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Editorial & Opinion

Ética de la responsabilidad y diálogo (II)

Aldo Álvarez/Abogado y catedrático

jueves 5, octubre 2017 - 12:00 am

Hace exactamente un año escribí una columna en este periódico, precisamente intitulada “Ética de la responsabilidad y diálogo”, pues en ese momento me propuse hacer un análisis del estado del ejercicio del poder de ese momento y la ingente y apremiante necesidad de llegar a acuerdos políticos en temas cruciales para el país, como por ejemplo en el tema de las pensiones. En ese momento señalé claramente que “…en nuestro país, el ejercicio de la política en el último cuarto de siglo, y más propiamente después de los acuerdos de paz, se caracterizó por una polarización extrema, que de menos a más tuvo siempre una tendencia al siempre constante ‘tensionamiento’, a la radicalización del discurso y de las posturas, así como al despliegue de las posiciones ideologizadas y hasta ideologizantes. La descalificación mutua entre las principales fuerzas políticas del espectro se volvió la tónica “normal” en el ejercicio del poder”.

Asimismo reflexionaba entonces que “…toda propuesta de lado y lado termina siendo ‘engullida’ por la vorágine ideologizante de las antípodas que termina convirtiendo en ‘insignificancia’ o en ‘propuesta interesada’, cualquier iniciativa contraria, aun y cuando pudiera estar basada en un interés racional de país. Así funciona el sistema de la praxis política en un contexto ideologizado e ideologizante, y más aun dentro del modelo de la partidocracia como determinante de las decisiones y actuaciones políticas de parte de los partidos. En estas condiciones, el diálogo es simplemente imposible (…) siempre he señalado que política significa escuchar, dialogar, consensuar, buscar acuerdos, tratar de llegar a entendimientos mínimos a fin de garantizar la gobernanza y la gobernabilidad, a fin de que ésta sea lo más democrática posible. Pero debe cuidarse el gobernante de ver al diálogo como una herramienta pasajera, transitoria, momentánea o provisional para lograr ciertos objetivos inmediatos o de corto plazo, sino más bien debe ser vista y asumida por el gobierno como una política pública en sí misma, de una naturaleza inherente a su actuación y ejercicio de gobierno, y como una herramienta imprescindible en el ejercicio del poder, como un mecanismo de diario gobernar. El diálogo permanente debe ser visto en el contexto del ejercicio del poder, establecido para lograr determinados objetivos relacionados al ejercicio del gobierno, a fin de crear un adecuado clima de gobernabilidad, y que en últimas se pueda dar satisfacción plena a las necesidades de los gobernados…para lograr una adecuada gobernanza y gobernabilidad debe asimismo haber una coordinación efectiva entre órganos del Estado. Esta coordinación efectiva se puede lograr a través del diálogo entre actores políticos interorgánicos, pero también con los actores político-partidarios, en tanto facilitadores del ejercicio del poder”.

Finalmente señalé entonces que  “…si bien es cierto se debe fomentar el diálogo con todos los actores políticos del país –y más allá-, también el gobierno debe tener claridad y capacidad de determinar que por muchas diferencias que tenga con la oposición política, saber cuándo es necesario e imperioso un diálogo bilateral, no porque esté “legitimando” a mi adversario político, sino porque la ética de la responsabilidad en el gobierno me obliga a tener ‘cabeza política’ para hacerlo”.

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Al releer este artículo un año después, me doy cuenta perfectamente cuanta vigencia siguen teniendo las ideas ahí planteadas, especialmente porque seguimos prácticamente en las mismas o quizá más agravado aún por el período electoral que se avecina y en el que de alguna manera ya estamos inmersos. Lo que a mí más me preocupa es que para lograr esos tales “entendimientos” se esté pretendiendo entablar “vías de diálogo” paralelas a las de la institucionalidad del país, pues ello lejos de resolver un problema de gobernabilidad democrática y de constituirse en una especie de solución inmediata a la falta de entendimientos, lesiona profundamente el sistema democrático formal y constitucional, y mina las avenidas de deliberación, negociación y acuerdos políticos que se han establecido y erigido en los canales institucionales y constitucionales debidos. No es por tanto queriendo establecer “mesas de diálogo” en la casa presidencial o en otros sitios como se deben abordar y negociar puntos que deben ser ventilados en los corridos legislativos y en las comisiones correspondientes del parlamento, ni tampoco es haciendo participar actores que no tienen legitimación democrática representativa, porque no han sido electos por nadie para llevar a cabo negociación política, como el caso de presidentes o secretarios de partidos que no han recibido el voto popular, pues a quienes estarían representando serían los intereses de grupúsculos de interés que nada tienen que ver con el interés de la mayoría.

 





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