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El asesinato en San Juan Opico de 11 trabajadores a manos de grupos criminales de pandillas, abrió un vivo debate nacional sobre la pertinencia del establecimiento de medidas y acciones extraordinarias de seguridad que respondan a esta nueva escalada de violencia.

El país reconoce la efectividad de los esfuerzos de la PNC y de la Fuera Armada, visibles en acciones concretas como: captura y procesamiento de los grupos delincuenciales que sabotearon el transporte público el año anterior, y que fracasaron en sus nuevos intentos debido a su desarticulación; desmantelamiento de las estructuras que intentaron sabotajes con explosivos a infraestructura pública o la neutralización de los grupos que atacaron puestos policiales con granadas. Que los órganos del Estado asuman el compromiso de enfrentar y derrotar a la criminalidad es pertinente y necesario. Si bien la responsabilidad es ineludible para el gobierno central, corresponde a todos aportar en acciones de acuerdo a la naturaleza de cada actor, institucional o individual, por lo que la seguridad también es tarea de todos.

En este contexto es extraordinaria la tarea asumida por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el diseño del plan Nacional El Salvador Seguro, el seguimiento del mismo y en las recomendaciones sobre los cinco ejes de trabajo establecidos: represión del delito, prevención, reinserción, atención de las víctimas y el fortalecimiento institucional. Hoy estamos a la expectativa de cuáles serán las acciones de carácter extraordinario que se propondrán y que impacten efectivamente en el combate de la violencia.

Sumamos a la expectación las acciones que corresponden a la Corte Suprema de Justicia para colocarse a la altura de la emergencia nacional y que conlleven a la depuración del órgano judicial, adopción de medidas urgentes para superar la mora en materia penal y la creación de nuevos tribunales o la promoción de reformas para adosar competencias penales a tribunales establecidos. En esta misma dimensión, debería estar en sintonía la misma Sala de lo Constitucional que lleva nueve meses bloqueando 900 millones de dólares, cien de los cuales corresponden a seguridad para el combate a la criminalidad.

De igual forma, la Asamblea Legislativa deberá aprobar con diligencia aquellas normas encaminadas a robustecer el marco legal de las políticas de seguridad pública y proveer, con los votos de las bancadas, los recursos necesarios para financiar las medidas extraordinarias. Asimismo, la FGR, que pareciera estar en la ruta de acompañar los requerimientos del nuevo momento que vive el país, debe fortalecer las capacidades de investigación del delito, y continuar armonizando la coordinación con policía y ejército.

Con este enorme esfuerzo nacional de generar unidad de todos los sectores e instituciones para enfrentar y derrotar la criminalidad, contrasta y chocan los graves hechos conocidos en los últimos días a través de investigaciones periodísticas -reconocidas y aceptadas por los involucrados- en torno a reiterados diálogos, pactos, compromisos y negociaciones de delegados de ARENA con todas las pandillas.

En esas investigaciones periodísticas queda demostrado que ARENA a cambio de votos se comprometió con las pandillas a que de ganar las elecciones cerraría el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, ofrecería interpretaciones legales –quien sabe cómo– para aliviar las penas por sus crímenes para que no fuesen considerados como “colectivos”, les consultó la propuesta de un posible ministro de seguridad y ejecutarían el acuerdo, pactado previamente ante testigos, para generar “estabilidad” durante los cinco años que esperaban gobernar a cambio de condiciones que permitieran el crecimiento y consolidación de estos grupos criminales.

Ante estos hechos, y el boicot constante por parte de ARENA a todas las iniciativas legislativas y de gobierno para reducir la criminalidad, se cuestiona la verdadera voluntad de este partido para contribuir a erradicar la violencia; incluso, con el respeto de su militancia que ha resultado engañada con un doble discurso evidentemente con fines electorales, no sería descabellado pensar que podría estar inclusive detrás de los intentos de desestabilizar a la sociedad mediante el crimen, lo que resultaría hartísimo condenable. Del audio-vídeo publicado puede presumirse hasta que estos criminales recibieron financiamiento de ARENA. Surgen dudas razonables que deben ser esclarecidas.

Unamos los puntos: a) ARENA llegó de rodillas, por lo que llaman en el audio-vídeo una mala asesoría de campaña –el spot del llorón-, buscando un acuerdo con las pandillas al haberles fallado en sus promesas, las que debían reflejarse en el discurso del candidato y en un pacto antes de la primera vuelta; y b) en la segunda vuelta, un mes después, obtuvieron un crecimiento de votos considerable. Además, han sido reiterados los vínculos públicos de dirigentes de este instituto con cabecillas de la comunidad Las Palmas, o la relación de éstos con las alcaldías de Apopa e Ilopango; personas de seguridad para funcionarios, asignados al mismo partido, han sido detenidos por pertenecer a estos grupos criminales y hay concejales procesados por los mismos delitos. Todo esto exige una investigación urgente de parte de la FGR, pues para el país debe quedar claro cuál fue o es la agenda negociada por ARENA en esos encuentros con los cabecillas de las pandillas.

El Salvador necesita partidos políticos fuertes que permitan llegar a acuerdos que tengan por único horizonte el interés nacional. El poder no debe ser perseguido a todo costo, hay límites, la coherencia y el respeto por la vida de la gente son algunos de ellos.

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