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La regulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en nuestra Constitución es exigua apenas define su conformación, los requisitos para ser magistrados y el más importante quizás: su reconocimiento como máxima autoridad en la materia.

El artículo 40 del Código Electoral desarrolla la autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera del TSE, dando contenido a la supremacía que la Constitución le otorgó, sin eximirla de control. Sin embargo, el TSE nunca ha gozado de completa autonomía y aumentan las intervenciones de los principales órganos del Estado, minando su independencia.

Aun cuando hay sobrados y duros ejemplos de intromisión en materia jurisdiccional y administrativa electoral, en lo financiero la injerencia ha sido aún más fuerte. Débase saber que el TSE tiene un presupuesto ordinario, de costos fijos, para cada año y un extraordinario o variable para los años electorales, que se ejecuta desde el año preelectoral.

El presupuesto ordinario aprobado ha ido disminuyendo desde hace 15 años, aunque las atribuciones han aumentado considerablemente. Es incomparable el trabajo ordinario que tuvo el TSE durante 2002 cuando su presupuesto ascendió a $9,968,785.00 –sin incluir el de JVE y RNPN- con el de 2017, con $9,079,115.00 aprobados; debiendo desarrollar procesos ordinarios de fiscalización de los partidos políticos, actualización de la regulación electoral y de la cartográfica del voto residencial o planificar y enfrentar el beligerante desarrollo tecnológico. El TSE está limitado para efectuar inversiones sostenidas, esperando cada proceso electoral para cargarle posibles mejoras.

Sobre los presupuestos extraordinarios la intervención es mayor. Para las elecciones de 2003 se solicitaron por el TSE $12,339,125.00 y aprobaron $8,721,430.00 (con refuerzo presupuestario); para las de 2004 se requirieron $20,195,965.00 y la Asamblea Legislativa votó $15,885,455.00. En 2006 fue similar, se preparó un presupuesto de $14,846,380.00 y obtuvo el favor de los diputados por $12,748,340.00; igualmente para los procesos de 2009 a 2015, la disminución entre proyectos presentados por el TSE al Ministerio de Hacienda y votados por la Asamblea Legislativa, fueron evidentemente menores.

Siempre se celebraron elecciones; pero, coincidiremos en que en el último proceso las dificultades por la falta de un presupuesto robusto y recortado en $10 millones se hicieron sentir. Las reformas de última hora que asumió el TSE también influyeron; no obstante, ese escenario no era nuevo, pues en 2012, en similares condiciones, la máxima autoridad electoral celebró un evento exitoso.

Existen dificultades para el financiamiento de los procesos electorales por la escasez de recursos; sin embargo, no podemos cerrar los ojos: el TSE no es independiente financieramente para formular, ni para aprobar su presupuesto, limitando su autonomía.

¿Cómo resolver la insuficiencia financiera frente a la necesidad de efectuar procesos de fortalecimiento democrático con calidad? Generalmente, los presupuestos eleccionarios son elaborados por autoridades electorales y procesados por la entidad a cargo del presupuesto de cada país para remitirlo al parlamento. Aunque estas instancias –contrario a la experiencia salvadoreña– no cuentan con facultades para modificar lo presentado por el órgano electoral, sostienen intercambios técnicos para validar justificaciones y requerimientos, y recibir devoluciones culminado el evento.

En algunos países, como Australia, refuerzan la coordinación institucional y se distribuyen en varios años, exigiendo estabilidad y planificación del organismo electoral, así como liquidaciones por resultados. En Guatemala se fija un monto del presupuesto y, a pesar de las dificultades para los desembolsos oportunos, hay certeza del monto, llevando a cabo estrategias progresivas de desarrollo.

En otros países se establecen medidas para la disminución de los gastos electorales: en México las campañas de información, que representan buena parte del presupuesto, se realizan en espacios gratuitos en todos los medios de comunicación. En Colombia y Argentina se ponen a disposición los recursos logísticos de otras instituciones, supeditando su funcionamiento a la autoridad electoral, adelgazando el presupuesto específico. La construcción de estos presupuestos es un reto mayúsculo: los requerimientos de los recursos deben ajustarse a su disponibilidad objetiva, pero en todo caso la autoridad debe contar con lo necesario para efectuar el proceso de movilización democrática más importante en un país.

El TSE no puede depender de criterios políticos o técnicos de quienes no administran las elecciones, por el contrario, necesita independencia real dada su labor de dotar de legitimidad a los funcionarios. Entonces, ¿Se recortará otra vez el presupuesto electoral en más de 10 millones? ¿Enfrentaremos nuevamente los problemas de 2015? Ojalá que no.



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