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Política

Eurolat pide combatir la impunidad y la corrupción

Gerson Chávez

miércoles 20, septiembre 2017 - 12:00 am

La Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (Eurolat) sesionó ayer por la mañana. / Óscar Machón

La Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (Eurolat) inició ayer la discusión de un proyecto que dicta lineamientos para el combate de la impunidad y la corrupción.

Las comisiones de la Eurolat iniciaron sus sesiones de trabajo este lunes y continuarán hasta este viernes, fecha en que finaliza el encuentro entre parlamentarios de la Unión Europea y de América Latina.

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Esta comisión argumenta   que debe combatirse la impunidad porque hay países en donde no hay un “fuerte Estado de Derecho” y  “el poder judicial se encuentra supeditado a otros poderes”.

En su primer numeral, el proyecto pide a los Estados miembros de la Eurolat que “refuercen la capacidad jurídica e institucional de sus parlamentos y de sus tribunales para combatir eficazmente la impunidad” o caso contrario no podrán “avanzar en la consolidación de democracias de calidad que garanticen la “protección de los derechos humanos y la erradicación de la corrupción”.


El diputado peruano Víctor Sousa explicó que el refuerzo de la capacidad institucional para combatir la impunidad se logrará, por una parte, cuando los gobiernos destinen más recursos a las instituciones encargadas de investigar y procesar a las personas que han incurrido en actos de corrupción o en cualquier otro tipo de ilegalidades de tipo penal.

“En América Latina, la impunidad se basa en la lentitud de los procesos judiciales. En promedio, 36 meses demoran los procesos judiciales (antes de llegar a la fase de sentencia)”, señaló al criticar que esta demora impide una pronta sanción penal de los funcionarios o particulares involucrados en actos de corrupción.

Cuestionó que los gobiernos de la región no destinen los suficientes recursos para los órganos judiciales. “El presupuesto judicial es cada vez menor. Se va (se gasta en el pago) de áreas administrativas”, señaló.

En el caso salvadoreño, el Gobierno del FMLN decidió dejar fuera a la Fiscalía General de la República de la distribución de $17 millones provenientes del impuesto a la telefonía y que son para mejorar la seguridad en el país.

Finalmente, la comisión señala que los Estados que integran la Eurolat deben trabajar bajo la política de “gobiernos abiertos que fomenten la transparencia en el actuar de los funcionarios e incrementen la rendición y la participación ciudadana”.




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