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Editorial & Opinion

El país de los trámites

Rafael Domínguez / Periodista

miércoles 4, julio 2018 - 12:00 am

El Salvador, al igual que sus similares de la región, se ubica entre las administraciones públicas y privadas con alta cantidad de trámites, comparados con el mundo, lo que se traduce en alto nivel de burocracia. El trámite es sin duda una de las herencias más difíciles de cambiar de la era del virreinato español, que incluye sellos, firmas, papeles y papeles, copias y formularios para mover al aparato estatal en función de las necesidades ciudadanas.

Nuestro país posee más de 3000 trámites oficiales en toda su institucionalidad, algunos más engorrosos que otros, unos más lentos que otros, unos mucho más digitales que otros. En los últimos años la lucha ha sido, identificarlos, comprenderlos y tratar de revertirlos, hasta hemos creado con el apoyo del Fomilenio el ahora importante Organismo de Mejora Regulatoria que tiene a su cargo dicha tarea, pero sin duda es trabajo duro cuando son esos trámites muchas veces la justificación de la existencia de una institución o una dependencia.

El gobierno siempre quiere controlarlo todo y los reglamentos para ello incluyen procesos que en la práctica harán que el control mate el crecimiento; de hecho, la formalidad empresarial es solo del 25% en el país, ¿por qué? Porque para la gente son tantos y tan costosos trámites que se desincentiva a siquiera buscar una relación con la institucionalidad, se piden fotocopias de documentos públicos, de documentos de identidad que están en poder del Estado, se construyen expedientes con papeles y papeles que demuestran o libran de culpa al funcionario si hay un elemento falso y la tramitología crece; se piden solvencias, recibos, más papeles, muy pocas veces el trámite lo hace el Estado y es en su totalidad responsabilidad del solicitante; otras es indispensable la presencia física de la persona solicitante y otras ni con poder especial judicial se moverá nada.

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En esta historia de trámites y requisitos perdemos todos; por ello debemos buscar la simplificación, la reducción y otra manera de ver las cosas; en primer lugar, el trámite o exigencia la impone la institucionalidad, por lo que ella debería resolverse sobre sí misma en la necesidad de comprobar o verificar información del contribuyente o solicitante; un ministerio o institución del Estado no debería pedir nunca una copia de un DUI si el acceso a la base de datos ciudadana estuviera abierta y de consulta, con lo que el Estado mismo verificaría si alguien tiene identidad real y vigente; tampoco debería pedir solvencias de policía o de centros penales, pues son consultas públicas que cualquiera debería poder revisar si tiene interés en comprobar algo, de tal manera que el ciudadano solo presente y llene formularios con números de identidad o de correlativos de documentos y listo; es el Estado el que en sus intestinos debería interrelacionar su información para corroborar y aprobar, crear un expediente único por persona solicitante y guardar simplemente los formularios de solicitud, aprobación o negación de lo solicitado.  Hay trámites de trámites y deben identificarse los verdaderamente importantes, buscar siempre favorecer en tiempo y esfuerzo al ciudadano, eliminando de sus espaldas responsabilidades que no le corresponden y a lo que la tecnología podría resolver con un simple click o match en bases de datos del Estado.

Eliminar el sello debe ser un objetivo, pues en realidad es cosa del pasado, no tiene ni legalidad ni valor probatorio, es simplemente resabio del pasado, pues vale hoy mucho más su firma electrónica y los números correlativos de sus documentos de identidad que un dibujo con tinta azul. Hay que trabajar también en eliminar el cobro oculto detrás de los trámites, porque por cada certificación de documento hay un abogado que cobra, y cobra por simplemente validar un papel que es conforme a su original; muchos de los trámites son el negocio del notariado que, con el perdón de los abogados, burocratiza y limita el avance de los negocios. Cada institución se ha convertido en archivo interminable de papeles y cada uno repitiendo esos papeles, copias y más copias, mientras el ciudadano va de un lugar a otro para llevar y retirar sellos, firmas, aprobaciones y hacer el trabajo que internamente las instituciones deberían hacer para cumplir con un plazo y un proceso, que el ciudadano debería esperar tranquilamente a que le sea entregado.


Modificar la tramitología, a mi modo de ver las cosas, necesita dos cambios fundamentales: 1. La mentira debe ser considerada un delito (esto haría que la información brindada sea considerada real desde el inicio de todo trámite) y 2. Obligar a las instituciones a digitalizar sus bases de datos y compartirlas con toda la institucionalidad para que internamente todo trámite sea completado desde dentro y no por el contribuyente.

Si mejoramos en la tramitología habrá mejores negocios, más inversiones, más impuestos y ciudadanos motivados por un estado que les ayuda y no que los perturba con tanto trámite.




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