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Editorial & Opinion

El SITRAMSS no es inconstitucional

Rafael Domínguez / Periodista

miércoles 8, febrero 2017 - 12:00 am

El Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, no es inconstitucional, el que existan buses modernos, circuitos especializados de transporte, un esquema moderno de servicio, nada de eso es inconstitucional, lo que viola la carta magna es el negocio detrás del Sitramss, la forma en la que empresarios (malignos, hipócritas, capitalistas, explotadores en otros discursos) están siendo beneficiados con fondos e inversión pública para tener lucro en su actividad privada.

Ahora resulta que estos empresarios sí son buenos empresarios y tan buenos son que hay que darles dinero público para que ganen dinero rápido; por eso, de dineros del contribuyente se les dieron $45 millones para la infraestructura, más un complemento de $6 millones para concluir la terminal de Soyapango y esperan un préstamo adicional de otros $40 millones, para complementar la flota alimentadora y aumentar el número de articulados que presten el servicio; por si fuera poco, Sitramss cobra una tarifa más alta que el resto del transporte y recibe también $0.04 ctvs por cada pasajero en calidad de subsidio, adicional pagamos de impuestos de la gente la protección 24/7 de la PNC y soldados de la fuerza armada que custodian las terminales y paradas; pero si cree que eso es suficiente déjeme decirle que no, ya que se le ha dado a la empresa SUBES, miembro y socio de Sipago, el negocio exclusivo de cobro electrónico en todo el transporte público, el cual, a riesgo de no perder su permiso de línea, debe aceptar el contrato.

Sipago S.A. de C.V. equivale a lo que fue ENEL en el negocio eléctrico, porque, según se determinó por la justicia, ENEL no podía adquirir parte del negocio de la geotermia sin autorización legislativa, pues toda concesión, según el Artículo 120 de la Constitución, debe ser aprobada por el Legislativo y esta del Sitramss es una concesión puesto que utiliza inversión pública y bienes públicos; la calle es un bien público y lo que se ha invertido en ella es público, por ende debe pasar por autorización legislativa, como se le pidió a ENEL y a CEL en ese negocio.

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Como contribuyente y ciudadano, no estoy en contra de negocios públicos privatizados, tampoco contra Asocios Público Privados, menos contra empresas de economía mixta, porque no es el esquema el que tiene problema, sino ¿cómo se implementa, a quiénes se llama de socios, por qué esos y no otros socios? El problema no es si unos privados hacen una empresa y trabajan para el Estado y con éste, tampoco si el Estado considera que es mejor que privados administren lo que por vía de la administración pública no prosperará; lo malo viene cuando el mismo gobierno en sus discursos prometió el fin del amiguismo y del clientelismo, aterroriza a la empresa privada y demoniza la privatización de servicios públicos.

Si para CEL era malo entregar parte del negocio de la generación geotérmica sin pasar por la Asamblea, igual de malo es entregar todo el negocio del Sitramss a Sipago y a sus socios, ya que no hay sustento para evadir el paso legislativo si esta empresa tiene fines de lucro y forma parte del concepto monopolizado de transporte público.

No me cabe duda de que vendrá la inconstitucionalidad para el negocio detrás del Sitramss y deberá ser momento para hacer las cosas bien; no debería ser para protestar y quemar llantas frente a la Corte, sino para pensar cómo realmente hacer bien las cosas, para que no pase como el Fonat que tras su inconstitucionalidad quedó paralizado y evitando la discusión del seguro de daños obligatorio, que tanta falta hace a la hora de los accidentes de tránsito  y cubrir víctimas, pero por la cerrazón ideológica no hay ni una cosa ni la otra.

El Sitramss es el futuro, debe serlo, un transporte ordenado, limpio, rápido, seguro, pero no debe serlo solo para favorecer a un grupo de empresarios, menos para que consuma grandes deudas del país que luego tocará pagar a todos, incluyendo los más pobres; es necesario un alto en el camino del Sitramss y comprender que la ley debe respetarse, que los funcionarios no pueden hacer más allá de lo que ésta permite y que los empresarios “exitosos” a costillas del dinero del pueblo no pueden serlo.

Para terminar, aprovecho estas líneas para felicitar a la familia de Diario El Mundo en su 50 aniversario, deseando que Dios les bendiga y multiplique sus éxitos.



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