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Editorial & Opinion

El principio de restauración del daño ambiental

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autora: Máster Oneyda Cáceres de Jiménez

viernes 10, febrero 2017 - 12:00 am

El artículo 117 de la Constitución de la República prescribe que es deber del Estado proteger la diversidad del medio ambiente y los recursos naturales. Declara de interés social no sólo la protección y conservación, sino también la restauración de los recursos en los términos que la ley establezca. De ahí que la finalidad esencial del constituyente sea la de prevenir y evitar los daños ambientales, y en última instancia, la de restaurar los que se cometieren. La Sala de lo Constitucional en la sentencia de amparo 242-2001, de fecha 26-VI-2003, ha instituido esto último como un principio que implica el fomento de las actuaciones encaminadas a regenerar los deterioros y degradaciones producidas en el medio ambiente.

En ese sentido, la legislación ambiental regula las diferentes acciones humanas hasta el punto de pretender minimizar o eliminar los impactos ambientales significativos. El artículo 85 de la Ley del Medio Ambiente prescribe que todo aquel que cometa acciones y omisiones que causen daño al ambiente, a la salud humana, o a la calidad de vida de la población, estará obligado a restaurar el ecosistema afectado. En caso de ser imposible, deberá indemnizar al Estado y a los particulares por los daños y perjuicios causados.

De lo anterior se pueden evidenciar los daños ecológicos puros, que son los sufridos por las especies silvestres y los hábitats, las aguas, la ribera del mar y de los ríos. De ahí, cuando se habla de daño, se está aludiendo a los usos de los recursos que amenazan su continuidad para su disfrute por las generaciones futuras. Sin embargo, el daño ecológico puro puede tener alguna repercusión individual, a corto, mediano o largo plazo, lo cual puede dar lugar a la lesión a otro bien jurídico como la salud humana. De ahí que se pueda hablar también de daños ambientales personales.

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La conexión entre el daño ecológico puro y la esfera individual de los sujetos deriva de las ideas de interdependencia e interrelación, en la medida que se concibe a la especie humana como parte de la naturaleza. Desde esta óptica, la distinción realizada entonces entre daños ambientales personales y daños ambientales puros en opinión del autor Andrés Betancor pierde sentido, porque también son considerados daños humanos. De manera que la obligación de restaurar abarca las afectaciones al propio medio como a otros bienes jurídicos como consecuencia.

El Tribunal Ambiental tiene competencia para conocer de aquellas acciones que tengan que ver con afectaciones sustanciales al ambiente y a los derechos de la persona como consecuencia directa de la alteración al mismo. Tal como lo menciona expresamente la Ley del Medio Ambiente en el artículo 102-C, los presupuestos que deberán tomarse en cuenta para la adopción de medidas cautelares, son los siguientes:


Que se esté ante la amenaza o inminencia de un daño al ambiente; b. Que se esté ante la presencia de un daño al ambiente, que pudiese generar peligro o afecte la salud humana y la calidad de vida de la población; c. Que se esté en la necesidad de prevenir un daño a las personas o bienes de los afectados, siempre y cuando éstos se deriven de los supuestos anteriores.

La labor del referido Tribunal es trascendental para garantizar la protección del derecho al medio ambiente, por cuanto para dar cumplimiento al principio que manda el constituyente, al autor del daño ambiental se le obliga a una restauración que implica volver a una calidad similar a la que tenían con anterioridad a la acción dañina; en caso de no ser esto posible, entonces procederá imponer la indemnización a quien corresponda.

Las acciones para restaurar los daños ambientales comprenderán todos los intereses lesionados, tanto los de titularidad colectiva como individual. Se alcanza la realización plena del principio en mención, dado que se cubre todo daño, independientemente de su naturaleza. Sin embargo, queda la inquietud de cuánto tiempo y qué tipo de acciones serán necesarias para que en realidad el ecosistema o bien afectado recupere el estado en que se encontraba. No todos los casos son iguales, en muchos de ellos, quizás, sean los informes técnicos los que dictaminen lo procedente.




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