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OPINION

Profundo impacto y gran preocupación me causó leer el reportaje publicado por este apreciable medio en su edición del lunes 15 de los corrientes, en el cual refiere que la Corte de Cuentas de la República (CCR), el tribunal que efectúa la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, o sea, el Tesoro Público, con el cual todo gobierno realiza obras en provecho de la nación entera, pero que actualmente dicha Corte solo audita el 27 % de los gastos del Estado. ¡Por favor! Eso simplemente significa que el 73 % de los fondos provenientes de los contribuyentes, donaciones y empréstitos propios y externos, así como sus correspondientes ingresos y egresos, no son cubiertos por la auditoría que ordena la Constitución salvadoreña y ese capital constituido por millones de dólares, sin nadie que los “cuide”, es un llamado al manoseo indebido por parte de funcionarios irresponsables y corruptos.

Nuestra preocupación va mucho más allá a lo que se pueda expresar en una investigación periodística. Es una situación de suma gravedad para el destino mismo de las finanzas públicas de El Salvador, enfrentadas a una descalificación internacional y una evidente desconfianza en la capacidad de pago del Estado salvadoreño, que puede hacernos desembocar en un “default” económico de imprevisibles consecuencias sociales que, por prudencia, prefiero reservarme por ahora. Un país donde la hacienda pública y la ejecución de su presupuesto se encuentran al garete, sin ningún ente fiscalizador de cómo, dónde, cuándo y por qué se destinan ingentes cantidades, sin saberse, al final, si los resultados fueron cumplidos y de conformidad a los proyectos, simplemente es un país que anda bordeando la anarquía económica, donde cualquier “vivaracho” puede largarse con sus bolsillos repletos de dólares y renazca el consabido dicho de “que me lo prueben”, a sabiendas que será tarea difícil.

Y no hablamos de cosas futuras. Traigamos a colación el caso emblemático de la presa El Chaparral, cuyo proyecto fue descartado, desde sus inicios, por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la administración de Carlos Mauricio Funes Cartagena. Son presumibles los manejos oscuros para que CEL desembolsara millonarias cantidades que favorecieron a empresas brasileñas, hoy en el banquillo de la justicia por casos de corrupción, así como a la empresa italiana Astaldi, mediante procesos irregulares de contratación, para construir una presa hidroeléctrica jamás completada.

Precisamente, cuando un proyecto no es aprobado por la CCR y el acto de contratación es suspendido, la Constitución habilita que el Ejecutivo ratifique ese acto en forma total o parcial, “siempre que lo considere legal”, por medio de una resolución razonada tomada en Consejo de Ministros, después comunicada a la CCR mediante escrito que autoriza el titular de Hacienda. Eso hizo apresuradamente la administración Funes con El Chaparral. Pese a la oposición del BCIE de no financiar dicho proyecto, el caso se replanteó en Consejo de Ministros y se aprobó “les guste o no les guste”. El otro caso son los millones de dólares dados a estructuras delincuenciales, durante la “tregua hipócrita”, según denuncia reciente del señor Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, dinero que a través del llamado Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) se repartió, en parte, durante el gobierno de Funes y otra parte en el inicio del actual mandato del profesor Sánchez Cerén y, en donde dicho edil, resaltó el rol jugado por Marvin Adaly Ramos Quintanilla, alias “El Piwa”. Esos asuntos financieros del Estado se efectuaron sin control de la CCR.

Que la Hacienda de la nación no sea auditada, controlada, ni inspeccionada, sin esclarecer gestiones, etcétera, es un asunto mucho más grave que los $2.9 millones que unos jueces de ese mismo Tribunal dejaron de resolver y que investiga la FGR actualmente. ¡Se trata de más de la mitad del Tesoro Público y del Presupuesto General de la Nación que queda sin auditar! Eso no puede continuar y debe motivar  a los partidos a elegir, cuanto antes, a magistrados honestos y capaces de la CCR, además de ordenar una auditoría externa de sus actuales actividades y resoluciones. Res, non verba.

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