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Editorial & Opinion

Estado privado

Ricardo Castaneda / Economista investigador ICEFI @Recasta

jueves 8, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINIONEn el papel, la gran diferencia entre el sector privado y el sector público es que el primero busca su bienestar individual a través de la maximización de la ganancia y de la utilidad, mientras que el sector público debe garantizar el bienestar colectivo por medio de la mejora en las condiciones de vida de toda la población. Por ello, la Constitución plantea que El Salvador es un Estado republicano, palabra que viene del latín «res publica», que significa literalmente «cosa pública». Por lo que una democracia funcional es aquella en la que los poderes públicos actúan con la mayor transparencia para que la ciudadanía pueda conocer y así controlarlos.

Lastimosamente, en la práctica lo que tenemos es un Estado diseñado para operar en la opacidad y el secretismo; donde algunos funcionarios públicos actúan más como si estuvieran en una monarquía parasitaria que se alimenta de los tributos de sus súbditos. Quienes más reniegan del Estado son los que más han amasado fortunas gracias a éste. La justicia se transa en el mercado cual mercancía exclusiva para quienes puedan comprarla. Se cuestiona a los pobres que se benefician de los programas sociales, pero se alaba a quienes no pagan impuestos. Un Estado paralelo que opera en la oscuridad y que ha sido muy exitoso.

Éste es un Estado discrecional, de privilegios, donde se pueden encontrar formas sutiles o burdas, pero igual de dañinas, de cómo actúa el Estado privado. Por ejemplo, cuando funcionarios reciben sobresueldos en sobres, libres de impuestos. Para la contratación de empleados públicos es más importante que sea alguien que haya sudado la camiseta del partido a que reúna las características idóneas para el puesto que se va a contratar. No importa si no hay dinero para darle alimentación a la niñez en la escuela, lo importante es que puedan pagarse sus gustos personales con recursos públicos; total, la primera condena sobre enriquecimiento ilícito tuvo que esperar 57 años.

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Puedes ser investigado, pero si tienes un avión privado el fiscal puede ser tu invitado especial. Se puede decir, por un lado, El Salvador es un Estado laico mientras que por el otro de forma discrecional la Asamblea Legislativa entrega jugosas transferencias a grupos religiosos. O puedes crear una organización que no conoce nadie o ayudar a las organizaciones de tus amigos, para que ocupen un espacio en el presupuesto público, a la par de los programas de educación o salud, sin que la población lo sepa.

En este tipo de Estado para que haya campos de golf, cervecerías u hoteles en la playa, lo mejor es que no paguen impuestos y además no se debe publicar sus nombres y mucho menos cuestionar cuántos empleos y de qué calidad generan, porque hasta atenta contra con la confidencialidad. Los discursos sobre cómo el Estado es ineficiente y no sirve para nada, son la excusa perfecta para que de forma paralela, siendo funcionario, incluso Presidente de la República, te adueñes de empresas, bancos públicos o incluso del sistema previsional; total qué mejor que sean los contribuyentes que te paguen por ello.


En todos y cada uno de esos actos vergonzosos el factor común ha sido la opacidad, la operación de estructuras ocultas que han impedido imaginarnos siquiera lo que es vivir en un Estado de bienestar. Es evidente que hasta ahora se han dado gusto haciendo piñata lo público. Pero el éxito más grande de la opacidad es hacerte sentir como ciudadano que todos los funcionarios son iguales, que hay que conformarse con el menos peor, que la democracia solo se construye cuando vas a las urnas, que el Estado de derecho es una utopía y que si tu vecino no tiene salud o educación es su problema. Así que contra la corrupción no hay mejor antídoto que devolverle el sentido a lo público, abandonando el individualismo y participando en lo colectivo, sacando de la oscuridad toda la podredumbre que existe. Toca desprivatizar, entonces, el Estado.




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