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La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En su estructura deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la voluntad nacional. En tal virtud, el Estado y la sociedad deben propender por hacer cumplir los fines, fundamentos y responsabilidad del Estado en materia de paz.

Nuestra Constitución, inspirada en fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, define los fines esenciales del Estado, entre otros, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

La paz no es sólo la ausencia de la guerra; debe ser el producto del entendimiento y la comprensión de todo el pueblo, y resultado de la solidaridad, de la transparencia y de la protección y defensa de los valores y principios de toda gestión, del cambio de actitud y compromiso de todos los salvadoreños sin distinción.

Una paz sólida sólo se construye con un proceso ordenado, continuo, gradual, solidario, responsable y participativo. Si antes se concibió el alcance de la paz como el gran propósito nacional, ahora requiere del apoyo irrestricto de toda la nación, por encima de todo tipo de consideración, y bajo el entendido de que ella le compete y compromete a todos los salvadoreños.

Aparte del valor intrínseco de la vida y la seguridad como derechos fundamentales, la criminalidad que azota nuestra nación genera costos directos representados en pérdidas de capital humano, además de causar incertidumbre que se traduce en costos indirectos adicionales, tales como el desvío de la inversión, y la asignación de los escasos recursos, dedicados a combatir la violencia y protegerse de ella. Así mismo, la criminalidad contribuye a incrementar los costos de transacción de la economía y disminuye su productividad, convirtiéndose en freno al crecimiento y desarrollo de la nación

La situación de aguda crisis como la que padecemos, y en la que se está deteriorando el orden público, político, económico y social, requiere tanto de medidas inmediatas especiales para su restablecimiento, como de instrumentos institucionales que se manejen bajo reglas especiales, que permitan recuperar, sin odios ni apasionamientos, la convivencia y la tranquilidad.

Hemos llegado a un estado “anormal de normalidad”, por lo cual deben adoptarse instrumentos de carácter extraordinario, que con apego a la Constitución, y frente a la situación de zozobra e incertidumbre que vive el país, se utilicen para canalizar la acción inmediata del Estado que le permita recobrar la normalidad.

No son pocos ni simples los dolorosos momentos de perturbación y violencia que vive y ha vivido el país; la violencia y el odio se empeñan en no desaparecer, la intolerancia se fortalece, la carencia de oportunidades se incrementa y la vida pierde su valor.

Este es el momento de crear y diseñar instrumentos públicos y privados que permitan desarmar el accionar de los salvadoreños al margen de la ley, eliminar las diferencias, reconstruir el tejido social, hacer de los pueblos y ciudades espacios más amables y seguros, crear oportunidades en todos los frentes del desarrollo humano, recobrar el orden e imponer la justicia.

Alcanzar y mantener la paz exige la participación democrática de todos, el compromiso solidario de la sociedad y la concertación de políticas y estrategias coordinadas Estado-Sociedad para lograr sus fines.

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