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Editorial & Opinion

Es difícil adoptar en el país

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 28, marzo 2018 - 12:00 am

Hace varios años, un matrimonio de médicos italianos quiso adoptar un menor salvadoreño, abandonado por sus padres biológicos, quien estaba bajo el deficitario cuidado y asistencia de sus ancianos abuelos maternos, residentes de una zona reconocida por su alta persistencia delincuencial, en el área metropolitana de nuestra capital. Jamás imaginaría que el trámite de adopción tuviera tantos bemoles jurídicos y “tramitológicos” en nuestro país, que por fin dificultaban cumplir lo que dice bellamente el Art. 165 del Código de Familia, que textualmente expresa: “La adopción es una institución de protección familiar y social, especialmente establecida en interés superior del menor, para dotarlo de una familia que asegure su bienestar y desarrollo integral”. En ese tiempo, para realizar esas diligencias participaban la Oficina para Adopciones (OPA) de la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y los Juzgados de Familia. Era un caldo donde se hervían distintos trámites, requerían de documentaciones diversas, hacer gastos onerosos, exámenes médicos, psicológicos y sociales, todo para que, en la audiencia de sentencia, una jueza aduciendo no me acuerdo qué motivaciones, se negó a dar su aprobación a la adopción del menor, ante el asombro de la doctora italiana, quien casi se desmaya ante semejante resolución que condenaba al menor proseguir en su desgraciada condición de pobreza y riesgos peligrosos.

En abril del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley de Adopciones, misma que según sus fines y justificaciones, volvería más viables y flexibles los trámites de adopción, encargándose para ello solo a la nueva Oficina Para Adopciones (OPA) de la PGR, readecuar esa dependencia, capacitar su personal y prestar asesoría a los abogados que ejercemos el derecho familiar. Supuestamente, a casi un año de haber entrado en vigencia la nueva Ley de Adopciones, suponíamos que la nueva OPA ya estaba en funciones. Llegué hace una semana con otro caso de adopción, encargado por un matrimonio salvadoreño, a quien la Naturaleza le ha negado concebir sus hijos consanguíneos. En la entrada, un empleado me señaló que la oficina específica para atender “demandas” de adopción estaba en el cuarto nivel de la PGR. Fui, me atendió una señora bien educada, pero me aclaró que “solo estaban recibiendo documentaciones, pero sin darles ningún trámite, pues la oficina de adopciones aún no estaba implementada y no sabían qué juzgado o juzgados de familia atenderían después los casos planteados”. Incluso, me sugirió que no dejara ningún documento, pues podría perder su vigencia si esa oficina tardaba “otro poco más de tiempo”. Esa expresión despertó en mí una sonrisa de piedad por la buena empleada. ¡Por Dios, me dije en mis adentros, la ley casi tiene un año de aprobada y no hay OPA en el país!

Pero mi sorpresa pasó a la fase de estupor, cuando la empleada me hizo entrega de tres formularios escritos, donde primero me indican los requisitos para solicitar la calificación de aptitud de quien desea adoptar un menor, para lo cual exigen muchos documentos públicos, incluyendo solvencias de la PNC y de Centros Penales. Luego, el matrimonio interesado en adoptar al menor, debe contratar y pagar un trabajador social y un psicólogo particulares, para que realicen los exámenes requeridos y me entregaron los detalles que debe contener cada uno de los informes profesionales. Y digo que eso me causó estupor, porque …¡son los mismos que antes exigían en el ISNA, la PGR y en los juzgados de familia! Montón de papeles burocráticos que se almacenan por toneladas (sin hacer uso de los sistemas modernos), de gastos excesivos, de idas y venidas ¿dónde está, pues, esa agilidad para adoptar en El Salvador? ¡Y con tantos menorcitos desamparados, quienes podrían cambiar de vida y de futuro en hogares adoptivos del extranjero! ¿Por qué la Procuraduría General de la República no le ha dado fiel y exacto cumplimiento en organizar la nueva OPA? Mi caso puede ser un asunto individual, pero ¿cuántos colegas abogados dedicados, como yo, al sagrado derecho de familia, están afrontando similares situaciones de incapacidad para echar a caminar los casos de adopción que les han encargado sus clientelas?

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