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OPINION

Hace un par de semanas muchas personas se mostraron admiradas al conocer que según sus ingresos moderados se situaban entre los grupos con mayores recursos del país y, cómo a pesar de esto, tendrían que trabajar décadas enteras para alcanzar los ingresos mensuales de un multimillonario. Es así como la “Calculadora de la desigualdad” presentada por Oxfam y Ojo Público permite a cualquier ciudadano comparar los ingresos familiares con lo que ganan los multimillonarios de El Salvador y con el resto de la sociedad.

Vivimos en un país, en donde, si su familia tiene un vehículo, una casa con no más de tres habitaciones y con ladrillo de cemento en el piso (no de cerámica), con acceso a internet y cable básico; o si su familia que vive en condiciones modestas, y que posiblemente al menos un miembro de su familia logró llegar a la universidad, entonces, usted no pertenece necesariamente a la “clase media”. En realidad, usted tiene una alta probabilidad de ser un privilegiado y pertenecer al diez por ciento de la población con más altos de ingresos.

¿Cómo es posible esto? Simplemente por el hecho de que nuestro país tiene un alto porcentaje de personas en pobreza. Mientras usted lleva una vida sencilla, un 31.8 % de las familias  viven en situación de pobreza y un mayor número se encuentra en situación de vulnerabilidad. El Salvador es un país en el que el 50 % de las familias viven con menos de USD393 dólares mensuales, mientras existen 160 multimillonarios cuya fortuna representa 26.7 veces la inversión del Estado en educación, riquezas personales que equivalen al 87 % del Producto Interno Bruto.

Una situación realmente indignante, la cual hemos normalizado, mientras muchos dan la simplista explicación que esto se debe al bajo crecimiento económico. Como lo ha mencionado la ANEP recientemente en su denominado “Pacto por el crecimiento”, el cual dedica la totalidad de sus páginas a proponer acciones para que el gobierno controle sus gastos, tenga una mayor responsabilidad fiscal, mejore la competitividad de las empresas, y brinde servicios públicos eficientes. Sin ánimo de defender al gobierno, pero una vez más la ANEP pide sin dar ni ofrecer nada a cambio.

Un pacto es una negociación donde los involucrados ponen de su parte y aportan colectivamente para el bien común, modelando una sociedad de garantías y obligaciones compartidas. Si bien es cierto el gobierno tiene que hacer esfuerzos, hoy más que nunca, para fortalecer sus finanzas públicas, realizando una gestión integral de sus recursos. También toca reconocer que la empresa privada y los bloques políticos de derecha no pueden mantener el alegato que a pesar de que el gobierno ha gastado USD4,600 millones en programas sociales y subsidios en los últimos diez años existan más pobres en el país, sin siquiera admitir que ellos tienen parte de la culpa. Cuando son ellos quienes insisten en mantener salarios y servicios públicos mínimos que no permiten romper el círculo de la pobreza.

Me parece más descarado tirar toda la responsabilidad al gobierno, cuando a pesar que el gasto tributario (exenciones y exoneraciones) en las zonas francas acumuló un monto de USD94.7 millones en 2013, ese año se perdieran nueve mil trabajos en ese sector, solo por citar un ejemplo.

El malestar actual de los salvadoreños en lo económico, por el desempleo y bajos salarios; en lo social por el incumplimiento de derechos sociales y por la desigualdad; y en lo político, observable en la poca legitimidad de gremios sindicales, empresariales y de los partidos políticos, solo podrá mitigarse en la medida en que se acuerde un pacto social, que ponga a las personas y su bienestar primero, y para su construcción más que exigir debemos de aportar.

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