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OPINIONEn El Salvador: Pablo N. de 17 años fue encontrado responsable del homicidio de Juan Carlos Rivera, de 34 años; y Luis Alfredo Soriano, de 32, durante un asalto por lo que un juzgado de menores le impuso diez años de internamiento en un centro de internamiento de menores.  En Estados Unidos: Marcus Rutter, de 17 años, fue encontrado culpable del homicidio de la maestra Nicole Mathewson, de 32 años, a quien mató en un asalto en su vivienda, crimen ocurrido en 2014 y un juez de Pensilvania le impuso 54 años de prisión. Ambos tenían 17 años y cometieron crímenes similares. Pablo N. recupera su libertad a los 27 años y probablemente para entonces sea todo un experto en el arte de delinquir. Durante diez años se la pasará en un centro de menores donde aprenderá de otros delincuentes y probablemente enseñará a otros sobre lo que él sabe. Matar. Marcus Rutter, si tiene suerte saldrá libre a los 71 años, seguramente arrepentido, sin fuerzas para cometer otro crimen y se la pasará durante 54 años encerrado pagando por un crimen que no debió cometer.

La diferencia entre Estados Unidos y El Salvador, guardando las distancias económicas, culturales y sociológicas, es que la nación norteamericana no es suscriptora de los convenios internacionales de la niñez y El Salvador si es firmante de dicho convenio, lo que ata a nuestro país a tratar con demasiada complacencia a los criminales juveniles.

Estados Unidos tiene autonomía para castigar a los adolescentes delincuentes. En algunos Estados se contempla la cadena perpetua y hasta la pena de muerte para menores de edad que han cometido horrendos crímenes. En el país un adolescente pudo haber participado en una masacre o haber cometido individualmente decenas de muertos y la legislación de menores solo permite imponerle una sanción máxima de 15 años de internamiento. Lo inexplicable es que en el país si un adolescente de 17 años es sancionado con 15 años de internamiento se la pasará hasta los 32 años internado, compartiendo con adolescentes de 15 a 17 años. No hay un régimen de separación o intermedio para  los adultos que fueron mandados a internamiento siendo adolescentes. Igual permanecen juntos un interno de 30 años con un adolescente de 15. Uno enseñando y otro aprendiendo a delinquir.

Desde luego a Estados Unidos, una nación poderosa, autosuficiente y soberana, le sobran los convenios internacionales, mientras que nuestro país, tercermundista y dependiente de la ayuda internacional y de las políticas de Estado de otras regiones del mundo, tiene que someterse a los convenios sin importar si nuestra realidad es distinta a la de otros países suscriptores.

La ley penal juvenil de El Salvador, elaborada por la Asamblea Legislativa y guardando como base el no sobrepasar los convenios internacionales de la niñez y adolescencia, es excesivamente garantista de los derechos de los menores criminales. Incluso, para algunos legisladores y aplicadores de justicia, tratarlos de menores de edad es ofensivo o impropio, porque según ellos el término menor denota inferioridad. Esto es una aberración. Quienes aún no alcanzan los 18 años de edad en El Salvador son menores de edad y punto. Nada hay de malo en referirse a ellos como menores, según lo establecen los centenares de diccionarios del español.

Volviendo a la comparación entre Estados Unidos y El Salvador en cuanto al trato a los criminales adolescentes, podemos decir que desde el punto de vista práctico y legal, la justicia se desbalancea en cuanto al valor de la vida. Que un menor mate a un salvadoreño es poca cosa, pues he visto sanciones de hasta cinco años de internamiento por una muerte: mientras que en Estados Unidos, son normales las condenas de más de 30 años para menores homicidas.

Desde luego no solo hace falta endurecer las penas contra los criminales, al margen de su edad, también se trata de crear una política de oportunidades y prevención. Hay que ser duros contra los criminales juveniles, pero también hay que crear acciones de prevención acompañadas de oportunidades de superación. A nuestra niñez y adolescencia hay que cuidarla, protegerla y darle la oportunidad de que vivan en condiciones normales de su edad y contexto. Sin embargo, cuando un menor comete delito, hay que castigarlo con severidad. Estados Unidos puede ser nuestro  modelo de justicia juvenil.

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