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Editorial & Opinion

El país está en venta

Juan José Urbina / Economista Senior de Icefi @Juanjourbina

viernes 13, julio 2018 - 12:00 am

Hace unas semanas observábamos como el partido ARENA promovía una ley para el manejo del agua, en concordancia con sus intereses empresariales, y su ideología política de «libre mercado», lo cual no es de extrañar. Sin embargo, que se concretaran los rumores que el FMLN promoverá una ley para la creación de zonas francas –Zonas Económicas Especiales (ZEE)– es una aberración política y, hasta ahora, su mayor incoherencia ideológica.

Las ZEE, como les han llamado en El Salvador, son casi una copia a carbón de las Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que tuvieron su origen y fueron propuestas en Honduras hace ya algunos años. En ambas, se pretende básicamente hacer la concesión de un territorio determinado para convertirlo en una zona franca ampliada, en donde las actividades económicas estarán excluidas de pagar impuesto alguno por hasta 25 años. E incluso, en estas zonas se pueden conceder ciertos niveles de autonomía o soberanía sobre las leyes que se enmarcan dentro de dichos territorios. Por lo cual, puede decirse que son una zona franca recargada.

En Honduras las ZEDE han sido la promesa bandera de Juan Orlando Hernández (JOH), de quien debemos recordar, logró ser reelecto manipulando la Constitución de la República y mediante un proceso electoral plagado de irregularidades. Es preocupante que en El Salvador uno de los promotores sea Sigfrido Reyes,  señalado por enriquecimiento ilícito, y a quien la cúpula del FMLN lo ha blindado otorgándole en su peor momento un cargo diplomático. Es decir, en Honduras no es sorpresa que JOH busque su propio beneficio y el de sus allegados, al tiempo en que se legisla impunidad en un Estado capturado por la corrupción y el clientelismo. Sin embargo, el FMLN, en plena debacle política por alejarse de su ideario, está firmando su muerte con esta iniciativa.

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Dejando de lado los actores que se encuentran detrás. La iniciativa se vende como la solución a los problemas estructurales de bajo dinamismo económico y desempleo del país –específicamente de la región sur oriental–. No obstante, es enfrentar la enfermedad con la misma medicina que se ha venido utilizando. Por lo que en principio podríamos esperar el mismo mal resultado.

De llegar a aplicarse esta medida, estaríamos acrecentando los problemas: se estaría erosionando aún más, los ya desgastados ingresos públicos; se incrementaría el gasto tributario injustificado, dado que la iniciativa carece de estudios de rigurosidad técnica que estudien su efectividad y que permitan un análisis coste beneficio de su implementación. Pero en mayor gravedad, estamos regalando territorio a cambio de la “generación de empleos”, aunque éstos sean de salarios paupérrimos como lo son los salarios de maquilas. Esto último sobre todo, no puede ser una política de un Estado -o de un partido político- que pregone que su fin último es el bienestar de la población.


Por último ¿qué va a pasar cuando Honduras decida aplicar exactamente la que fue su idea original, y cuando a esto sucesivamente le siga Guatemala y/o Nicaragua? La carrera por atraer inversión únicamente con privilegios fiscales, nos dejará sin la posibilidad de hacer mejoras estructurales que no solo beneficien a la población, sino que también permitan la atracción de inversión de calidad. Como ha sido señalado por organismos internacionales, los principales factores críticos para la atracción de inversión son: acceso a consumidores, ambiente político social y estable, calidad y confiabilidad de la infraestructura y servicios básicos, capital humano con nivel de tecnificación y bajos niveles de corrupción. Pero para esto se requiere un Estado y finanzas públicas fuertes, que puedan promover dichas condiciones.

En definitiva, las soluciones que requiere el país, no pasan por vender sus territorios y la mano de obra de su gente, a un precio de descuento. Para fomentar un crecimiento económico inclusivo y mejores condiciones de vida de la población, se necesita repensar y plantear nuevos acuerdos sociales. En los próximos días el Icefi estará por presentar a la sociedad salvadoreña una propuesta  “Por un acuerdo fiscal justo, transparente e incluyente”. Con éksta se espera iniciar un proceso de reflexión colectiva en la que participen la mayor cantidad de actores, de forma que se concerte una política fiscal para allanar el camino al desarrollo, que sea reflejo del tipo de sociedad y de Estado que la mayoría de salvadoreños deseamos.




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