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No sé si el expresidente Francisco Guillermo Flores Pérez es culpable o inocente de los delitos que se le imputan, pues desde el punto de vista jurídico, la verdad se sabrá hasta después  de la vista pública. Por ahora Flores es inocente, porque aún no ha sido vencido en juicio.

El jueves de la semana pasada, el juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García, frente a todos los medios de comunicación social, dio a conocer la resolución de la audiencia preliminar. Según el juez, existen elementos suficientes para enviar a juicio al exmandatario por los delitos de Peculado, Desobediencia a Particulares, Enriquecimiento Ilícito y Casos Especiales de Lavado de Dinero.

Ni siquiera había terminado de dar la resolución, cuando ya diputados de ARENA estaban reaccionado y afirmando que en contra de Francisco Flores había una persecución política. Otros fueron menos inteligentes y señalaron que García estaba en plena campaña para ser Fiscal General.

Lo más triste es que hasta los abogados defensores repitieron a ultranza los puntos de vista de los políticos y hubo toda suerte de personas que se prestaron a repetir lo mismo en diferentes medios.

Es obvio que el juez García sin los votos de ARENA no podría ser Fiscal General, por lo tanto, solo alguien con un criterio reducido puede suponer que García dio una resolución contra Flores pensando en ser fiscal. Al contrario, con esa resolución es uno de los que ya puede estar descartado para llegar al cargo.

Respecto a la supuesta persecución política, pues cabe preguntarse qué hubiese pasado si el juez sobresee a Flores. Seguramente ahora mismo estaría siendo objeto de “maldiciones” y señalamientos errados por parte del FMLN y los organismos de izquierda.

El juez solo se limitó a dar una resolución con base a su propio análisis de las leyes y de las pruebas de cargo y descargo. Puede estar en lo correcto o equivocado, pero para eso la ley contempla filtros legales. Resulta que la defensa, la querella y la Fiscalía, están facultados por la ley para presentar las respectivas apelaciones ante las instancias correspondientes. Si alguien está en desacuerdo con lo resuelto por el juzgador, solo tiene que hacer uso del debido proceso y hacer las apelaciones respectivas.

Apelar ante instancias superiores es la forma legal y correcta de manifestar un malestar o inconveniente jurídico ante una resolución o un fallo que se considera ilegal o injusto, pero eso dista mucho de salir a despotricar contra un juez. Si al final el juez tenía razón, la instancia superior avalará su resolución; si está equivocado, pues esa misma instancia revocará. Así es el juego jurídico.

Respecto a que el juez decidió mandar a prisión al expresidente Flores, a algunos les pareció justo y a otros injusto. Afortunadamente, las partes también pueden apelar para que sea una instancia superior la que resuelva si esa decisión se enmarca en el ordenamiento jurídico. La defensa tiene pleno derecho para apelar bajo sus propios argumentos y amparados en la ley. Sin embargo, nadie tiene derecho a montar o subirse a una campaña de desprestigio contra el juez solo porque el fallo no es de su agrado.

Últimamente escuché decir al exdirector general del ISSS, Leonel Flores, que la acusación que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito tiene matices de persecución política, porque la finalidad es llegar al expresidente  Mauricio Funes. Solo falta que todos los políticos de izquierda, centro y derecha, aparezcan ahora con el estribillo de que cualquier acusación en su contra tiene motivación política. No es que se descarten las persecuciones políticas, porque realmente las hay, pero en estos casos, lo único certero es que hay hechos que investigar porque posiblemente haya corrupción de por medio.

En el caso de Francisco Flores hay un hecho investigado y probabilidades de delitos, por lo que el juez, cuya resolución habla por él, ha enviado a juicio sin sujetarse a criterios políticos ni subirse a campañas. Son los políticos los que ven persecuciones y los que politizan los casos.

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