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El origen del poder se encuentra en el contrato social, que es el compromiso pactado que un pueblo o comunidad de hombres formula para auto organizarse, creando con la suma de voluntades de todos los ciudadanos un poder superior que ordena y que manda. Este poder así creado y organizado define qué hacer y qué no hacer; o sea, manda, prohíbe o permite. El contrato social formula mandatos sobre la conducta humana y se torna en un poder ordenador y normativo. Se basa en el consentimiento de una pluralidad de hombres libres que acepta la regla de la mayoría y, por ende, ser guiado por ella. Los hombres acuerdan unirse e incorporarse en una sociedad. Para conseguir sus fines la entidad así creada, requiere de un poder organizado, es decir, que las personas físicas en que se encarna el poder configuren el gobierno del Estado.

El Gobierno, precisamente es, el que organiza, dirige y se responsabiliza del ejercicio del poder, que detenta.

Por otra parte, en la sociedad actual el sistema político es pluralista y, en tal sentido, representa esta connotación en la existencia de partidos políticos de diferente signo ideológico, lo que responde a los lineamientos de la democracia representativa. Así, la forma de gobierno en la República implica esa diversidad y se vuelve efectiva en el sistema de separación de poderes.

A este respecto el jurista argentino German Bidart Campos, dice: “El principio fundamental de nuestro sistema político es la división del gobierno en tres grandes departamentos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, independientes y soberanos en su esfera” “forzosamente las atribuciones de cada uno les son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los altos poderes públicos y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”. La doctrina de la limitación de los poderes es la esencia de ese sistema de gobierno en un Estado Constitucional y democrático de derecho, que impone la supremacía de la Constitución y excluye la posibilidad de la omnipotencia legislativa. Este aspecto es clave para comprender las facultades del poder constituyente derivado del Art. 248 de la Constitución de El Salvador.

Ningún órgano puede invocar origen o destino excepcional para justificar el ejercicio de sus funciones más allá del poder que se le ha conferido, Ej. Considerarse el primer Poder del Estado o reivindicar el hecho de la elección popular para exigir posiciones de jerarquía política. Ningún Órgano del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido otorgadas expresamente o que deban considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas de las expresamente manifestadas. De lo anterior expuesto se concluye que debe respetarse y funcionar el principio de independencia de cada uno de los “poderes” con respecto a los otros.

La limitación de todos y cada uno de los poderes, se enmarca en la esfera propia de competencia adjudicada; y además, debe tener en cuenta la esfera de competencia ajena, los derechos de los habitantes, y el sistema total y coherente de la Constitución en sus dos partes, dogmática y orgánica. El sistema debe interpretarse y manifestarse de manera armónica y compatible entre uno y otro poder y con el contexto integral. El control de constitucionalidad, a cargo de los jueces, no es una superioridad del Órgano jurisdiccional sobre los otros poderes, sino que es un control o defensa de la Constitución, en sí misma, cada vez que padece transgresiones.

Es relevante insistir en esta reflexión por el debate suscitado en torno a las discrepancias que surgen entre Poderes, por ejemplo, en torno a la problemática electoral en el que se han formado bloques ideológicos y de opinión contrapuesta en relación al posicionamiento de la Sala de lo Constitucional como máximo intérprete de la Carta Magna. Más allá de quién se impuso a quién, lo que corresponde es admitir que si bien las resoluciones de ese tribunal constitucional son de obligatorio cumplimiento, también lo son las que pronuncian las Cámaras, los juzgados de primera instancia y de paz, pues todas deben verificar y analizar si la Constitución ha sido salvaguardada o protegida al momento de emitir sus fallos.

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