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En nuestro país existe una institución cuyo nombre representa un anacronismo histórico, resabio de la colonia misma: La Corte de Cuentas de la República.

Esta institución, fundamental en la fiscalización de los fondos públicos, sufrió al igual que casi todas las instituciones del Estado, una distorsión en su naturaleza y funcionamiento cuando en determinado momento pasó a estar al servicio del control “partidocrático”. Y esto fue así durante largo tiempo, hasta la llegada de la nueva Sala de lo Constitucional, la cual por primera vez independiente, y sin ser un “subsistema” del Ejecutivo ni del Legislativo, impidió que la perversa práctica del reparto de las instituciones del Estado, se aplicara también a la Corte de Cuentas bajo la mecánica “partidocrática” en la anterior elección de sus autoridades.

Con las posteriores elecciones de Presidentes y Magistrados de la CCR, se despertó en muchos la esperanza de que por fin iba a iniciar una nueva era en la labor contralora de la institución, que se iba a proponer una nueva Ley que renombrara a ese dinosaurio como una verdadera Contraloría General de la República -aun si era necesario promover para ello una reforma constitucional-; que dejara la entidad de convertirse en juez y parte en los mal llamados “juicios de cuentas”; que se tecnificara profundamente y que los auditores fuesen contratados de acuerdo a la “meritocracia”, etc. Pero lastimosamente, las subsiguientes autoridades elegidas, casi desde su toma de posesión se han dedicado a confrontar a gran escala con una enorme cantidad de trabajadores de la institución, con funcionarios públicos, con miembros de la prensa, con miembros de partidos políticos, con sindicatos, etc., y aparentemente la antigua práctica de contratar personas basadas en sus “conexiones” personales o políticas no la modificó, sino más bien la potenció. Se han seguido manejando con un alto grado de desprecio e irrespeto de funcionarios e instituciones del Estado, y para colmo de males han utilizado fondos públicos para hacerse campaña para unas reelecciones de las que no han sido ni lejanamente merecedores –baste recordar al último expresidente de la CCR-.

La elección de los magistrados de la Corte de Cuentas debe ser constitucional, se deben cumplir a cabalidad “milimétrica” los requisitos de “honradez y competencia notorias” que exige la Carta Magna. Deben ser personas idóneas, independientes, capaces, con intachable hoja de vida profesional y personal, pero por sobre todo QUE NO TENGAN NINGUNA VINCULACIÓN PARTIDARIA, ni manifiesta ni encubierta. Que no provengan de la misma lista de “personajes” que andan todo el tiempo “desfilando” para cuanto cargo de elección de segundo grado se presenta, al punto que ya uno no sabe muy bien en qué son expertos, pero que sí se sabe de sus relaciones y vinculaciones con partidos políticos.

Los partidos políticos deben saber que sus facultades legislativas no son ilimitadas y no controladas, que no pueden elegir como quieran, ni bajo el procedimiento que quieran; que lo del “mote” de primer órgano del Estado no aparece en ningún lado de la Constitución, y que en nuestro sistema constitucional de distribución del poder, ningún poder del Estado, ni es “más poder” ni es “más legítimo” que otro, sino simplemente con funciones distintas.

Los partidos políticos deben estar absolutamente claros que no deben tratar nuevamente de “negociar” reparto de cuotas en la Corte de Cuentas, en un intento ni expreso ni velado de llevar a la persona que les “garantice” un total o al menos “mediano” control partidario de la institución, especialmente a partir de acuerdos oscuros para aprobar otros “paquetes de leyes” de espaldas a los intereses del pueblo. Ya no es tan fácil, y la ciudadanía está al pendiente más que nunca y monitorea más meticulosamente sus actuaciones.

La actual Sala de lo Constitucional tiene entre manos un proceso de inconstitucionalidad contra los actuales presidente y magistrados de la CCR, el cual entendemos que está para dictar sentencia. Debe la Sala emitir sentencia en lo inmediato, pues la incertidumbre sobre sus titulares impide cualquier intento sincero de reforma.

Los futuros funcionarios que se nombren en la Corte de Cuentas, deben saber que el querer rectificar “aceleradamente” décadas de entuertos y uso patrimonial de la institución por la “partidocracia”, no se podrá hacer en forma “exprés”, pasando por encima de garantías legales y constitucionales, sino con mucho esfuerzo honesto, con inteligencia política y sobre todo de cara a los intereses de la nación más que a los de partidos políticos, y con miras a convertir de una buena vez ese anacronismo administrativo, en la nueva Contraloría General de La República.

 

 

 

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