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Editorial & Opinion

El presidente, sus ministros y embajadores en misión especial

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

viernes 5, mayo 2017 - 12:00 am

El Órgano Ejecutivo es el encargado de la función administrativa, lo forman el Presidente, el vicepresidente, los ministros y viceministros, y sus funcionarios dependientes (art. 150 de la Constitución). El Presidente es el Comandante General de la Fuerza Armada. La defensa nacional y la seguridad pública deben estar adscritas a Secretarías de Estado diferentes. La Constitución se refiere al ministro de Hacienda como obligado a rendir cuentas dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada período fiscal. Otras carteras se indican en el Reglamento Interior del Órgano Ejecutivo.

Las obligaciones y atribuciones del Presidente de la República se especifican en la Constitución e incluyen: cumplir y hacer cumplir la Constitución; mantener ilesa la soberanía e integridad del territorio; procurar la armonía social y la seguridad de la persona humana; dirigir las relaciones exteriores; dirigir la guerra y hacer la paz; disponer de la fuerza armada; velar por la eficaz gestión y realización de los negocios públicos (art. 168 Cn.). El Presidente no puede salir del territorio nacional sin licencia de la Asamblea Legislativa (art. 158 Cn.).

De manera separada, en el art. 167 Cn., se establecen las atribuciones del Consejo de Ministros, entre ellas: elaborar el plan general del gobierno, elaborar el proyecto de presupuesto y presentarlo a la Asamblea Legislativa, por lo menos tres meses antes de que inicie el nuevo ejercicio fiscal; y conocer de las reformas al presupuesto cuando se trate de transferencias entre partidas de distintos Ramos de la Administración Pública. Las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros son causa de responsabilidad personal y directa de los miembros, aunque hubieran salvado su voto en la sesión del mencionado Consejo, a menos que interpongan su renuncia inmediatamente después de que se adopte la resolución (art. 171 Cn.).

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El ente encargado de velar por la legalidad, de la fiscalización y ejecución del presupuesto, es la Corte de Cuentas de la República (art. 195 Cn.). El Consejo de Ministros es la única autoridad que puede dispensar las faltas de los funcionarios auditados, si ratificase como legales los actos observados y “reparados” por la Corte de Cuentas (art. 197 Cn.), por medio de resolución razonada del Consejo, siempre que la infracción no consista en falta o insuficiencia del crédito presupuesto al cual deba aplicarse un gasto, en cuyo caso además de la suspensión del acto producto de decisión de la CCR, deben mantenerse los efectos de la decisión del ente contralor hasta que la deficiencia del crédito haya sido solventada. No incumbe al señor Presidente de la República, ni a la Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas ni al ministro de Hacienda.

En el art. 236 Cn. se mencionan los funcionarios que gozan de “inmunidad” penal por los delitos que cometan, para quienes deberá declararse previamente que hay lugar a formación de causa, por la Asamblea Legislativa, entre ellos: el Presidente y Vicepresidente, los ministros y viceministros y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; al final de la lista se agrega a los “representantes diplomáticos”. Esta expresión genérica en realidad no comprende a todos los agentes diplomáticos, se refiere a jefes de misión diplomática activos en el servicio exterior, lo que presupone un acuerdo presidencial refrendado por el señor Canciller, y que estén acreditados y aceptados por el gobierno extranjero o entidad multilateral.


Los embajadores y otros funcionarios de carrera incorporados en el Escalafón Diplomático y los embajadores en misión especial o protocolaria no gozan “per se”, del privilegio del antejuicio. No tienen “inmunidad pre-judicial”. Así ocurre en el sonado caso del embajador promotor de las inversiones, aun durante sus eventuales periplos de promoción en el exterior, pues la sede está en el país.

En fin, los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República deben ser refrendados por los ministros o viceministros en sus respectivos ramos, para tener autenticidad legal (art. 163 Cn.), y todos los que provienen del Órgano Ejecutivo en general si exceden las facultades que la Constitución establece serán nulos (art. 164 Cn.).




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