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Editorial & Opinion

¿El TSE cancelará partidos políticos?

Eduardo A. Urquilla B. / Consultor Jurídico Exmagistrado del TSE

miércoles 27, junio 2018 - 12:00 am

Así habló el TSE después de las elecciones del 2015: “es necesario que en cada evento electoral se determinen los niveles de apoyo popular de los institutos políticos y así, a partir de ese factor, depurar el sistema de partidos políticos en cuanto a su oferta”. (Resolución del día 13 de octubre de 2015). Se refería a cancelar  partidos políticos después de unas elecciones, mecanismo establecido en nuestro ordenamiento jurídico desde el primer Código Electoral, post Acuerdos de Paz, hasta la fecha.

Desde el Código Electoral de 1992, el artículo 182 formalizó la cancelación de partidos políticos cuando en una elección presidencial o legislativa, no obtuviera “por lo menos el uno por ciento de los votos válidos emitidos en la elección en que dicho Partido o Partidos Coaligados hayan participado”. Luego sobrevinieron varias reformas: aumentó el porcentaje aludido, y se incorporó la elección del Parlamento Centroamericano.

Sin embargo, en abril del 2006 la Sala de lo Constitucional pronunció sentencia de inconstitucionalidad, eliminando la elección presidencial para aplicar la cancelación, pues en ella “no hay una representatividad más que para el ganador”; y consideró innecesaria la exigencia del 3 % de los votos válidos para subsistir, pues “con una medida menos lesiva (se puede obtener) la misma finalidad de generar representatividad postelectoral”.

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En base a las anteriores argumentaciones, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 182 del Código Electoral el día 6 de diciembre de 2007. La cancelación de partidos políticos sólo procederá, en elecciones legislativas y del Parlamento Centroamericano, mientras no se obtenga por lo menos un diputado o 50,000 votos. Posteriormente, dicho criterio emigró a la norma vigente del artículo 47 literal c) de la Ley de Partidos Políticos (2013), excluyendo únicamente la elección del Parlacen. Ese precepto es de contenido claro e inteligible.

No obstante, después de las elecciones legislativas del 2015, equivocadamente el TSE expresó: “ no puede perderse de vista el contexto fáctico en que se desarrolló la elección 2015, pues los resultados electorales dejan ver que a pesar de que el partido en cuestión no logró obtener los cincuenta mil votos exigidos por la disposición analizada ni un diputado en la Asamblea Legislativa, ello no implica que no goce de un nivel relativo de apoyo popular”. (Resolución del día 13 de octubre de 2015). Con esa interpretación más allá de la ley y contraria a la voluntad popular, el TSE declaró inaplicable por inconstitucional (sic) el art. 47 literal c) de la Ley de Partidos Políticos, y en consecuencia no canceló a ningún partido político, pese a que hubo algunos que no acreditaron la representación de un diputado, ni los votos indispensables para subsistir legalmente.

En esa oportunidad, el TSE ignoró un principio del Estado Democrático de Derecho: “el respeto del ordenamiento legal que sirve de base a tales procesos (electorales), en los cuales se canalizan las demandas de la población hacia los poderes públicos”, requisito indispensable para alcanzar el poder político, (Sentencia de inconstitucionalidad 11-2015 de fecha 29-IV-2011). Por la normativa vigente de la Ley de Procedimientos Constitucionales, la actual Sala de lo Constitucional está en deuda en validar o no la argumentación de inaplicabilidad del TSE en octubre del 2015, y con ello ratificar o no la anterior posición jurisprudencial.

Los resultados de las elecciones legislativas 2018, al igual que las elecciones del 2015, produjeron también algunos partidos políticos –con bajos niveles de  apoyo popular-, sin representación y sin los cincuenta mil votos. ¿ El TSE desconocerá otra vez el art. 47 literal c) de la Ley de Partidos Políticos, irrespetando así el ordenamiento legal? Ojalá que no.



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