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Existe multiplicidad de enfoques científicos y políticos en los planteamientos que se  pueden formular para buscar soluciones al complejo caso del Golfo de Fonseca y los espacios marítimos exteriores, así como en lo atinente al Puerto de La Unión, algunos ab initio parecen plausibles y otros infortunados, más allá de las buenas razones que se aduzcan. Nos es dable opinar sobre el marco jurídico constitucional que deberían tener en consideración los que lanzan propuestas; de ello deviene que sean aceptadas u objetadas  ad portas tales propuestas, sin pretender ser poseedores de la verdad o tergiversar ideas ajenas. Levantamos el guante y aceptamos el desafío del debate como defensores del derecho constitucional.

El artículo 84 Cn. establece: que el territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce soberanía y jurisdicción es irreductible; que las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca están bajo un régimen determinado por el derecho internacional y por la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana del 9 de marzo de 1917; y que el citado Golfo es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado.

Respecto al Golfo, son fuente primaria de derecho la Sentencia de 1917, pronunciada en controversia entre El Salvador y Nicaragua; y, asimismo, el fallo de La Haya, de 1992, de la Corte Internacional de Justicia, dictado en controversia El Salvador vs. Honduras. En tanto esos fallos sobre el mismo objeto territorial son incongruentes, entre sí y con respecto a su historia y la práctica inveterada, es necesario un acuerdo tripartito para superar las discrepancias de tipo jurídico. La sentencia de 1992 no se puede cumplir sin menoscabo de los derechos de Nicaragua y del régimen emanado de la sentencia de 1917, que generó normas imperativas y una situación jurídica objetiva, que la sentencia de 1992 debió simplemente reconocer y determinar, por el tenor del mandato.

Respecto a la Sentencia de 1992 y los espacios exteriores,  el eminente jurista doctor Reynaldo Galindo Pohl (Revista Jurídica del Departamento de Derecho, de la Universidad Iberoamericana de México), sentó como premisa: que “las cosas deben tomarse como son, no como cada uno quiere que sean… lo primero es apegarse al realismo de los hechos y a las reglas jurídicas en vigor”. Seguimos su línea de pensamiento de la siguiente manera:

1) Declaraciones Conjuntas de los Presidentes de El Salvador y Honduras han reconocido los efectos vinculantes de la Sentencia de 1992;

2) Los miembros de la ONU se comprometen a cumplir  las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, cuando  sean partes en un litigio;

3) El Consejo de Seguridad puede hacer recomendaciones o adoptar decisiones para que se cumplan o ejecuten los fallos de la Corte Internacional;

4) En lo relativo a los espacios exteriores del Golfo de Fonseca, la Sentencia de 1992 creó una franja de soberanía conjunta de los tres Estados, que sólo en bloque tienen el poder de delimitar;

5) La Sentencia de 1992 manifestó que no obligaba a Nicaragua y ese país ha declarado que la Sentencia no la obliga;

6) La sentencia es inejecutable por ausencia de uno de los ribereños; también por faltar el acuerdo unánime sobre puntos determinados. Las decisiones requerirán el consentimiento de todos.

7) Conforme al adagio, lo imposible  anula la obligación, un principio universal; si faltasen los acuerdos tripartitos no se podría ejecutar, si ese  fuera el caso.

9) La Sentencia de 1992 comporta excesos de poder de la Corte: a) carecía de facultades para delimitar, lo que  hizo al trazar y dividir la línea de base: sin acuerdo no se puede delimitar. b) no podía crear de su propia iniciativa, una zona de soberanía conjunta, la que no fue pedida, y requiere voluntad concurrente de las partes. El sistema judicial internacional funda la competencia en el consentimiento de los Estados.

1O) Los excesos de poder no pueden ni deben pasar inadvertidos.

En suma, si no hubiere  acuerdo o solución de derecho tripartita, ratificada constitucionalmente, la Sentencia de 1992 no es ejecutable y habrá que acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, para que traslade el diferendo jurídico a la Corte Internacional de Justicia en pleno, según dispone la Carta.

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