Cerrar [X]

Editorial & Opinion

En defensa de la Sala de lo Constitucional

viernes 27, febrero 2015 - 12:00 am

Dentro de los intentos en contra de la Sala de lo Constitucional nos referimos a la demanda de declaratoria de ilegalidad de los nombramientos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la Sala y de la Corte Suprema de Justicia 2009-2018, planteado en juicio contencioso administrativo por el ciudadano Juan Martínez Hernández, que continúa tramitándose en la Sala de lo Contencioso Administrativo, respecto a lo cual es importante señalar a la comunidad nacional lo siguiente:

Los miembros de este Instituto, abogados Enrique Borgo Bustamante, Ángel Góchez Marín, Abraham Rodríguez, José Domingo Méndez y Alfredo Martínez Moreno han solicitado como AMICUS CURIAE, la desestimación de dicha demanda por tratarse de un tema de naturaleza constitucional y no de simple legalidad del Decreto Legislativo N° 71, de ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, y no el NOMBRAMIENTO DE TALES FUNCIONARIOS como argumenta el peticionario, señalando la incompetencia de dicha Sala para conocer de tal demanda, y adicionalmente la existencia del precedente jurisprudencial de la misma Sala en resolución pronunciada el veintisiete de noviembre de dos mil siete en el Juicio Contencioso 196-2006.

En dicho juicio se  cuestionaba la legalidad del Decreto Legislativo No. 1041, por el que se eligió Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (del 1 de mayo de 2006 al último de abril del 2015), como Propietarios  a los abogados Rosa María Fortín Huezo, Evelyn Roxana Núñez Franco, Lolly Claros de Ayala, Miguel Alberto Trejo Escobar y Mario Francisco Valdivieso Castaneda; y como Suplentes a Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, Oscar Humberto Luna, Ricardo Alberto Zamora Pérez, Rhina Elizabeth Ramos González y German Arnoldo Álvarez Cáceres. La Sala de lo Contencioso que conoció del proceso señaló específicamente que su competencia “se circunscribe a aquellos (actos) que por su contenido y efectos, son de naturaleza materialmente administrativa, tales como la disposición del patrimonio, movimiento de personal y otros afines”, agregando “La LJCA excluye del control contencioso los actos políticos o de gobierno porque precisamente tales actos se pronuncian en ejercicio de atribuciones constitucionales, en los cuales es determinante el rasgo de discrecionalidad. Los actos políticos o de gobierno tienen su fuente en la alta dirección del Estado…”

publicidad

Por otra parte, la misma Sala de lo Contencioso razonó: “Hay una patente manifestación de limitación al control jurisdiccional de las actuaciones privativas de los órganos fundamentales del Estado. El acto de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia es emitido por la Asamblea Legislativa en ejercicio de la atribución que la norma primaria le confiere en exclusividad, como órgano fundamental del Estado….”.

Señaló adicionalmente: “Las elecciones…. son de primer grado y de segundo grado. Cuando cada ciudadano emite su voto, está manifestando una voluntad de naturaleza inobjetablemente política. Pues bien, ninguna razón puede haber para pretender que, cuando el pueblo vota por medio de sus representantes (diputados) en elecciones de segundo grado, cambia la naturaleza de la elección… No debe perderse de vista que, en todo caso, es el pueblo, como ente soberano, el que ejerce la facultad de elegir, por medio de sus representantes, a ciertos altos funcionarios, entre los cuales están los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia … Se trata del ejercicio de la soberanía, que reside en el pueblo (Art. 83 Cn.), traducido en una potestad eminentemente privativa de la Asamblea Legislativa; potestad que, por manifestarse sin duda alguna mediante un acto político, se califica como cuestión no justiciable por parte de este Tribunal.”


Finalmente señaló que dicha elección es una “de las cuestiones tipificadas como puramente políticas y por consiguiente ajena al conocimiento de este Tribunal. Caso contrario, el control que de tal elección hiciera constituiría una afectación al principio de independencia de poderes, así como el equilibrio entre los mismos, tan ponderado en un Estado de Derecho.”

Con base a tales Consideraciones la Sala de lo Contencioso integrada por los abogados Cardoza, Posada, Dueñas y E. Vega,  resolvió declarar INADMISIBLE la citada demanda contra los colegas demandados, de los cuales actualmente integran la Sala de lo Contencioso, los abogados Lolly Claros de Ayala, Elsy Dueñas de Avilés, Juan Manuel Bolaños y Ricardo Alberto Zamora.

La elección del Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de otros funcionarios en elecciones de segundo grado, tienen naturaleza política, constitucional, y son ajenos a la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo; como las elecciones de Presidente, Vicepresidente, Diputados y Concejales Municipales; y así lo manifiesta la resolución de inadmisibilidad de la demanda  “…. Cuando la materia (…) no corresponda a la jurisdicción contencioso administrativa”.

El IIDC expresa a la Sala de lo Contencioso Administrativo su requerimiento respecto a la solicitud interpuesta de que revoque la admisión de la demanda, por no estar ajustada a derecho.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.