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Economía

Este martes se conocerá al nuevo dueño de cervezas Regia y Suprema

Maryelos Cea

lunes 18, junio 2018 - 4:28 pm

Después de casi un año y medio, el proceso para vender las marcas de cerveza Regia Extra y Suprema ha llegado a su final. /DEM

El 12 de enero del año pasado, la Superintendencia de Competencia (SC) anunció su decisión sobre una de las fusiones más importantes en el mundo cervecero, protagonizada por la británica SAB-Miller y la belfo-brasileña Anheuser-Busch InBev (AB InBev).

La SC informó en ese momento que había decidido aprobar la fusión – que implicaba crear el fabricante de cerveza más grande del mundo – a cambio de que AB InBev, la compañía que compró a SABMiller, ejecutara un plan de desinversión en El Salvador, en donde operaba a Industrias La Constancia (ILC).

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De esa condición resultó la decisión de ILC de vender dos de sus marcas de cerveza: Regia Extra y Suprema, esta última en sus presentaciones Clásica, Roja y Negra. El plan de desinversión recibió el visto de la Superintendencia y a partir de ahí inició la búsqueda de una empresa interesada en comprar estas marcas.


Mañana, casi un año y medio después de anunciarse el plan de desinversión, la SC informará quién será el nuevo dueño de Suprema y Regia. La conferencia de prensa se han convocado a las 8:45 de la mañana, en un hotel capitalino, para conocer la resolución de la entidad “sobre el proceso de desinversión requerido a AB InBev, condicionamiento para la autorización de la concentración económica entre esta compañía y SABMiller”, indica la convocatoria girada esta tarde.

 

95 %
Mercado
De no haberse impuesto condiciones, AB InBev controlaría más del 95 % del mercado cervecero salvadoreño, estimó la SC.

El proceso implicó la contratación de un agente de monitoreo, pagado por AB InBev. Se trata de la firma Duff & Phelps, quien se encargó de verificar que se cumplieran los compromisos asumidos ante la SC para obtener la aprobación de la fusión.

Además de vender las marcas de cerveza, AB InBev se comprometió a mantener los volúmenes de producción y el valor comercial de dichas marcas durante el proceso de venta, así como respetar las garantías laborales del personal de ILC. También se condicionó a la empresa a formalizar su relación con proveedores y distribuidores minoristas, así como abstenerse de cometer prácticas anticompetitivas.

En caso de ser necesario, también debe continuar produciendo ambas marcas para el nuevo propietario hasta por tres años y brindar acceso al uso de la red de distribución de ILC durante un período de transición de tres años, incluyendo, entre otros, cámaras refrigerantes, infraestructura y flota de transporte.

¿Por qué las condiciones?

Al solicitar un plan de desinversión e imponer condiciones, la SC pretendía evitar un monopolio. De hecho, El Salvador no es el único país que tomó una decisión de este tipo respecto a la fusión entre SABMiller y AB InBev.

Desde que se anunció la operación, se advirtió que la compañía resultante se convertiría en la mayor cervecera del mundo, pues sería la responsable del 30 % de la producción mundial de esta bebida. Además, sería propietaria de marcas tan populares como Corona, Stella Artois, Budweiser y otras.

 

3
Años
De ser necesario, ILC podrá seguir produciendo Regia y Suprema para el nuevo propietario durante tres años.

Debido a la magnitud de la operación, por ejemplo, la Comisión Europea ordenó vender negocios propiedad de SABMiller en la República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Estas ventas se sumaron a la que AB InBev realizó de marcas europeas propiedad de SABMiller – como la italiana Peroni – a la cervecera japonesa Asahi, con el fin de agilizar el visto bueno de la Unión Europea. Esta operación incluyó todo el negocio de SABMiller en Francia, Italia, Holanda y el Reino Unido.

En El Salvador, la Superintendencia consideró que aceptar la fusión sin condiciones generaría casi un monopolio, pues AB InBev habría controlado más del 95 % del mercado cervecero local. En su resolución sobre la fusión también advirtió que “la concentración podría desencadenar efectos unilaterales en precios con potencial de perjudicar la competencia”.

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