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OPINION

No hay duda que cada día que pasa se continúan descubriendo los despilfarros y el abuso de los bienes públicos entre algunos funcionarios que han visto en su área de trabajo la oportunidad de vivir un estilo de vida que se pueden cantear con su salario, pero prefieren erogarlo de los bienes que pertenecen a toda la nación, lo cual es inmoral debido a las múltiples necesidades que pasa el pueblo salvadoreño.

Es decir, que es reprochable y escandaloso que un diputado perteneciente a la Junta Directiva con un salario superior a los $ 6,000 al mes, autorice a su hermana ir de vacaciones con un vehículo full gasolina propiedad del pueblo salvadoreño; peor aún esconder a toda costa la verdad, la cual tuvo que aceptar el diputado, hasta que la presión ciudadana y los medios de comunicación comprobaron públicamente que era verdad todo lo que se decía.

Por ello se deben analizar dos aspectos en este hecho: el primero es que de conformidad a los artículos 3, 4 y 13 de la Ley de Ética Gubernamental, se define la corrupción como “El uso y abuso del cargo y de los bienes públicos, cometido por servidor público, por acción u omisión, para la obtención de un beneficio económico o de otra índole, para sí o a favor de un tercero” de modo que la ley expresamente prohíbe que los bienes públicos sean usados con fines particulares.

En segundo lugar, el salario de un diputado con la variante de pertenecer a la Junta Directiva, es tan ostentoso que solo el 0.0009 % de los salvadoreños tienen acceso a ello, lo que significa que ese ingreso se vuelve indecente, en un país donde el salario mínimo de un trabajador agrícola es de $ 118.20 al mes. Sin embargo, no les basta a los señores diputados para suplir sus necesidades personales, sino que hacen uso incorrecto de los bienes públicos.

Así mismo, de forma atinada Diario El Mundo informó sobre el mal uso del Fondo Circulante de Monto Fijo, por parte de la señora diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea Legislativa, quien autorizó gastos en granos básicos, aceite, hilo para pesca, semillas, floreros, muñecas artesanales, ropa, parqueo, piedras, una papaya. También utilizo el Fondo Circulante para comprar semillas de almendras, marañón y pistacho, a un costo de $746.58.

En consecuencia, se ha hecho mal uso de alrededor de $51,000 en objetos, prendas y alimentos, que seriamente no tienen nada que ver con el quehacer legislativo; lo que es peor, tratar de defender gastos ilegítimos que nunca debieron de haberse hecho, dado que la naturaleza del Fondo Circulante es para efectuar erogaciones de carácter urgente, en los conceptos de pago de dietas, honorarios y viáticos, adquisición de bienes y servicios; el pago de impuestos, tasas y derechos, seguros, comisiones y gastos bancarios, inversiones en activos fijos, hasta por un máximo equivalente a un salario mínimo urbano, es decir, que no solo se excedieron en los montos utilizados sino que el destino de estos gastos es ilegal; por lo tanto, el Tribunal de Ética Gubernamental y el de Transparencia Activa, deben de actuar de oficio y realizar las investigaciones de forma inmediata, certificar el proceso y enviarlo a la Fiscalía, para que interponga la acción penal correspondiente.

Que no se les olvide a los servidores públicos que están en el poder para servir con diligencia y amabilidad, no para darse la gran vida con los bienes del pueblo; por lo tanto, es fundamental que hagan su trabajo por el cual se les ha contratado por un periodo de tres años, ya que tienen una mora de 11 meses sin elegir a los miembros del CNJ; tampoco han elegido a los magistrados de la Corte de Cuentas y hoy se les suma el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

La falta de elección de estos funcionarios es un irrespeto al pueblo salvadoreño y una flagrante violación al estado de derecho; por lo tanto, sigue siendo importante la presión ciudadana para obligar a los diputados a que cumplan con su labor.

 

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