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Un promedio de 5.1 salvadoreños  desaparecen cada día y en El Salvador estar desaparecido equivale, en un 95 % de los casos, a estar muerto por obra y gracias de los grupos criminales, llámense pandillas, narcos o sicarios.

La mayoría de desaparecidos son hombres cuyas edades oscilan entre los 15 y 30  años y sus cadáveres son encontrados alrededor de seis meses después de su desaparición en barrancos, pozos artesanales y en fosas clandestinas cavadas por los mismos asesinos.

En muchos casos los cadáveres son enterrados como desconocidos, porque nadie los identifica. Un reportaje de Diario El Mundo, publicado el lunes pasado, señala que al menos 143 cadáveres no fueron identificados en los primeros cinco meses de 2015 y de esa cantidad unos 100 habían muerto de manera violenta y muy posiblemente están en la lista de desaparecidos. Actualmente en Medicina Legal hay osamentas que no han sido identificadas y todo indica que serán enterradas sin que se sepa la identidad de la persona asesinada.

En los primeros cinco meses del  año las autoridades de Medicina Legal registran oficialmente a 769 salvadoreños desaparecidos y al parecer esa cifra se queda corta, porque existen muchos casos no denunciados. En ocasiones los parientes no denuncian las desapariciones porque albergan la esperanza de que todo se trate de un mal entendido y que en un día menos pensado su familiar reaparezca vivo, aunque sea preso u hospitalizado. Esto hace entender porqué solo en 114 municipios se tienen registros de desaparecidos. Es decir, en 148 no hay reportes oficiales de desaparecidos, aunque hay jurisdicciones como: Panchimalco, Olocuilta, San Luis Talpa, Nahuizalco y otros, donde no hay casos reportados, aunque sí ha habido de-sapariciones.

Algunos criminólogos opinan que las desapariciones son manejadas al antojo de los grupos criminales, porque cuando bajan la cantidad de homicidios aumentan los desaparecidos, dando con ello una sensación de que hay menos muertes violentas y de esa forman los líderes de estos grupos presionan a través de sus “voceros” para exigir mejores tratos en las penitenciarías. Es posible que así sea, pues cuando el gobierno anterior avaló la “falsa tregua” bajaron los homicidios pero sufrieron un alza exponencial los desaparecidos, muchos de los cuales siguen en esa condición. En el país hay personas que desaparecieron hace más de cinco y hasta diez años y todavía sus cadáveres no han sido encontrados.

Los criminales que hasta se dan el lujo de contar con “intermediarios” y personas que hacen las veces de sus “voceros” jamás se han dignado en dar a conocer los sitios donde tienen cementerios clandestinos. Las veces que se han hecho  excavaciones para extraer cadáveres, es porque la Fiscalía y la PNC han logrado esa información con testigos  criteriados y/o protegidos.

La cifra de las personas que no han sido encontradas es de miles. Hombres, mujeres, adolescentes, niños y hasta ancianos yacen como no encontrados, acrecentando el dolor de muchas familias. Cuando una persona desaparece la angustia es permanente. Las familias, especialmente los padres, hijos y hermanos, viven sumidos en una angustia y en una depresión constante que ha llevado a muchos a enfermarse gravemente.

En el país, salvo la ayuda psicológica que ofrece Medicina Legal a los familiares que acuden a denunciar desapariciones, no hay otra institución que apoye a los familiares de los desaparecidos. Algunas organizaciones no gubernamentales apoyan a los criminales retirados y a sus familiares, pero nunca a estas personas que día y noche sufren por la incertidumbre de no saber si su pariente está vivo o muerto.

En las propuestas del Consejo de Seguridad y Convivencia Social y de las mismas autoridades gubernamentales, brilla por su ausencia la creación de alguna organización que ayude a los parientes de las personas que han sido desaparecidas por los grupos criminales. Ni siquiera contemplan la idea de exigir un alto a las desapariciones. Así de ingrata es nuestra realidad.

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