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Editorial & Opinion

El poder de los poderes

Roberto Cañas López/Académico, firmante de los Acuerdos de Paz

Miércoles 7, Septiembre 2016 - 12:00 am

OPINION

“Las sentencias desde el principio han venido tratando de modificar el sistema político del país, de hecho, los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional se quieren ver y quieren que todos nosotros los veamos y los aceptemos como el poder de los poderes del país y eso no puede ser”, afirmó recientemente el secretario del FMLN, Medardo González.

No es la primera vez que el secretario del partido oficial se expresa de forma tan primitiva. En un programa de televisión, hace pocos días, dijo que “Si el FMLN encontrara el acompañamiento político de las otras fuerzas buscaríamos la manera de dar un sacudón, de detener a la Sala. No cumplir esas sentencias”.

Estas dos declaraciones, hacen parte de una serie de afirmaciones que sorprenden por el tono en que se dicen y por quien las dice, y evidencian un vacío ideológico e intelectual grande.

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Generalmente el poder político se identifica en sistemas de democracia representativa con el poder de los órganos del gobierno: el legislativo, ejecutivo y judicial, pero al hablar de política real, lo que interesa dilucidar es ¿quién manda en El Salvador? Establecer ¿en manos de quien está el poder?

El presidente, por mucha autoridad que tenga, no tiene tanto poder como los poderes fácticos. Hay que decirlo claramente: Quien tiene el poder económico, tiene el poder político. Los poderes fácticos son “la suma de los factores reales de poder que rigen en un país”.

Hay también poderes fácticos exteriores que condicionan las políticas económicas, de seguridad pública y de lucha contra la corrupción de los Estados. Los gobiernos de los países poderosos y las instituciones financieras internacionales por diversos medios, ejercen presión sobre las decisiones nacionales y suelen imponer sus condiciones para después dar cooperación.

Definitivamente, el poder real no está en la Sala de lo Constitucional, para nada es el poder de los poderes. Los magistrados de la Sala hacen lo que les corresponde por mandato constitucional: conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes decretos y reglamentos presentados por los ciudadanos, así como los procesos de amparo, habeas corpus y las controversias entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo a los que se refiere la Constitución.

Claramente lo dice el Centro de Estudios Jurídicos: “No se vale lavarse las manos en la Sala. No se trata de defender a ciegas a quienes hoy por hoy conforman la Sala de lo Constitucional, ni de estar siempre de acuerdo con lo que se resuelve; se trata de defender la institucionalidad y el Estado de Derecho. Y no podemos negar el importantísimo rol que la Sala ha venido desarrollando en los últimos años”.

No está mal, el primer acercamiento entre gobierno y el nuevo presidente del Coena, esto puede ayudar. Pero realmente los funcionarios del ejecutivo deberían reunirse y buscar entendimientos con los miembros del Consejo Nacional para el Crecimiento, pues los integrantes de este consejo son los que tienen el sartén por el mango, cuentan con suficiente poder para impulsar o detener el desarrollo económico y en general, para afectar la marcha de la sociedad. Estos señores poseen la capacidad de diseminar con fuerza sus ideas e informaciones en la defensa de sus objetivos de carácter particular. Pero ojo, hay que demandarles visión de país, de lo contrario no habrá gobernabilidad, ni se podrá sacar adelante al país.

El poder exterior es muy fuerte, hoy prácticamente está en todo y dicta en público y en privado los términos de su agenda para el Triángulo Norte: El Congreso de EE.UU. pondrá fin muy pronto a un largo mes de receso de verano y reanudará sus sesiones con una agenda cargada de importantes decisiones pendientes. Son $750 millones los aprobados por el Congreso, pero no se autorizarán desembolsos, sin antes recibir los resultados de la auditoría del Departamento de Estado sobre el cumplimiento de una serie de condiciones como combatir la corrupción, mejorar la seguridad con énfasis en el combate al narcotráfico, trata de personas y delitos financieros; mejorar la recaudación fiscal, modernizar los sistemas judiciales. Estos son los dictados del poder de los poderes.

Finalmente sin Poder Ciudadano no hay país. El Salvador necesita que personas e instituciones de la sociedad civil se ocupen de los hechos de la administración pública que atenten contra la ética. Es indispensable promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública.  Las personas e instituciones deben comprometerse con los asuntos públicos en pos de un país más democrático e inclusivo.

 




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