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En su obra “Estrategia judicial en los procesos políticos”, Jacques VergeÌs, el llamado “abogado del Diablo”, dice que el procesado tiene dos opciones: una estrategia de connivencia y otra de ruptura. En la primera se asume la defensa como en cualquier proceso común, siguiendo las reglas del orden establecido. En la segunda, se utiliza el debate judicial como prolongación de la lucha política, cuestionando la legitimidad de las imputaciones, los jueces y las normas aplicables, intentando crear a toda costa una imagen dramática de persecución política, más para que sus partidarios no dejen solo al procesado que para refutar los méritos del caso, en la creencia de que así aumentan sus posibilidades de salir invicto.

Nadie debería dudar del componente político de los procesos judiciales. Los jueces tienen una gran dosis de poder público y parte esencial de su función es precisamente controlar a otros funcionarios o exfuncionarios, incluidos otros jueces, para que no abusen del poder del Estado. Las sentencias judiciales, al interpretar la Constitución y las leyes, determinan el campo de juego de la política y los límites que le imponen los derechos de las personas.

Cuando el objeto de los procesos es aclarar si un funcionario se aprovechó de su cargo para obtener enriquecimiento “sin justa causa, a costa de la Hacienda Pública o Municipal”, como dice el art. 240 de la Constitución, la dimensión política de los procesos judiciales se incrementa, no tanto porque el enjuiciado sea un político, sino porque, en el fondo, el centro del debate es la manera en que el funcionario debería haber ejercido el poder delegado por el pueblo.

Las reglas del proceso, con sus oportunidades esenciales para la defensa y la contradicción, así como los efectos legales del silencio o la alteración intencional de los hechos, hacen de los tribunales un foro más apropiado para la búsqueda de la verdad, por encima de los ataques sin fundamento que suelen cruzarse las organizaciones partidarias y sus militantes.

Los jueces están obligados a resolver los casos que se les presenten y a justificar sus decisiones con base en normas generales y pruebas concretas, “sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes” (art. 172 inc. 3° de la Constitución). Estas garantías formales previenen el oportunismo, las negociaciones bajo la mesa o los arreglos oscuros entre actores políticos y, más bien, están dirigidas a propiciar decisiones judiciales independientes, imparciales y objetivas, que puedan ser aceptadas como veraces por la ciudadanía.

Aunque es cierto que el riesgo de manipulación o de injerencias indebidas sobre los jueces puede ser mayor en este tipo de procesos, la vigilancia de los medios de comunicación y el seguimiento permanente de la opinión pública pueden activar los controles efectivos. Los mismos jueces disponen de amplios poderes de gestión procesal para reprimir tácticas dilatorias, prácticas desleales o tergiversaciones deliberadas del objeto del debate.

En este contexto, las averiguaciones judiciales tienen que llegar a un resultado, las preguntas del proceso tienen que ser respondidas y las personas enjuiciadas no tienen más opción que rendir cuentas o, si hay pruebas suficientes, asumir las consecuencias de su silencio. Iniciado el proceso, los tribunales no tienen que “sacar boleta”.

El peso simbólico del enjuiciamiento, la espectacularidad de algunos ritos de la justicia y la expectación ciudadana sobre si las leyes se aplicarán igual para todos hacen que los procesos contra exfuncionarios se conviertan en un saludable foco de atención pública sobre el desempeño de las instituciones.

La cobertura periodística de los casos sirve como elemento para la deliberación democrática de la población y la verdad declarada judicialmente, si al final establece una actuación ilícita, queda en la historia como referencia para evaluar opciones electorales y estimular un juicio crítico permanente hacia los funcionarios.

Nada tiene de malo esta forma de “politizar la justicia”. Sobre todo si se recuerda que los tribunales intervienen en este tipo de asuntos en ejercicio de sus competencias legales y, por lo general, ante el fracaso de medidas preventivas propiamente “políticas”, como el papel de vigilancia y control anticorrupción que deberían ejercer los partidos políticos, respecto de sus mismos funcionarios.

 

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