denegar la intervención de Nicaragua como parte en el juicio, con lo cual la sentencia de La Haya no obliga a ese país.

La actualizada tesis salvadoreña aparece en el Libro de la Defensa Nacional, del 2006. Dice (son partes del territorio): “las aguas o mares territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, el cual es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado y cuyo régimen está determinado por el Derecho Internacional, por la Sentencia de 1917 y por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de  septiembre de 1992, en cuanto armonice con la primera, tal como se ha ejercido a través de la práctica de los Estados;” (Pág. 6). En definitiva adopta la práctica operativa, sin ignorar lo por venir. Se pronuncia por lo existente, priva la realidad, la costumbre internacional, la cual se reseña en la Declaración de los Presidentes de los tres países del año 2002, y en el Memorando de Entendimiento de las Fuerzas Navales, si bien hay aspectos paralelos en el tablero de ajedrez. Funciona la coordinación convenida, para evitar incidentes y el sistema de controles separados, cada uno en su patio.


Frente al intríngulis insoluto del condominio en el papel, describo mi  particular visión: el Golfo de Fonseca es un mar semi-cerrado, compuesto totalmente de espacios pertenecientes a los tres Estados colindantes, con división fáctica espacial y ejercicio de actos de soberanía y jurisdicción exclusiva en las zonas de cada uno, identificables sin delimitación a partir de las respectivas costas continentales e insulares. A ese régimen se someten las autoridades navales y lo acatan pescadores, usuarios marítimos y visitantes, con paso inocente en la navegación. Es una bahía histórica de paz, desarrollo y cooperación, pero el intríngulis jurídico subsiste. Pienso que se necesita un acuerdo trinacional, vertido en un tratado ratificado; o en esperar a que se consolide el ser real con el deber ser jurídico, por un medio internacional de solución de controversias, un tercer litigio judicial o arbitraje.




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