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Política

Endurecen prisión contra los condenados por delitos a PNC

Yolanda Magaña

jueves 2, noviembre 2017 - 12:03 am

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles disposiciones especiales que endurecen las penas para las personas condenadas por delitos contra policías, soldados, custodios penitenciarios y miembros de la Fiscalía General como del Órgano Judicial.

La normativa no permite libertad condicional, anticipada u otros beneficios que reducen las penas para los condenados por delitos contra los agentes.

Las disposiciones pretenden proteger a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada (FAES), Dirección General de Centros Penales, Fiscalía General de la República y Órgano Judicial de todo tipo de delitos.

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“Esta ley se aplica a los agresores de los policías, a nivel penal y de medidas, pero no evita que sigan matando a los miembros de la corporación y sus familias”, expresó el diputado Rodrigo Ávila, de ARENA.

El diputado Johnny Wright votó en contra, porque consideró que las medidas “no son más que maquillaje ante los grandes agujeros de inseguridad”. Señaló que formaliza prácticas ya existentes, crean obligaciones al Estado que no cumplirá y que no se puede promover más represión si el Estado no hace “nada para generar mayor prevención”.


René Portillo Cuadra, abogado del mismo partido, cuestionó por qué en lugar de prolongar el periodo de investigación contra los capturados por delitos contra los agentes se reducirá (de 7 a 3 meses para delitos comunes), advirtiendo un probable efecto de libertad del sospechoso y no su detención.

 

Una ley sin fondos

El decreto obliga al Estado a dar los siguientes beneficios al compañero de vida y a los hijos de policías, custodios penitenciarios o soldados que mueran en servicio durante su jornada o fuera de ella.

Les da derecho a atención psicológica, becas para hijos y “vivienda a través de las instituciones del Estado” y trabajo para el cónyuge sobreviviente.

Sin embargo, las disposiciones no tienen financiamiento seguro. El artículo 16 del decreto asegura que se “podrán” destinar fondos de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, el impuesto a las telecomunicaciones y accesorios, y también del proyecto del presupuesto del país con recursos del Fondo General de la Nación, pero no define una partida específica.

Otro artículo indica que “se podrá contar con el financiamiento o apoyo de asociaciones y fundaciones de beneficencia, de la cooperación internacional y la creación de un Fideicomiso”.

Los diputados reconocieron la falta de fondos de la ley e incluso señalaron que su aprobación no cumple la Ley de Responsabilidad Fiscal, que exige aprobar únicamente decretos que tengan recursos asegurados, si los requieren.

Las disposiciones especiales recibieron 52 votos de 79 legisladores registrados como presentes.




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