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A medida que las investigaciones avanzan y las conspiraciones surgen, observamos cómo continúan saliendo casos de nepotismo, donde algunos funcionarios, aprovechándose de su investidura, contratan a sus agnadas más próximas, teniendo como base meritoria el “parentesco” y no las cualidades ni capacidades que ciertos puestos públicos requieren.

Como el caso donde fue nombrado director ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) el señor Mario Guillermo Miranda, desde junio de 2014 y, además, fue quien contrató en esa fecha a Douglas Alexander Flores Maldonado, hijo del diputado Santiago Flores, dirigente del partido en el Gobierno, en una plaza nueva como supervisor de delegados de la institución.

Sin embargo, antes de ser el director ejecutivo, el señor Miranda también combinó desde 2011 sus funciones de asesor de la fracción FMLN con la de miembro propietario del Consejo Directivo de la AMP, algo que tampoco es permitido por la normativa que rige a esa autónoma. De tal forma que los dirigentes políticos actúan en sus puestos como si se tratase de una sociedad mercantil, donde los propietarios a discreción pueden designar en cargos claves a sus hijos o parientes.

Al fin y al cabo si la empresa fracasa o, en el peor de los casos quiebra, solamente se habrá perdido la invasión particular, lo cual no afecta el bolsillo de los salvadoreños que pagan de manera honrada los impuestos. No así cuando se contrata en cargos públicos, dado que la ley señala una gran cantidad de requisitos para el contratante, ya que se busca la persona más calificada, y esto es así porque la erogación del salario sale del bolsillo de los salvadoreños.

Otro caso de nepotismo se pudo observar recientemente, o sea, salió a luz pública y se trata de la hermana de la diputada Maité Iraheta Escalante, por el partido ARENA, la cual se vio obligada a renunciar a la plaza que mantenía en la Asamblea Legislativa, donde recibía un jugoso salario mensual de $1,800.

Dada la presión que hiciese la presidente de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por la prohibición expresa del artículo 6, literal h de la Ley de Ética Gubernamental, que establece las prohibiciones siguientes: “Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”.

De manera que el artículo 6, literal h de la Ley de Ética Gubernamental, se aplica a cada una de las instituciones del Estado, por tanto, se vuelve imperioso que la ciudadanía, las fuerzas vivas y la juventud salvadoreña, protesten y presionen para que las autoridades constituidas legalmente le den cumplimiento a las normas vigentes, a fin de que no se valgan de sus puestos para asignar de dedo a sus parientes, ya que ello va en detrimento de aquellos salvadoreños que no tienen empleo, no obstante si poseen las credenciales para poder optar a cargos de función pública. Dado que es moralmente reprobable que se contraten únicamente a las personas que llevan una referencia partidaria o la recomendación de un funcionario o qué decir de las elecciones de segundo grado donde se vuelve imposible que un simple mortal compita con otra persona que tiene el apoyo partidario, lo cual ha sido la costumbre en la Asamblea Legislativa, donde las fracciones políticas se pelean hasta la última plaza para colocar a sus parientes, amigos y correligionarios, todo con el afán de mantener centralizado el poder y la autoridad; pero ya es hora que despertemos los salvadoreños y hagamos presión a la clase política, para que los parientes de los funcionarios públicos inicien el éxodo de esas instituciones, y las puertas se puedan abrir finalmente para que Juan Pérez pueda optar a esos cargos públicos, sin compromisos partidarios ni promesas que cumplir a los que votaron por él, ya que una vez en el cargo de función pública, todos se deben al pueblo y a los usuarios y no a los partidos que los eligieron.

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