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OPINIONEn El Salvador siempre se dijo que el presidente de la República tenía el mejor cargo público al que podía aspirar cualquier ciudadano. Se contaban muchas anécdotas sobre quiénes después de ser presidente resultaban multimillonarios, con la característica de que no necesitaba volver a trabajar en su vida. También se contaba que un expresidente tuvo problemas con su esposa debido a un amorío extra marital, y que le fue tan mal, que perdió toda su fortuna debido a que, “por las dudas” el dinero había sido depositado en cuentas a nombre de ella y no lo pudo recuperar.

Efectivamente, este personaje, tuvo que ser beneficiado por sus compañeros militares, que le concedieron un cargo de alguna importancia para que no muriera en la pobreza, cargo que mantuvo hasta sus días finales. Otras historias se refieren a expresidentes que tras ser derrocados, salieron del país, a hacer vida de banqueros en otros países centroamericanos, en donde se radicaron con posición social nada despreciable. También se tuvo la experiencia de un  expresidente que mantuvo el poder más del tiempo estipulado por las leyes constitucionales, con mano de hierro-por lo que fue calificado como dictador- pero que según gente de su época, no robó ni dejó robar.

Murió en la vecina Honduras, en una hacienda de su propiedad pero en la pobreza. Pese a todo ello, cuando El Salvador salió de la época de los militares y entró a gobiernos civiles,  se creyó que el cambio lograría erradicar la “costumbre” de salir del cargo limpio de haber faltado al mandamiento “NO ROBARÁS” que impuso Moisés desde tiempos inmemoriales. La realidad es que pareciera que la práctica de esos malos salvadoreños, lejos de corregirse, se ha ampliado hasta los colaboradores de los cercanos al principal funcionario del ejecutivo, ya que por ahora no solo el presidente logra hacer su “agosto” sino que sus cercanos colaboradores también.

De alguna forma, los mismos políticos encargados de controlar y preservar los tesoros del Estado, se han encargado de desnaturalizar los sistemas de protección del tesoro, despilfarrando los bienes ajenos, que ahora tanta falta le hacen al estado para cumplir sus compromisos financieros. Tales conductas nos traen a la memoria finiquitos “exprés”, viáticos cobrados de viajes no realizados, auto invitaciones para viajes “de trabajo” que han terminados en viajes turísticos, y muchos gastos no justificados que de alguna forma son frecuentes en los niveles de alta dirección del poder del Estado.

Ciertamente que  lo que hasta ahora hemos visto no debería extrañarnos, pero ver involucrados a tres expresidentes de nuestro reciente pasado en problemas con la justicia no es ninguna circunstancia que enaltezca a los gobiernos ni al pueblo salvadoreño. De ahí que consideramos que es hora de que nuestro país mejore la nota de la honradez pública (y la privada) porque en la actitud moral, en nada difiere la conducta de un “marero” con la de un  político que le roba a su pueblo. Cierto es que para la ley toda persona es inocente mientras no sea condenada en juicio, pero para muchos, lo que tenemos a la vista, exige una conducta de rigor por los encargados de proteger los bienes nacionales.

A estas alturas de la historia de El Salvador, ya no es posible tolerar estos descarados y disimulados robos que han llegado a niveles de escándalo inconcebible. Es verdadero el hecho de que los acusados tienen derecho a defenderse y probar su inocencia. Pero también es importante separar estos juicios de la política partidarista. A nadie importa si un reo es de un partido o de otro. Lo importante es que se haga justicia y se recupere lo defraudado, y se castigue en su debida medida y correspondencia, a quien resulte culpable. Los bienes que se han mostrado de algunos ex funcionarios, no corresponden a los ingresos legales que han tenido en sus salarios normales. El Estado tiene que admitir un mea culpa en relación a estos irregulares  desmedidos gastos y responder también por estos irregulares controles.

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