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Editorial & Opinion

Eliminar el TPS será malo para Estados Unidos

Roberto Meza / Colaborador

jueves 11, enero 2018 - 12:00 am

La decisión del Departamento de Seguridad Nacional de no renovar el TPS a casi 200,000 migrantes salvadoreños es el intento más reciente del presidente Trump para restringir la inmigración legal e ilegal. Sin embargo, los salvadoreños son el grupo más grande de beneficiarios del TPS: dos tercios de los beneficiarios que quedaban.

Al igual que la decisión de terminar con el programa DACA, destinado a 800,000 personas que llegaron en su niñez a Estados Unidos, terminar el TPS tiene motivaciones políticas y es un intento por satisfacer a los simpatizantes de Trump.

Aunque la decisión de terminar un programa supuestamente temporal que, no obstante, duró más de 17 años podría sonar lógica; las consecuencias de un cambio tan grande serán serias e inmediatas y probablemente contribuyan a un nuevo ciclo de inmigración ilegal. Es poco probable que muchos, quizá la mayoría, regresen voluntariamente a un país donde ya no tienen un hogar, en cambio, quizá busquen quedarse de manera ilegal en Estados Unidos.

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El miedo generalizado que infundió este fallo, así como las posibles deportaciones por venir desintegrarán a familias y comunidades. Después de casi dos décadas en Estados Unidos, los beneficiarios salvadoreños del TPS han creado una vida, negocios y comunidades. En muchas ciudades —sobre todo Washington y Los Angeles— son parte crucial del tejido económico y social. Son los padres de aproximadamente 192,700 ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Irónicamente, si se deporta a los beneficiarios del TPS, los principales favorecidos serán los enemigos declarados de Trump: la pandilla MS-13, a la que ha acusado de transformar en “mataderos sangrientos” a la comunidad americana. Dicha organización criminal, activa en ambos países, tiene su origen en la inestabilidad derivada de una ola de deportaciones en la década de 1990. El Salvador no estaba preparado para recibir a tales personas. No tomó mucho tiempo para que la inestabilidad que resultó de esa decisión regresara a Estados Unidos en la forma de una mayor actividad criminal y en más inmigración ilegal.


Un patrón similar podría repetirse ahora: las condiciones actuales en El Salvador no son mejores que en los años noventa. El gobierno salvadoreño se ha debilitado mucho combatiendo la corrupción, el crimen y la violencia en el país, que tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo.

Los jóvenes ciudadanos estadounidenses de origen salvadoreño se quedarán solos en Estados Unidos si deportan a sus padres y eso los hará más vulnerables a ser reclutados por los grupos criminales.

Esta decisión también tiene implicaciones negativas para la frágil economía de El Salvador, las remesas conforman el 17 % del Producto Interno Bruto del país y un sorprendente 80 % del crecimiento económico. El año pasado, tan solo los beneficiarios del TPS enviaron más de $500 millones a El Salvador.

Aunque el gobierno de Trump pueda sentirse tentado a considerarlo un beneficio —evitar que el dinero salga de su país—, una reducción drástica de remesas afectaría los esfuerzos a largo plazo de Estados Unidos para generar seguridad y prosperidad en El Salvador, en los que ha invertido más de $4.400 millones durante los últimos cincuenta años. La desaceleración económica solo alentará un nuevo éxodo y alimentará el ciclo de inestabilidad e inmigración ilegal.

El gobierno de Estados Unidos tiene razón en que el programa estaba destinado a ser un mecanismo humanitario temporal después de que un par de terremotos golpearan a El Salvador en 2001. Sin embargo, en la práctica, los presidentes de Estados Unidos desde entonces han extendido el programa, en buena medida, porque las condiciones políticas, económicas y de seguridad en el país solo empeorarían si se termina la protección. En consecuencia, cada año los beneficiarios del programa se integraron más a la sociedad estadounidense y también aumentaron los costos humanos de acabar con él.

La decisión ya se ha enfrentado a la resistencia de ciudades con inclinación demócrata, estados, miembros del Congreso y otros críticos que esperan una solución legislativa, algo que es poco probable. Aun así, en el futuro, el Congreso debería buscar reducir los efectos negativos de esta decisión y crear un nuevo programa  permanente para migrantes de Centroamérica.

La protección temporal es una herramienta esencial para responder a las crisis y los desastres a corto plazo pero, en este caso, el TPS no ha sido suficientemente flexible para atender a largo plazo otros puntos débiles de estos países.

La decisión del gobierno de Trump de acabar con él solo crea más incertidumbre y caos. Al hacerlo, el presidente ha erosionado aún más el posicionamiento de Estados Unidos en América Latina y ha sembrado mala voluntad en comunidades importantes que han aportado mucho a Estados Unidos y que de manera evidente han adoptado sus valores.




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