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Editorial & Opinion

El miedo a la imputabilidad

Juan José Monsant A. / Exembajador venezolano en El Salvador

sábado 2, septiembre 2017 - 12:00 am

Curioso el caso de Guatemala, sin precedente en el continente, quizá con excepción de Brasil, pero diferente en su gestión. Brasil es el único país de América del Sur que ha juzgado a cinco presidentes en ejercicios de sus funciones: Fernando Collor de Melo, Dilma Rousseff, Luis Inácio da Silva “Lula”, Dilma Rousseff y Michael Temer. Cuatro comparten la suspensión de sus funciones por actos cometidos contra la cosa pública, la utilización de la influencia del cargo, el poder que representa y el respeto reverencial, en provecho económico propio o de terceros interesados. Claro, es un privilegio la información que se posee o que se puede configurar desde esa posición. Como bien afirman los militares: la información es poder. He allí el delito y la confabulación para delinquir. Además se actúa con ventaja y sobreseguro.

Está el caso de Nixon, pero fue una corrupción moral, el objetivo de su ilegalidad no fue el enriquecimiento personal, sino la consecusión de información por medios prohibidos en provecho de su partido.

A Clinton casi lo pillan, pero igualmente por desorden moral, el haber mentido al Congreso ante una pregunta concreta que se le hiciere; no por sus tentaciones lúbricas, que al fin de cuenta es un instinto descontrolado. Y está el caso de Carlos Andrés Pérez (CAP) en Venezuela, destituido en el ejercicio de su segunda presidencia, por venganza de sus adversarios internos, y por el sector empresarial dominante que se negó asumir los cambios del modelo rentista venezolano, por continuar disfrutando de su  actividad empresarial sin competencia.

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El delito de CAP no fue la corrupción administrativa en provecho propio, sino el desviar una partida presupuestaria destinada a un objetivo a otro. Ese otro objetivo fue el costear los gastos de seguridad de Doña Violeta Barrios de Chamorro al inicio de su ejercicio presidencial. Y allí, escudriñando, sus enemigos políticos, empresariales y la izquierda resentida, se le colgaron como perros de presa, a pesar que en Nicaragua, en ese momento, se jugaba la existencia de la viabilidad democrática continental. Las consecuencias de esa mezquindad y codicia, aún las paga Venezuela con sangre, sudor y lágrimas, muchas lágrimas, y se extendieron al resto del continente.

Pero Guatemala ha marcado una pauta histórica en el continente; un hito en la larga cadena de presidentes proclives al enriquecimiento personal. Quizá por ello, cansados del desprestigio, el surgimiento de la antipolítica como consecuencia de la desesperanza, bajo el mandato del presidente Oscar Berger (2004-8) se creó el 12 de diciembre de 2006 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en colaboración con las Naciones Unidas, que entró en funciones una vez obtenido el visto bueno de la Corte Constitucional y del Congreso de la República, en mayo y junio del 2007 respectivamente.


Ha dado sus frutos, y generado confianza al punto que, a pesar de las tentaciones, todos los presidentes han solicitado su prórroga, inclusive el actual Jimmy Morales, quien llegó llegó al poder bajo la consigna “Ni corrupto ni Ladrón”, simple, directa, esperanzadora. Hasta el momento que la Comisión le abrió una investigación a su hermano y a su hijo, por actos de corrupción ocurridos, eso si, antes de su mandato; y ahora, al propio presidente, por presunto financiamiento fraudulento para su campaña electoral, ante lo cual Morales reaccionó ordenando la expulsión del país del mismísimo comisionado Iván Velásquez. Y la población estalló en respaldo del Comisionado y de la Fiscal Nacional, creando una verdadera crisis nacional al iracundo Presidente.

El hecho es que no existe argumentación alguna para que un gobierno, cualquier gobierno de nuestra región, que atraviese de crisis de credibilidad, no asuma la decisión histórica de constituir una Comisión Internacional contra la Impunidad que devuelva a la población confianza en sus dirigentes políticos, sus partidos y sus instituciones republicanas privadas y públicas, que garanticen la gobernabilidad y con ella, la prosperidad en la seguridad jurídica. No hay que temer a la honestidad ni a la trasparencia, a menos que se tengan segundas intensiones. Es cuestión de continuidad nacional.




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