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Editorial & Opinion

Elección de magistrados

Dr. Mauricio Eduardo Colorado / Abogado

sábado 14, julio 2018 - 12:00 am

En estos días los plazos para los cuales fueron electos cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se vencen, y por lo consiguiente, es obligatorio designar a quienes habrán de sustituirlos. Lo que expresamos en dos líneas se vuelve complicadísimo, debido a que las personas que deberán asumir los nuevos cargos, deben tener amplios conocimientos de la ciencia jurídica, especialmente de la rama constitucional, y absoluta independencia de las ideologías políticas que generalmente pretenden influir en las decisiones del tribunal constitucional a favor de los intereses ideológicos de su preferencia.

El ejemplo más dramático que podemos citar es el caso de Nicaragua, cuyo texto Constitucional expresamente establece que se prohíbe la reelección presidencial, pero que una autoridad constitucional “interpretó” que tal disposición no tenía validez, y tal fallo permitió la reelección de Daniel Ortega, con las nefastas consecuencias que actualmente se desarrollan en el hermano país. Honduras, Venezuela y Bolivia, corren la misma suerte.

En nuestro país, el constituyente depositó en la Asamblea Legislativa el poder de elegir a los magistrados, pero les impone un filtro relativo porque limita a los aspirantes al cargo a ciertos requisitos mínimos que la misma Constitución señala en su art. 176. Además, la legislación secundaria establece un segundo filtro que consiste en un proceso de selección que debe seguirse ante el Consejo Nacional de la Judicatura, que se supone es la entidad encargada de depurar y organizar el sistema judicial de la nación. En otras palabras, se debería asumir que los candidatos a magistrados deberían ser los mejores prospectos para dichos cargos.

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Sin embargo, pareciera ser que la realidad es muy otra, ya que de hecho se ha tenido la experiencia de anulaciones y destituciones de funcionarios, debido a que se les han comprobado vínculos políticos partidarios que les impiden ejercer sus cargos. También se ha recurrido a la práctica de entrevistar a los interesados por parte de comisiones de diputados sobre determinados temas, para conocer de qué forma y cómo resolverían determinados asuntos. Pero también se ha sabido que dichas entrevistas no excluyen entrevistas privadas (o secretas) que se realizan en otros lugares donde se concretan otros tipos de compromisos que no se deben conocer por el público.

Finalmente, no podemos dejar por fuera de este artículo las amenazas que se han hecho a los magistrados salientes de procesarlos por personajes que se consideran perjudicados por resoluciones de la Sala que termina sus funciones, especialmente por quienes han sido mencionados en casos de corrupción o enriquecimiento ilícito, y que no han podido desvanecer o justificar incrementos en sus patrimonios. Quienes con tales amenazas han procedido solamente han reafirmado una determinada culpabilidad, atendiendo aquel conocido adagio: “Explicación no pedida, acusación manifiesta”.

Debe expresarse como complemento del tema expuesto, que no es que no tengamos ciudadanos capaces para detentar los cargos a llenar en los tribunales superiores del Órgano Judicial, pero lo cierto es que el trámite que se ha impuesto para acceder y el riesgo de sufrir campañas de desprestigio en el honor y dignidad del candidato, que tanto le ha costado construir, alejan a cualquiera de exponerse a sufrir vejaciones e insultos gratuitos que en nada le benefician.

Los ciudadanos comunes lamentamos que pese a que los señores diputados han tenido conocimiento con suficiente antelación de la necesidad de elegir a los magistrados en forma oportuna, se caiga en un atraso injustificable. Y la otra crítica que hemos escuchado es que los señores diputados han indagado sobre los candidatos mil y una cosa, pero la realidad es que a la hora de votar, votarán por aquellos que les ordene el partido al que pertenecen, siguiendo la práctica y costumbre de nuestra Asamblea. De nada servirá lo investigado individualmente.



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