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¿Crear una entidad autónoma a cargo del agua o asignar toda la rectoría y regulación del recurso hídrico al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)? Diferentes foros, así como varios estudios de organización no gubernamental (ONG) ya han concluido lo que implica centralizar en el MARN las funciones de rector y regulador del agua. La gran mayoría concuerda en que esto no es el camino, dado la inevitable creación de burocracia adicional en un Ministerio con serias deficiencias en el cumplir de su mandato. Además, el marco institucional propuesto refleja la aplicación vertical de la ley, al no permitir participación, colaboración y coordinación de los usuarios del agua sobre los acuerdos en metas y procedimientos para proteger, conservar y utilizar de manera eficaz el recurso.

Lo anterior no está apegado a las buenas prácticas internacionales de legislación en materia de gobernabilidad del agua. De hecho, en distintas ediciones del Informe de Desarrollo Humano de la ONU se destaca que la crisis hídrica de nuestros países es en gran medida una crisis de gobernabilidad. Un buen ejemplo que me gustaría destacar es el caso de Nicaragua, cuya Ley General de Aguas crea al Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH) “como instancia del más alto nivel y foro de concertación y participación, con facultades asesoras y de coordinación, como de aprobación de las políticas generales,  de planificación y seguimiento a la gestión  que realiza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el sector hídrico.”

Además de los nueve representantes de Ministerios y otras entidades estatales, el CNRH lo conforman cuatro miembros del sector privado, cuatro de organizaciones de usuarios y miembros de Consejos Regionales de comunidades autónomas del Atlántico.  Entre sus funciones está elaborar y actualizar la Política Nacional de los Recursos Hídricos, aprobar el Plan Nacional de los Recursos Hídricos, planes y programas por cuenca, y conocer y resolver asuntos sobre la administración del agua y sobre los ingresos, bienes y recursos de la ANA. Esta última es “el órgano descentralizado del Poder Ejecutivo en materia del agua, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera; con facultades técnicas-normativas, técnicas-operativas y de control y seguimiento, para ejercer la gestión, manejo y administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos.”

Además de que podría replicarse en El Salvador (CNRH como ente rector y el ANA como ente regulador), este ejemplo permite participación del sector privado y de los usuarios en decisiones sobre logros de metas y procedimientos sobre la asignación y protección del recurso, en establecer el régimen financiero y la solución de conflictos. El proyecto del MARN no permite esto, además de que establece al ANDA como ente regulador para el sector agua potable y saneamiento. El dilema acá es que ANDA no puede ser regulador de su propia operación. Es un proveedor de servicio (operador) y debe tratarse como tal, lo que implica que tampoco puede ser eximido de pagar cualquier canon que se establezca.

Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea ya han pre aprobado la creación de un ente rector autónomo, un gran paso para el futuro de la gestión integrada de nuestros recursos hídricos. De hecho, ya una solución al impasse para la aprobación de la ley. Estoy seguro que los otros dos proyectos de ley adicionales al del MARN han contribuido a la discusión dentro de la Comisión, pero el que más se apega a las buenas prácticas internacionales es el proyecto propuesto por la Asociación de Regantes.

Esto es clave tenerlo en cuenta para cuando los diputados retomen la revisión del articulado restante y la aprobación final de la Ley.

 

 

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