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Es legal detención de exjefes seguridad

sábado 14, febrero 2015 - 12:00 am

Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, exsecretarios del Consejo de Seguridad. /DEM

Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, exsecretarios del Consejo de Seguridad. /DEM

La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) informó ayer de que declaró legal la detención provisional de los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, investigados por escuchas ilegales durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).

El Supremo panameño rechazó así un Habeas Corpus presentado en favor de Pérez y Garúz por parte de sus abogados, indicó en un comunicado la CSJ. Ambos exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el Gobierno de Martinelli son investigados por los “pinchazos” telefónicos ilegales y permanecen detenidos de manera preventiva en la Cárcel La Gran Joya desde mediados de enero.

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El Ministerio Público ha informado de que al menos unas 150 personas fueron víctimas de intervenciones telefónicas y digitales efectuadas en el Consejo de Seguridad, entre ellos, miembros de los partidos políticos, del Colegio Nacional de Abogados, dirigentes sindicales, periodistas y de otros gremios, así como empresarios.

La CSJ señala en su fallo que en el caso de Pérez se cuenta con “suficientes elementos probatorios” que “demuestran o acreditan” que desde 2012 y principios de 2014 “se realizaba una labor de intercepción de teléfonos y correos electrónicos” en el edificio conocido como 150 dentro de las instalaciones del CSN.


Por esa razón, el pleno de la Corte determinó que Pérez “debe mantenerse detenido, pues vulneró ese derecho a la intimidad de los afectados”. Asimismo, la máxima instancia de justicia instó a las autoridades penitenciarias a que garanticen la protección de Pérez dentro del penal, la comunicación con su defensa, las visitas y demás derechos en su condición de privado de libertad provisional.

Sobre Garúz, el fallo agrega que los hechos investigados demuestran que hubo “una grave afectación a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de un número plural de personas por parte de funcionarios del Estado”. Según la resolución de la Corte Suprema, estos funcionarios “desviaron el curso de sus actuaciones encaminadas a procurar la seguridad nacional, para, sin autorización judicial, invadir reiterada y sistemáticamente la intimidad de muchas personas”. Además, en otra resolución la CSJ declaró no probado el incidente de desacato presentado en contra de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), por supuestas irregularidades cometidas por esta entidad en el traslado de Garúz desde sus instalaciones.




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