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OPINIONDos años en el segundo gobierno del FMLN, el país está en una crisis nunca antes prevista. Estamos muy cerca de una situación de no poder cumplir con los compromisos adquiridos por el incremento desmedido de la deuda y, si algo podría ser peor que eso, se dice que en diciembre el gobierno no tendrá dinero para pagar salarios ni aguinaldos. Triste Navidad que le espera al mundo burócrata. Al margen hay que decir que si esa fatalidad ocurre, debe de incluir al presidente y todos los funcionarios y que la Asamblea Legislativa y el poder judicial sigan los mismos pasos.

Desde siempre, una tarea prioritaria ha sido la de buscar inversionistas extranjeros que quisieran venir a El Salvador a instalarse en el país y ayudar a hacer crecer su economía. Hoy El Salvador es el país con menos inversión extranjera en toda América Central. Claro, para atraer inversión extranjera, El Salvador tiene que competir con países vecinos que ofrecen un mejor clima para el inversionista extranjero. Mejores leyes, un Estado de Derecho en el que la ley impera y se respeta, menos violencia y ecológicamente más atractivos.

Para dirigir y coordinar ese esfuerzo, El Salvador cuenta con Proesa una agencia gubernamental creada en el año 2000 para promover la inversión extranjera en el país. Lamentablemente, el gobierno del FMLN dispuso colocar a la cabeza de esa organización al expresidente de la Asamblea Legislativa, cuestionado con pruebas fehacientes de corrupción en grande. Nadie se explica aun, qué razones tiene el FMLN para mantener a Sigfrido Reyes en ese importante cargo, con un importante sueldo.

Proesa no está cumpliendo su cometido, de eso no hay duda, aunque Sigfrido Reyes no tenga que cargar con toda la responsabilidad que eso implica.

Se dice muy fácil, pero cuando el inversionista potencial estudia las opciones que tiene a la mano, se encuentra que El Salvador está catalogado como uno de los países más violentos del mundo; que la burocracia y las leyes son tales que inscribir una nueva sociedad toma semanas, para no decir meses; que la corrupción en el país está generalizada; que el gobierno protege a los corruptos de su medio; que las leyes se aplican, con frecuencia, de la manera que las interpreta el juez que tiene que resolver un caso; que el arbitraje no funciona como debería funcionar en lo que se refiere al nombramiento del tercer árbitro; y finalmente, el gobierno no siempre respeta contratos o convenios legítimamente contraídos con empresas extranjeras.

El caso CEL-Enel, si en el país muchos lo consideran un hito del nacionalismo, en el extranjero ha dejado un sabor muy malo, cuyas consecuencias estamos viviendo.

El Salvador tiene que hacerle frente a un cúmulo de problemas que contribuyen a agobiar las finanzas públicas. Entre ellos, uno de los más importantes ha sido la incapacidad del gobierno de echar a andar el puerto de La Unión, cuya construcción se llevó a cabo durante el gobierno de Elías Antonio Saca y que fue inaugurado en 2009, el año que Mauricio Funes asumió la presidencia de la República.

Estimados conservadores dicen que La Unión, así dormido como está, le cuesta al país más de un millón de dólares diarios. Durante el gobierno de Saca, se identificaron a cerca de una docena de operadores portuarios mundiales, que ofrecen no solo capacidad para invertir en el equipamiento necesario y operar el nuevo puerto, sino que también, lo más importante, atraer tráfico a la nueva terminal.

Pero el proyecto se estancó cuando la decisión sobre la concesión se politiza. Para desenredar el nudo gordiano, el presidente Saca nombró a la entonces vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar para que presidiera una comisión ad hoc, en la que participaban funcionarios de primer nivel, incluyendo también al presidente de CEPA, la autoridad portuaria que tuvo a su cargo la construcción del puerto y tiene a su cargo la administración de Acajutla, del aeropuerto internacional y del cadáver que es Fenadesal. El resultado fue desastroso por culpa de los burócratas y los políticos y, por qué no decirlo, porque surgieron sospechas de favoritismos en otros niveles ajenos a la comisión. Con el tiempo, La Unión se vuelve más problemático y echar a andar un puerto que está firmemente anclado en el fango de la burocracia (además del azolve) y la política de manera que parece inamovible.



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